POR OMAR ROMERO DÍAZ
Colombia no puede cerrar los ojos ante el pasado de quien hoy pretende gobernar el país.
El perfil publicado por ‘The New York Times’ sobre Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa una trayectoria profesional marcada por la defensa de personas vinculadas al narcotráfico y por relaciones con personajes investigados por delitos graves. Como lavado de activos y narcotráfico Entre los nombres mencionados aparecen Alex Saab y Jorge Luis Hernández.
Defender a un acusado que le paga con dinero del polvo blanco a su defensor no lo convierte automáticamente en delincuente. Pero cuando ese abogado llega a la Presidencia, su pasado deja de ser un asunto privado. Los colombianos tenemos derecho a saber con quiénes se relacionó, cómo construyó su patrimonio y de dónde salió su dinero.
También están las preguntas sobre su patrimonio en Miami y una propiedad millonaria cuya escritura registra una fórmula de 10 dólares y otros bienes de valor. Eso no demuestra ilegalidad, pero sí justifica una pregunta elemental: ¿cuál fue realmente el negocio y cuál fue el origen de los recursos?
Y hay otra cuestión todavía más grave: las denuncias de presuntas irregularidades electorales e intervención extranjera. Como lo a dicho por Donal Tromprump y el presidente Gustavo Petro en la demanda que se interpuso ante el consejo de estado, pero no pueden ser enterradas por el poder. Que se investiguen y que hablen las pruebas.
Colombia no necesita un Presidente intocable. Necesita un Presidente transparente. Porque quien pretende gobernar a millones de colombianos debe estar preparado para responder por su presente, pero también por su pasado.
La historia no se borra llegando al Palacio de Nariño.
El poder no elimina las preguntas. Y Colombia tiene derecho a conocer las respuestas.
