CON INFORMACIÓN DE OFICINA SENADOR KEVIN GÓMEZ PAZ /
Grave denuncia del senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz. El subsuelo colombiano en juego: las implicaciones del pacto minero de Barranquilla
El pronunciamiento realizado por el senador Kevin Gómez Paz a través de sus redes sociales el pasado sábado 24 de octubre destapa uno de los episodios de mayor tensión institucional y diplomática reciente en Colombia. La revelación del «Acuerdo marco entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para asegurar el suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras» —suscrito en Barranquilla el pasado 8 de septiembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio— plantea una revisión profunda sobre el modelo de desarrollo, la independencia nacional y la autonomía sobre el subsuelo colombiano.
Dimensión soberanista y geopolítica: el «First Look» y la subordinación estratégica
Desde una perspectiva soberanista, el contenido del acuerdo representa una merma sustancial de la autonomía decisoria del Estado colombiano sobre sus recursos naturales más estratégicos para la transición energética global.
El congresista del Pacto Histórico explicó que Colombia con este acuerdo pierde autonomía decisoria (derecho de veto). En efecto, el principio del First Look o derecho de veto geopolítico subordina las decisiones comerciales y de licitación soberanas del Estado colombiano a los intereses de seguridad nacional de Washington.
Al obligar a Colombia a notificar y someter a escrutinio previo cualquier venta o adjudicación de activos en minerales críticos y tierras raras, se instaura un mecanismo donde una potencia extranjera actúa como fiel de la balanza sobre quién puede o no explotar la riqueza geológica nacional.
La entrega formal de la cartografía geológica y la anuencia para que el complejo industrial y militar estadounidense participe en el inventario y control de las reservas equivalen a ceder la soberanía sobre la información geofísica del país. Esto sitúa a Colombia en una posición de asimetría informativa frente a corporaciones extranjeras.
En un contexto geopolítico regional marcado por disputas globales por el acceso a cadenas de suministro de alta tecnología, este acuerdo sella una integración subordinada de Colombia en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, limitando la capacidad del país para diversificar socios comerciales o negociar en condiciones de igualdad en el mercado internacional.
Desregulación ambiental y el fantasma del fracking
Los compromisos económicos y regulatorios adquiridos por el Ejecutivo nacional en el marco de este tratado generan profundas preocupaciones en materia de sostenibilidad fiscal, ambiental y social.
El congresista Gómez Paz explicó que Colombia está ante la desregulación expresa (permitting) por cuanto el compromiso de acelerar y flexibilizar los permisos mineros bajo licencias express vulnera el principio de precaución ambiental.
La reducción de los tiempos y rigores en la evaluación de impacto ambiental debilita los contrapesos institucionales frente a proyectos extractivos a gran escala.
Además, la apertura a la explotación de minerales críticos y la habilitación de prácticas extractivas intensivas —incluyendo el fracking mencionado en la denuncia— amenazan ecosistemas estratégicos, fuentes hídricas y territorios ancestrales. Históricamente, las zonas de extracción de minerales críticos en América Latina han experimentado graves conflictos socioambientales, desplazamiento de comunidades rurales y pasivos ambientales de difícil reparación.
La crítica central del senador Gómez Paz radica en que la ecuación económica no favorece el desarrollo industrial interno del país (como la transferencia tecnológica o la agregación de valor local), sino que consolida a Colombia como un mero proveedor primario de materias primas baratas para suplir las cadenas industriales del Norte Global, reproduciendo la clásica estructura extractivista.
Ocultamiento y crisis de legitimidad
El componente político del escándalo no se limita al texto del acuerdo, sino a las formas y los tiempos en los que se condujo la diplomacia ejecutiva.
El hecho de que el documento haya permanecido oculto a la opinión pública durante más de un mes evidencia una estrategia deliberada para evitar el debate democrático en el Congreso de la República y la veeduría ciudadana. La administración de Abelardo de la Espriella evaluó los costos políticos de la filtración, consciente de que la venta o entrega de recursos estratégicos a una potencia extranjera erosiona fuertemente el respaldo popular.
Este grave episodio que afecta la soberanía colombiana agudiza la fractura entre el Poder Ejecutivo y los sectores de oposición progresista nucleados en el Pacto Histórico.
Mientras el Gobierno de tinte neoliberal de De la Espriella justifica el acuerdo bajo la retórica de la seguridad hemisférica y la cooperación bilateral con Estados Unidos, la oposición, concretamente el Pacto Histórico, lo tipifica como un acto de «capitulación» que compromete el legado de la nación.
Punto de inflexión en la política exterior y minera de Colombia
La revelación del congresista Gómez Paz obliga al Congreso a ejercer un riguroso control político para determinar si el acuerdo requería una ley aprobatoria previa o si excedió las facultades constitucionales del Ejecutivo en materia internacional y soberanía territorial.
El acuerdo firmado entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en Barranquilla marca un punto de inflexión en la política exterior y minera de Colombia en 2026. Al comprometer el subsuelo nacional a cambio de alineación geopolítica, el Gobierno colombiano enfrenta una severa crisis de legitimidad.
Muy seguramente la discusión sobre si este pacto constituye un pilar de modernización y seguridad o una flagrante «capitulación de la soberanía» dominará la agenda legislativa y social del país en las próximas semanas.
Texto del acuerdo suscrito entre Colombia y EE.UU.
