POR ALONSO YUPANQUI DE LA CHIRA /

En lo corrido del siglo XXI se ha consolidado una mutación estructural del sistema económico mundial. Se trata de una recomposición del capitalismo, de sus mecanismos de acumulación y de mando: la ganancia derivada de producir y competir pierde centralidad frente a la renta obtenida mediante el control de activos indispensables, plataformas, infraestructuras y flujos financieros.

Esta transformación puede describirse como un tránsito hacia un tecnofeudalismo financiero: un orden híbrido en el que grandes gestores de activos, fondos de infraestructura y plataformas digitales adquieren capacidades cuasi soberanas sobre las condiciones materiales y digitales de la vida colectiva.

La metáfora feudal no implica un regreso literal a la Edad Media. Designa una relación estructural: pocos propietarios controlan territorios funcionales —redes de agua, energía, transporte, vivienda, datos o crédito— y una mayoría paga por acceder a ellos sin disponer de alternativas reales. El mercado subsiste, pero queda subordinado a posiciones de dominio, contratos de larga duración, monopolios naturales, efectos de red y arquitecturas algorítmicas que convierten la dependencia cotidiana en una fuente estable de renta.

De la fábrica al portafolio

El capitalismo industrial clásico articuló acumulación, producción material, trabajo asalariado e inversión de largo plazo. Aunque atravesado por profundas desigualdades, su legitimidad descansaba en la expansión de la productividad, el empleo y el consumo.

Después de la crisis de los años setenta, la liberalización financiera, las privatizaciones, la desregulación y la internacionalización de los mercados desplazaron el centro de gravedad hacia las finanzas. La empresa dejó de concebirse prioritariamente como una organización productiva y pasó a evaluarse como un conjunto de activos capaz de maximizar el valor para el accionista.

En el siglo XXI, esta tendencia se intensificó por la concentración de la propiedad financiera, la expansión de la gestión pasiva, el capital privado y los fondos de infraestructura.

Firmas como BlackRock, Vanguard, Macquarie o Brookfield, denominados “fondos buitre” por su nivel de rapacidad y codicia a nivel global ilustran escalas y estrategias distintas dentro de un mismo ecosistema: administran participaciones, deuda, infraestructuras y activos esenciales a través de estructuras societarias complejas. El resultado histórico es una separación creciente entre propiedad, gestión, producción y responsabilidad.

Quien controla el activo puede extraer rentas sin asumir plenamente sus consecuencias laborales, ambientales o territoriales.

La primacía de la renta

La lógica económica del tecnofeudalismo financiero no elimina la producción, pero la subordina a la rentabilidad del portafolio. Su unidad de cálculo no es la empresa como comunidad productiva, sino el activo como fuente de flujos de caja. Agua, energía, autopistas, hospitales, vivienda, redes de telecomunicaciones y datos se vuelven atractivos porque responden a necesidades inelásticas: los usuarios no pueden dejar de consumirlos cuando suben las tarifas ni sustituirlos fácilmente.

La extracción de renta se apoya en cuatro mecanismos recurrentes: apalancamiento, que carga deuda sobre el activo adquirido; distribución anticipada, que privilegia dividendos y comisiones; subinversión, que posterga mantenimiento y renovación; y traslado del riesgo, que convierte una eventual insolvencia en problema público.

El caso de Thames Water condensa esta dinámica: una infraestructura esencial puede sostener elevados pagos financieros mientras acumula deterioro operativo y pasivos ambientales. Cuando el servicio amenaza con colapsar, el Estado enfrenta un dilema asimétrico: rescatarlo o permitir un daño social intolerable.

Esta arquitectura altera la relación entre capital productivo y capital financiero. El primero reinvierte para ampliar capacidades; el segundo puede elevar su retorno reduciendo costos, monetizando activos o refinanciando deuda. En su fase límite, las finanzas no acompañan la producción: la disciplinan, la fragmentan y, en ocasiones, la vacían.

La eficiencia de corto plazo sustituye a la resiliencia, mientras los costos diferidos aparecen como deterioro ambiental, precariedad laboral o infraestructura obsoleta.

Del ciudadano al usuario cautivo

La transformación económica modifica el estatuto social de las personas. La ciudadanía social supone que ciertos bienes son condiciones de pertenencia política y dignidad, no simples mercancías.

Cuando el acceso al agua, la energía, la movilidad o la conectividad depende de una tarifa fijada por un operador dominante, el ciudadano se convierte en cliente cautivo. Conserva derechos formales, pero su capacidad efectiva de ejercerlos queda mediada por contratos privados y por su solvencia.

Surge así una estructura dual entre extractores y tributarios. Los primeros capturan ingresos mediante propiedad, intermediación y control de infraestructuras; los segundos entregan una porción creciente de sus salarios en forma de alquileres, intereses, tarifas, suscripciones y peajes digitales.

La desigualdad ya no se expresa solamente en la distribución del ingreso, sino en el grado de exposición a pagos inevitables. Los hogares con menor capacidad económica soportan una proporción mayor del costo, reciben servicios más frágiles y tienen menos recursos para impugnar el abuso.

Soberanía sin control

Desde la ciencia política, el problema central es la disociación entre poder y responsabilidad. Las empresas que administran activos críticos pueden condicionar políticas públicas, presupuestos y decisiones regulatorias, pero no están sometidas al mandato electoral. El Estado conserva la soberanía jurídica, aunque pierde capacidad material de decisión cuando depende de operadores privados para garantizar servicios esenciales o cuando una quiebra amenaza la estabilidad sistémica.

