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La crisis institucional paraguaya no surge de un hecho aislado, sino de la implosión del bloque hegemónico de ultraderecha en el poder y del enfrentamiento directo entre el presidente Santiago Peña y el líder del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana), Horacio Cartes.

La gestión de Peña —quien cumplió tres de sus cinco años de mandato— se fracturó con Cartes debido a disputas por el control partidario de cara al ciclo electoral de 2027-2028. El detonante definitivo fue el colapso financiero de Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez. Al sumarse la bancada de Honor Colorado (liderada por Cartes) al juicio político bajo el argumento de no respaldar el «latrocinio de los fondos públicos y de los jubilados», se selló la suerte del mandatario.

Peña fue accionista de Ueno Bank hasta, al menos, marzo de 2025, y más de 800 millones de dólares de recursos públicos se encontraban invertidos en dicha entidad financiera, afectando sobre todo a las pensiones. Asimismo, voces críticas denunciaron que durante su gestión Ueno Bank se expandió de forma acelerada gracias a que sorteó regulaciones bancarias y financieras.

La suspensión de Ueno Bank congeló los ahorros de más de la mitad de los paraguayos, lo que generó una crisis política que culminó con la renuncia del mandatario en medio de un proceso de juicio político en su contra.

La estrategia de la renuncia y el blindaje judicial

Ante la inminente destitución por la vía del juicio político (impulsado al amparo del artículo 225 de la Constitución y con apoyo unánime de los diputados en la primera sesión), Peña optó por dimitir a través de un vídeo difundido en redes sociales. El objetivo táctico de esta dimisión era evitar la destitución formal y acogerse a la figura de senador vitalicio, la cual otorga inmunidad parlamentaria (fueros) conforme al artículo 189 de la Constitución.

No obstante, el Congreso no oficializó la renuncia debido a la falta de quórum tras la retirada de los congresistas colorados en la sesión bicameral. Paralelamente, el Senado aprobó continuar con el juicio político y programó la comparecencia de defensa de Peña, manteniendo un limbo jurídico donde formalmente sigue siendo el presidente mientras afronta una investigación penal de la Fiscalía.

El «corralito» financiero y la exposición del Estado

El impacto socioeconómico es de extrema gravedad, afectando directamente a la estabilidad de la inmensa mayoría de la población paraguaya y poniendo a prueba los fondos de previsión social del Estado.

La suspensión e intervención de Ueno Bank —cuyo índice de solvencia se desplomó al 5,56 % frente al 12 % reglamentario— afectó a cerca de 2,9 millones de clientes (alrededor de la mitad de la población del país). Aunque el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos (aproximadamente 38.000 dólares, amparando al 97 % de los depositantes), la paralización operativa generó un pánico financiero generalizado y protestas multitudinarias en las calles de Asunción reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La dimensión del escándalo radica en el uso de recursos estatales. El Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones, tenía invertidos entre 355 y 380 millones de dólares (cerca del 9 % de su cartera) en el banco. Sumando a otras entidades como la ANDE, Itaipú y el Ministerio de Economía, la exposición total de fondos públicos rondó entre los 800 y 900 millones de dólares, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y previsional del país.

Irregularidades estructurales: Las auditorías y la investigación judicial posterior —que derivó en la imputación de 27 personas, incluido el CEO Miguel Vázquez, por lesión de confianza y tentativa de estafa— revelaron una gestión marcada por evaluaciones de riesgo deficientes, aprobación irregular de créditos y operaciones cruzadas con empresas del mismo holding por encima de los límites legales permitidos.

Nexos transnacionales e influencia de la ultraderecha

A escala regional e internacional, el caso Ueno Bank trasciende la política doméstica al evidenciar redes de financiación y relaciones con actores políticos y mediáticos de la ultraderecha global.

Durante la expansión acelerada de la entidad bajo la gestión y complacencia de reguladores nombrados por el Ejecutivo (como el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo), Ueno Bank financió y patrocinó eventos de la ultraderecha internacional. Entre ellos destacan la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y la Hispanic Prosperity Gala 2026 celebrada en Mar-a-Lago (Florida), donde figuraron operadores mediáticos como Fernando Cerimedo y Javier Negre.

A pesar de la severidad de la crisis política y social, la estructura de poder de fondo en Paraguay se mantiene inalterada. El Partido Colorado —hegemónico de forma casi ininterrumpida desde 1947, con el paréntesis de Fernando Lugo (2008-2012)— sigue controlando los resortes institucionales y la sucesión a través de figuras como el vicepresidente Pedro Alliana o la cúpula legislativa, demostrando que las crisis internas del partido responden a pugnas de clanes oligárquicos y corporativos («guerra de bancos» entre sectores económicos) más que a una transformación estructural del modelo de Estado.