OFICINA DEL CONGRESISTA ESTADOUNIDENSE JESÚS ‘CHUY’ GARCÍA /
El pasado miércoles 2 de agosto con ocasión de cumplirse el primer año de los ataques bélicos del Gobierno de Donald Trump en el mar Caribe y el océano Pacífico, la oficina del congresista estadounidense del Partido Demócrata de Illinois, Jesús ‘Chuy’ García, divulgó una declaración suscrita por más de 50 legisladores de todo el continente americano condenado este insuceso, exigiendo el fin de este tipo de operaciones e instando a los gobiernos de toda la región a abstenerse de facilitar la ejecución de estas graves acciones violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos.
El pronunciamiento denuncia que, desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han ejecutado al menos a 227 personas en decenas de ataques marítimos. Según diversos informes, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) también ha llevado a cabo ataques marítimos encubiertos en contra de embarcaciones pesqueras. Sin embargo, no existe evidencia de que alguno de los objetivos representara una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal.
Texto del pronunciamiento
A continuación, el comunicado de más de medio centenar de legisladores de todo el hemisferio:
Declaración de legisladores de las Américas en oposición a los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico
Desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han matado al menos a 227 personas en decenas de ataques marítimos. Según informes, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) también ha llevado a cabo ataques marítimos encubiertos en contra de embarcaciones pesqueras. No existe evidencia de que alguno de los objetivos representara una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal. Las identidades de la gran mayoría de las víctimas siguen sin conocerse públicamente, y muchas de sus familias carecen de vías efectivas y seguras para obtener información, exigir justicia o acceder a reparaciones. Las comunidades costeras y pesqueras viven con temor e incertidumbre, ya que estos ataques ponen en riesgo sus vidas y medios de subsistencia.
Los derechos a la vida y al debido proceso, así como las garantías contra el uso arbitrario de la fuerza, son principios fundamentales del Estado democrático de derecho que nuestros países se han comprometido a respetar. Las acusaciones de narcotráfico, por graves que sean, no permiten eludir ni dejar sin efecto estas protecciones, ni justifican el uso de fuerza letal contra personas que no representan una amenaza inminente.
Expertos jurídicos, organizaciones de derechos humanos y miembros y exmiembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han planteado serias preocupaciones sobre la legalidad de estos ataques y han advertido, entre otras cosas, que constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Estas operaciones tampoco han logrado su objetivo declarado de reducir el narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos ha determinado que los ataques no han reducido significativamente el flujo de cocaína hacia el país. Tampoco ha disminuido la producción de cocaína en la región. Este es un resultado totalmente previsible tras décadas de la fracasada “Guerra contra las Drogas” impulsada por el Gobierno estadounidense: la militarización y el uso de fuerza letal no reducen de manera sostenible ni la producción ni el tráfico de drogas, ni abordan las condiciones económicas, sociales e institucionales que los sostienen. A pesar de ello, la Administración Trump ha manifestado su intención de continuar y ampliar estas operaciones, incluso extendiendo este tipo de ataques a objetivos terrestres.
También nos preocupa profundamente que estas operaciones perjudiciales e ilegales puedan estar siendo facilitadas mediante el intercambio de inteligencia por parte de otros gobiernos, el acceso a bases e instalaciones militares, el apoyo logístico y otras formas de cooperación.
Conforme al derecho internacional, los Estados pueden incurrir en responsabilidad cuando prestan ayuda o asistencia para la comisión de actos internacionalmente ilícitos con el propósito de facilitar dichos actos. Hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado transnacional requiere una cooperación internacional efectiva, pero esta debe estar fundamentada en el derecho internacional; el respeto de los derechos humanos y la soberanía nacional; la rendición de cuentas y la transparencia; una labor rigurosa de investigación, procesamiento judicial y administración de justicia; un compromiso con la lucha contra la corrupción; y la supervisión democrática de las políticas de seguridad.
Como legisladores, compartimos la responsabilidad de ejercer una supervisión efectiva frente a las acciones ilegales de nuestros respectivos gobiernos. Por estas razones, exigimos al Gobierno de Estados Unidos que ponga fin de manera inmediata y permanente a estos ataques, e instamos a todos los gobiernos de las Américas a abstenerse de prestarles cualquier tipo de asistencia.
Asimismo, nos comprometemos a utilizar nuestras facultades legislativas y de supervisión para promover la transparencia y la rendición de cuentas en torno a estas ejecuciones extrajudiciales, y a exigir justicia para las víctimas y sus familias. Mantendremos firme nuestro compromiso de poner fin a la complicidad de nuestros respectivos gobiernos en actos contrarios al derecho internacional.
