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La degradación del debate político y la guerra sin cuartel a partir de la utilización de las plataformas digitales.

El fenómeno denunciado por el senador del partido Alianza Verde Duvalier Sánchez Arango evidencia un cambio doctrinal preocupante en la política regional y nacional. Cuando la estrategia se basa en aniquilar al oponente a cualquier precio, el debate democrático deliberativo desaparece. Se instaura un clima de alta pugnacidad tóxica donde en el que la oposición no es un actor legítimo a contradecir con argumentos, sino un blanco militar que debe ser desacreditado moral y políticamente.

Corrupción institucional y captura de recursos públicos

 

El congresista Sánchez Arango calificó como una “fábrica de ataques digitales” y «mercenarios digitales» la presunta estructura que investigó durante un año y denunció ante la Fiscalía General. Según el parlamentario, la operación utilizó cuentas falsas, páginas web que simulaban ser medios de comunicación y ataques coordinados contra opositores para favorecer a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Además, señaló a Carlos Suárez, estratega político de la mandataria y del presidente Abelardo de la Espriella, y a Lisa Rodríguez, quien fue gerente de campaña de Toro en 2023 y actualmente se desempeña como secretaria general del Ministerio TIC.

El uso presunto de fondos públicos (cerca de $20.000 millones a través de entidades como Telepacífico e Innovatech) representa una desviación grave de los recursos del Estado. Financiar estructuras de guerra sucia con dinero de los contribuyentes no solo configura delitos como peculado y concierto para delinquir, sino que subvierte los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La vinculación de nombres clave —como Lisa Rodríguez (actual secretaria general del MinTIC) y la mención de una posible expansión hacia el sistema de medios públicos RTVC de cara al escenario electoral de 2027— trasciende el ámbito departamental del Valle del Cauca. Esto pone en alerta roja a las instituciones de control nacionales, pues sugiere el escalamiento de estas prácticas a nivel regional.

Industrialización de la mentira y «mercenarios digitales»

La denuncia detalla un modelo de negocio y control laboral sobre la mentira. Jóvenes contratados, dotados con hardware (celulares, computadores, tarjetas SIM) y sometidos a métricas de rendimiento con cuotas de comentarios y amenazas de sanciones económicas, demuestran que las redes de desinformación operan bajo lógicas empresariales tayloristas. Ya no se trata de simpatizantes apasionados («bodegas espontáneas»), sino de empleados de la difamación.

Un vector crítico de la desinformación moderna es el uso de la suplantación de medios de comunicación (como la imitación de portales web reconocidos al estilo de La Silla Vacía). Al simular formatos periodísticos legítimos, estas estructuras reducen la capacidad crítica de la ciudadanía, aprovechando la confianza heredada de los medios tradicionales para inocular falsedades y narrativas que atizan la pugnacidad política.

Quizás el aspecto más alarmante a nivel digital es la sincronización entre los ataques cibernéticos y la violencia en el mundo real. Las publicaciones que intentaron vincular al exalcalde de Jamundí, Felipe Ramírez, con grupos armados e ilegales horas antes de un atentado demuestran que la desinformación digital actúa como un dispositivo de señalamiento y justificación de la violencia física.

Las plataformas digitales se convierten así en catalizadores de riesgos letales para la integridad de los actores políticos.

El enfrentamiento entre el senador Duvalier Sánchez y la gobernadora Dilian Francisca Toro no es una disputa partidista aislada; es un síntoma crítico de la mercantilización y paramilitarización de la esfera digital en Colombia.

La sofisticación de estas redes —que combinan contratación pública, control jerárquico de operadores, suplantación de medios y la sincronización con ataques violentos— representa una amenaza directa contra el proceso democrático, exigiendo una respuesta contundente, rápida e independiente por parte de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control disciplinario.