POR OMAR ROMERO DÍAZ /

La derrota electoral de Donald Trump, el avance demócrata en el Congreso estadounidense y las iniciativas para revisar la cooperación militar con Colombia ponen sobre la mesa preguntas que el Gobierno neoliberal de Abelardo de la Espriella tendrá que responder.

La política internacional está cambiando y Colombia no puede permanecer al margen. Las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos dejaron un resultado de profundas consecuencias: el Partido Demócrata obtuvo el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, mientras Trump sufrió un revés político que limita su capacidad de maniobra y fortalece los mecanismos de control del Congreso norteamericano.

Este resultado tiene una importancia particular para Colombia. Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con el respaldo público de Trump y con la promesa de reconstruir una relación privilegiada con Washington. Pero esa cercanía política no significa que Estados Unidos sea un bloque uniforme ni que el respaldo de la Casa Blanca garantice el silencio de las demás instituciones.

Por el contrario, el nuevo equilibrio legislativo abre un escenario de mayor escrutinio sobre las relaciones entre ambos gobiernos, especialmente en materia de derechos humanos, cooperación militar, lucha contra el narcotráfico, transparencia financiera y esclarecimiento de los vínculos históricos con estructuras paramilitares.

De las promesas de Trump al control del Congreso

La victoria demócrata no significa que Estados Unidos haya abandonado sus intereses estratégicos en Colombia. Tampoco implica que desaparezca la cooperación militar o que Washington haya cambiado automáticamente toda su política exterior. Lo que sí cambia es el equilibrio institucional: Trump tendrá que gobernar con un Congreso que ahora puede investigar, exigir explicaciones, condicionar presupuestos y cuestionar decisiones de su administración.

Y aquí aparece una contradicción política importante: mientras Trump respaldó a De la Espriella durante la campaña colombiana, sectores demócratas del Congreso han venido cuestionando públicamente los antecedentes y las relaciones del hoy presidente colombiano.

El 17 de junio de 2026, once congresistas demócratas enviaron una comunicación a altos funcionarios estadounidenses solicitando examinar sus presuntos vínculos con antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), su relación profesional con Alex Saab y el origen de determinadas operaciones empresariales e inmobiliarias en Florida.

Es fundamental precisar que se trata de señalamientos y solicitudes de investigación, no de responsabilidades judiciales demostradas. Pero políticamente el asunto ya trascendió las fronteras colombianas.

Tres enmiendas que ponen a Colombia bajo observación

Los representantes Jesús Chuy García, Alexandria Ocasio-Cortez y Greg Casar promovieron tres enmiendas legislativas dentro del debate de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2027.

No son reformas constitucionales ni leyes aprobadas. Son propuestas legislativas que buscan introducir mayores controles sobre la cooperación estadounidense con Colombia. Sus contenidos son especialmente relevantes.

Primera: cooperación militar y paramilitarismo. Propone revisar la asistencia de seguridad cuando existan vínculos creíbles de altos funcionarios con estructuras paramilitares asociadas a las AUC.

Segunda: cumplimiento del Acuerdo de Paz. Busca mantener el respaldo estadounidense a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y evitar retrocesos en sus compromisos.

Tercera: memoria histórica y derechos humanos. Solicita un informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2010, incluyendo los “falsos positivos” y el papel que pudo tener la cooperación militar estadounidense en ese periodo.

Estas iniciativas tienen una dimensión política que supera su alcance jurídico inmediato: colocan los derechos humanos, la memoria histórica y los antecedentes de los funcionarios públicos en el centro de la discusión bilateral.

La contradicción de Washington: los intereses no son los mismos

Aquí está uno de los aspectos más importantes. Estados Unidos no es únicamente Donald Trump ni su administración. Allí existen intereses económicos, militares y geopolíticos, pero también instituciones con facultades de vigilancia y control.

Durante décadas, Washington respaldó políticas de seguridad en Colombia mediante asistencia militar, entrenamiento y cooperación antidrogas. Ese apoyo coincidió con graves violaciones de derechos humanos, entre ellas los llamados “falsos positivos”.

Por eso, la propuesta de revisar el periodo 1980-2010 también obliga a examinar la responsabilidad histórica de Estados Unidos. No se trata solamente de investigar a Colombia, sino de esclarecer qué conocían sus autoridades, qué apoyaron y qué controles ejercieron.

La discusión, por tanto, no puede convertirse en un simple enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Los derechos humanos no deberían depender de las conveniencias electorales de ningún partido.

El nuevo escenario y las preguntas para De la Espriella

La derrota republicana abre un nuevo capítulo. Los demócratas tienen ahora mayores posibilidades de ejercer control sobre la política exterior de Trump y examinar las decisiones relacionadas con Colombia.

Además, el pasado 8 de noviembre se conoció una nueva iniciativa del senador por el Pacto Histórico, Cristian Kevin Gómez Paz, quien solicitó al Congreso estadounidense hacer seguimiento a los cuestionamientos sobre las actividades económicas de De la Espriella en ese país y conocer si existen actuaciones institucionales relacionadas con las denuncias anteriores.

Esto demuestra que el debate no ha desaparecido. Por el contrario, ha adquirido una dimensión institucional y bilateral.

De la Espriella tendrá que responder preguntas legítimas sobre la transparencia de sus actividades económicas, sus relaciones profesionales, sus antecedentes y las decisiones de su Gobierno frente al Acuerdo de Paz y los derechos humanos.

No basta con invocar el respaldo de Trump, exhibir fotografías con dirigentes internacionales o presentar una imagen de fortaleza política. En una democracia, el poder también debe rendir cuentas.

Se le comienza a caer el relato

El problema para el Gobierno colombiano es que construyó buena parte de su acercamiento internacional sobre la afinidad personal y política con Donald Trump. Pero las relaciones entre Estados no pueden depender exclusivamente de la amistad entre dos presidentes.

Trump conserva la Presidencia, pero perdió el control de ambas cámaras del Congreso. Los demócratas tienen ahora instrumentos institucionales para revisar asuntos que antes encontraban mayores obstáculos políticos.

Y aunque las tres enmiendas sobre Colombia no deben presentarse como normas aprobadas ni como sanciones vigentes, su existencia revela que hay sectores del Congreso estadounidense interesados en investigar, documentar y debatir asuntos que el Gobierno colombiano no puede despachar simplemente como ataques políticos.

El circo político puede continuar en los escenarios nacionales, pero las preguntas ya llegaron a Washington.

La verdadera prueba para De la Espriella no será conseguir fotografías, respaldos o declaraciones de amistad internacional. Será responder con documentos, transparencia y hechos verificables a los cuestionamientos que se han presentado en Colombia y Estados Unidos.

La soberanía colombiana debe defenderse frente a cualquier injerencia extranjera, pero también debe servir para exigir transparencia a quienes gobiernan. Ni Washington puede decidir el destino de Colombia ni ningún presidente colombiano puede utilizar la soberanía como escudo para evitar el escrutinio público.

Cuando cambian los equilibrios del poder, también cambian las condiciones políticas. Y cuando las preguntas empiezan a acumularse, los discursos dejan de ser suficientes.