POR OMAR ROMERO DÍAZ /

¿Dónde quedó la prensa vigilante?

Una democracia de verdad necesita una prensa que incomode al poder. No una prensa que solo sea implacable con quien piensa distinto. Esa es la pregunta que hoy debería sacudir a Colombia: ¿por qué el nivel de escrutinio periodístico cambia según quién esté sentado en la Casa de Nariño?

Que nadie se confunda. Esto no es pedir silencio frente al cuestionado Gobierno de Abelardo de la Espriella. Todo lo contrario: es exigir más periodismo, más investigación y más preguntas. Pero las mismas para todos.

Los números no mienten, pero los titulares sí esconden

Empecemos por los datos, que no tienen color político. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que en agosto de 2026 la tasa nacional de desempleo llegó al 9,4 %, frente al 8,6 % del mismo mes de 2025. La inflación anual fue del 6,24 %. Y el Banco de la República elevó el 30 de septiembre su tasa de interés al 12,25 %.

Pero sí plantean preguntas que la prensa tiene la obligación de hacer: ¿qué está haciendo el Gobierno?, ¿qué medidas está tomando?, ¿quiénes se benefician y quiénes terminan pagando los platos rotos? Ahí empieza el problema. La memoria selectiva de los grandes medios.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, buena parte de los grandes medios ejerció una vigilancia permanente sobre cada decisión, cada funcionario, cada declaración y cada controversia. Un escrutinio que, en muchos casos, no informaba: desinformaba. Titulares inflados, escándalos sin pruebas, agendas editoriales disfrazadas de ‘objetividad’, infundios, ‘fake news’…

¿Quién controla la narrativa?

Si se investigaba a Petro, hay que investigar a De la Espriella. Si se cuestionaban sus contratos, hay que revisar los del nuevo Gobierno. Si se exigían explicaciones sobre sus funcionarios, hay que exigirlas ahora. Si se examinaban los viajes, gastos y actuaciones de la familia presidencial anterior, las mismas preguntas deben hacerse frente a la actual. Eso no es defender a un partido. Eso es defender el periodismo.

Hay otro elefante en la sala que pocos nombran: la concentración de la propiedad mediática.

En Colombia, unas pocas familias poderosas y grupos financieros de la venal oligarquía controlan los medios más grandes del país. Esto no significa automáticamente que todos los periodistas obedezcan a sus dueños ni que exista una conspiración coordinada. Pero sí justifica una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto los intereses económicos de los propietarios influyen en la selección de noticias, los enfoques y las prioridades editoriales? La respuesta no se construye con rumores. Se construye con investigación, transparencia sobre la propiedad de los medios, análisis de contenidos y comparación sistemática de coberturas.

Porque el poder económico y el poder político no son realidades separadas. Cuando un gobierno decide sobre presupuesto, contratación, infraestructura, regulación, impuestos, pensiones, salud, trabajo o subsidios, inevitablemente afecta intereses económicos concretos. Por eso la prensa debe mirar quién gana, quién pierde, cuánto dinero está en juego y por qué se toma cada decisión.

Casos que merecen lupa, no silencio

El denominado “Fondo Milagro” y los recursos para la reconstrucción tras el terremoto son un ejemplo perfecto de lo que debería estar en primera plana todos los días. El Gobierno anunció recursos adicionales dentro de un traslado presupuestal presentado al Congreso.

Preguntas básicas de periodismo: ¿Cuánto dinero se ha ejecutado? ¿Cuánto falta por ejecutar? ¿Quién administra esos recursos? ¿Cuándo llegan efectivamente a las comunidades afectadas? Eso es periodismo. Lo demás es relleno.

Lo mismo aplica al acercamiento anunciado al Fondo Monetario Internacional y a las consecuencias que un ajuste fiscal podría tener sobre la inversión social. ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Quién responde?

No necesitamos una prensa amiga del Gobierno. Tampoco una prensa enemiga del Gobierno. Necesitamos una prensa enemiga de la opacidad. Una prensa sin doble rasero. Una prensa que investigue al poderoso sin importar su apellido, partido o ideología. Una prensa que no convierta la política en espectáculo con información falsa, exageraciones y acusaciones sin pruebas.

Una prensa, en definitiva, que no deje a los ciudadanos sin respuestas sobre empleo, salarios, salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad y presupuesto público.

Las redes sociales han abierto espacios importantes para otras voces. Pero no son sustituto del periodismo profesional. Allí también circulan, exageraciones y acusaciones sin sustento. Por eso el desafío es mayor.

¿Dónde están medios corporativos como RCN, Caracol, Blu Radio, Revista Semana, El Colombiano, El País, El Tiempo, El Espectador y tantos otros?

Los mismos que ayer vendían la verdad como mentira, hoy parecen vender la mentira como verdad. Los mismos que perseguían con lupa cada declaración del Gobierno anterior, hoy guardan silencio o publican en una esquina lo que debería ser portada.

Los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales y la ciudadanía tienen derecho a comparar lo que se prometió con lo que se está haciendo. Los discursos con las cifras. El trato mediático que reciben distintos gobiernos.

Las denuncias con las investigaciones judiciales. Las promesas de transparencia con la ejecución real del presupuesto. Y, sobre todo, exigir que la misma vara mida a todos.

Una democracia no se fortalece con silencios cómplices ni cuando los medios protegen a un gobierno. Tampoco cuando destruyen a otro. Se fortalece cuando los periodistas pueden preguntar sin miedo, investigar sin presiones y publicar, aunque la noticia incomode al Gobierno, a los empresarios, a los partidos políticos o a los propios dueños de los medios.

¿Dónde quedó aquella prensa feroz que cuestionaba al Gobierno anterior? La pregunta de fondo es esta: ¿estamos construyendo en Colombia una democracia donde el poder sea vigilado por igual, o una sociedad donde según quién gobierne algunos escándalos ocupan titulares y otros apenas aparecen en una esquina?

Esa comparación hay que hacerla todos los días. Porque el poder cambia de manos. El derecho ciudadano a saber no puede cambiar con él.