Se configura entonces una gobernanza de doble nivel. En el plano visible operan parlamentos, gobiernos y reguladores; en el plano decisivo actúan contratos, cláusulas de inversión, calificadoras, acreedores y mercados de capitales.

La democracia puede elegir autoridades, pero encuentra restringido el repertorio de políticas viables. Esta captura del Estado genera opacidad en su funcionamiento mediante dependencia técnica, puertas giratorias, falta de transparencia societaria y la amenaza de fuga de capitales o litigios.

Bienes estratégicos y nueva dependencia

En el Sur Global, el tecnofeudalismo financiero prolonga patrones históricos de dependencia. La transición energética eleva el valor geopolítico del litio, el cobre, las tierras raras, el agua y las redes eléctricas.

Si la propiedad, la financiación, la tecnología y la comercialización permanecen bajo control externo, los países proveedores pueden aumentar exportaciones sin capturar capacidades productivas, conocimiento ni autonomía fiscal. El territorio se integra a cadenas globales como reserva de recursos y de rentas, no como plataforma soberana de desarrollo.

En América Latina, incluidos Chile y Colombia hoy dirigidos por gobiernos de sello ultra neoliberal, la tensión se expresa en concesiones de infraestructura, explotación de minerales estratégicos, sistemas hídricos y mercados energéticos. La cuestión no es simplemente si participa capital extranjero, sino bajo qué reglas, con qué distribución de riesgos y beneficios, y con qué capacidad pública de supervisión.

Cuando contratos extensos, garantías estatales y arbitrajes internacionales blindan retornos privados, la soberanía territorial queda limitada por obligaciones financieras difíciles de revertir democráticamente.

Acumulación por desposesión

La noción de acumulación por desposesión, asociada al geógrafo inglés David Harvey, permite comprender el fenómeno como respuesta a los límites de la acumulación tradicional.

Cuando los mercados productivos ofrecen rendimientos insuficientes, el capital busca nuevas fronteras: privatiza bienes públicos, convierte derechos en pagos, registra conocimiento como propiedad exclusiva y transforma datos personales en materia prima. La expansión deja de ocurrir solamente mediante nuevas fábricas y se realiza mediante cercamientos jurídicos, tecnológicos y financieros.

El carácter sistémico aparece en la retroalimentación de cinco subsistemas: las finanzas exigen retornos crecientes; las corporaciones reducen inversión y externalizan costos; el Estado garantiza continuidad y absorbe pérdidas; los hogares compensan con endeudamiento; y los ecosistemas reciben daños no contabilizados.

Cada actor puede comportarse racionalmente dentro de su ámbito, pero el resultado agregado es irracional: fragilidad operativa, concentración patrimonial, erosión fiscal y crisis ecológica.

Alcances y límites del concepto de tecnofeudalismo

El concepto es analíticamente fértil porque ilumina la dependencia, la renta y la privatización de funciones soberanas. Empero hay que tener en cuenta que los fondos mencionados no son idénticos ni actúan siempre como operadores directos; existen diferencias entre gestión indexada, capital privado e inversión en infraestructura.

Además, la producción industrial, la competencia y la innovación no han desaparecido. Más que anunciar un sistema completamente nuevo, el término describe una tendencia dominante dentro del capitalismo financiarizado: la conversión del acceso en tributo y de la propiedad concentrada en poder de gobierno.

Respuestas democráticas y horizonte de transformación

Dentro del contexto del codicioso y voraz sistema capitalista la respuesta no exige elegir entre estatización absoluta y mercado irrestricto, sino reconstruir capacidades públicas y someter la propiedad a obligaciones sociales.

Entre las herramientas posibles se encuentran la remunicipalización o renacionalización selectiva de servicios; reguladores independientes con acceso a información financiera completa; límites al apalancamiento y a la distribución de dividendos cuando existe subinversión; participación ciudadana en la gobernanza; cláusulas de desempeño ambiental; tributación de rentas extraordinarias; y modelos cooperativos o comunitarios para bienes de proximidad.

Movimientos como We Own It en el Reino Unido y las luchas territoriales latinoamericanas muestran que nombrar el fenómeno es una práctica política: permite conectar tarifas, deuda, contaminación y pérdida de soberanía como partes de una misma estructura.

Pero la denuncia debe acompañarse de diseños institucionales capaces de garantizar eficiencia, transparencia, financiación sostenible y control democrático. De lo contrario, la recuperación pública puede reproducir burocracias opacas o convertirse en una transferencia de pasivos sin transformación real.

Transición para garantizar el proceso de acumulación y expolio del capitalismo

El salto del capitalismo productivo al tecnofeudalismo financiero no constituye un evento súbito, sino una transición acumulativa en la que las finanzas, la tecnología y la concentración de la propiedad convergen para solidificar el proceso de acumulación de capital, expolio y desposesión en favor del gran capital transnacional.

Su signo distintivo es que la riqueza procede cada vez menos de ampliar capacidades colectivas y cada vez más de controlar accesos, imponer pagos recurrentes y transferir riesgos al Estado y a los hogares.

La frontera política contemporánea se sitúa, por tanto, entre dos proyectos: profundizar una sociedad de dependencias privadas, donde la ciudadanía queda reducida a solvencia, o reconstruir una soberanía democrática capaz de proteger los bienes comunes y orientar las finanzas hacia fines productivos, sociales y ecológicos.

Recuperar la infraestructura pública no significa únicamente cambiar de propietario; implica redefinir qué debe quedar fuera de la lógica de la renta y bajo qué formas la sociedad decide sobre las condiciones de su propia reproducción en el marco de un sistema inicuo y rapaz como es el capitalismo.