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Un grupo de congresistas estadounidenses, liderado por el representante demócrata James P. McGovern, envió una carta al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le exhortan a preservar la paz en el país y consolidar el esquema de la justicia transicional.

Uno de los puntos centrales de la carta es el reconocimiento de los retos que aún enfrenta Colombia en materia de seguridad, justicia, protección de la población civil y de líderes sociales, corrupción, desigualdad y consolidación de la presencia civil del Estado en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado o abandonadas por la institucionalidad.

Los congresistas plantean que, a partir de las experiencias acumuladas durante décadas de cooperación, están dispuestos a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para enfrentar esos desafíos.

Eje relevante del mensaje es la defensa del Acuerdo de Paz de 2016. Los legisladores estadounidenses lo califican como un instrumento fundamental para enfrentar los problemas estructurales de Colombia y resaltan el papel de su sistema de justicia transicional, al que describen como un modelo destacado a nivel internacional para promover verdad, justicia y rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto.

Aunque admiten que podrían realizarse ajustes a la estrategia general de paz, los congresistas advierten que incumplir las obligaciones pactadas en 2016 podría significar un retroceso de décadas y abrir la puerta a un nuevo ciclo de violencia. En ese sentido, llaman al Gobierno de De la Espriella a mantener el compromiso con la implementación del acuerdo y con la protección de las comunidades más vulnerables.

La comunicación insiste en que los problemas de seguridad del país no pueden abordarse únicamente desde una lógica militar o policial. Según los congresistas, una paz duradera y la consolidación de economías legales en zonas donde se han arraigado actividades ilícitas requieren presencia estatal civil, diálogo sostenido con la sociedad civil y alternativas económicas reales para las comunidades rurales y urbanas.

En materia antinarcóticos, la carta cuestiona la eficacia de la fumigación aérea como estrategia de largo plazo para reducir los cultivos de coca. Los congresistas sostienen que la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que dicha política no produjo reducciones duraderas y recuerdan que el narcotráfico es un fenómeno transnacional impulsado tanto por la oferta como por la demanda, por lo que exige responsabilidades compartidas entre ambos países.

La carta concluye con una invitación a sostener un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y el compromiso común con la paz, la prosperidad, la democracia y el Estado de Derecho. Su contenido anticipa que, aunque la relación bilateral seguirá teniendo como eje la cooperación estratégica, sectores del Congreso estadounidense vigilarán de cerca las decisiones del nuevo Gobierno colombiano en materia de paz, derechos humanos, política antidrogas e inclusión social.

Texto de la carta

 

 

 El siguiente es el texto de la misiva:

Estimado presidente De la Espriella:

Le felicitamos por su investidura como Presidente de Colombia y esperamos colaborar con su administración para fortalecer la histórica alianza entre nuestros dos países. Nuestra relación bilateral constituye un pilar fundamental de la cooperación regional y una base sólida para abordar preocupaciones de seguridad compartidas.

Nuestros pensamientos están con todos los colombianos afectados por el fuerte terremoto del 10 de agosto. Como miembros del Congreso, reafirmamos nuestro apoyo a las labores de recuperación y asistencia humanitaria que lleva a cabo el Gobierno de los Estados Unidos.

Estados Unidos y Colombia han colaborado estrechamente en una amplia gama de prioridades compartidas, entre ellas la seguridad, la cooperación antinarcóticos, la paz, el comercio y la inversión, la educación, la migración, la promoción de los derechos laborales y humanos, así como los derechos y la inclusión de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Esta alianza ha trascendido las divisiones partidistas, independientemente de quién lidere nuestras naciones.

Reconocemos que Colombia sigue enfrentando desafíos significativos en materia de seguridad, justicia, protección de la población civil y de líderes sociales, corrupción, desigualdad y fortalecimiento de las instituciones civiles del Estado y de la gobernanza en regiones del país afectadas por el conflicto, desatendidas o remotas. Basándonos en la experiencia y las lecciones aprendidas a lo largo de décadas de colaboración entre nuestros dos países, estamos preparados para trabajar con su administración a fin de abordar estos desafíos y promover nuestros intereses comunes.

Una de las lecciones perdurables de nuestras décadas de cooperación es que los complejos y arraigados desafíos de seguridad de Colombia requieren un enfoque integral que trascienda el ámbito exclusivo de las fuerzas de seguridad. También hemos aprendido que una paz duradera y el desarrollo de economías legales en las zonas rurales y urbanas donde han echado raíces las economías ilícitas exigen no solo el fin de la violencia, sino también una colaboración sostenida con la sociedad civil, una presencia estatal civil más sólida y alternativas económicas viables que permitan a las comunidades alejarse de las actividades ilícitas.

La experiencia de las últimas dos décadas sugiere que la fumigación aérea, si bien tenía como objetivo reducir el cultivo de coca, no logró reducciones duraderas a largo plazo. El narcotráfico trasciende fronteras y está impulsado tanto por la oferta como por la demanda; por ello, debemos compartir la responsabilidad de implementar políticas que desmantelen estas redes y a los grupos armados ilegales que las controlan.

Una de las fortalezas de Colombia es su diversidad étnica, cultural y biológica. A pesar de los importantes avances, persisten desigualdades significativas en el acceso a la educación, el empleo y las oportunidades económicas, particularmente para las comunidades afrocolombianas e indígenas, así como para aquellas personas provenientes de entornos rurales y de estratos socioeconómicos desfavorecidos. Atender las necesidades de estas comunidades sigue siendo una prioridad para nosotros. El acuerdo de paz de 2016, que contó con el apoyo bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, continúa siendo un pilar fundamental para abordar los desafíos estructurales que enfrenta su nación. Su sistema de justicia transicional, elogiado por expertos de todo el mundo, sigue siendo el modelo más sofisticado disponible para promover la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los numerosos crímenes cometidos por las partes en conflicto. Si bien coincidimos en que podrían justificarse ajustes en la estrategia general de paz, es vital seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas en el acuerdo de 2016. No hacerlo podría hacer retroceder a Colombia décadas y dar paso a un nuevo ciclo de violencia. Tras los grandes avances logrados con la cooperación y el apoyo de Estados Unidos, tal retroceso sería profundamente lamentable.

Para concluir, reafirmamos nuestro interés en trabajar estrechamente con su administración para avanzar en nuestras prioridades compartidas. Esperamos continuar un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y nuestro compromiso común con la paz, la prosperidad, la democracia y el Estado de derecho.

Atentamente,

James P. McGovern

Joaquín Castro

Jonathan L. Jackson

Dina Titus

Sydney Kamlager-Dove

Mark Pocan

Mark DeSaulnier