“La historia de Colombia es terrible porque es un claro ejemplo de acumulación por desposesión”, ha señalado el prestigioso geógrafo y teórico social inglés David Harvey respecto de este país, pues al analizar el transcurso de la gestión de sus gobiernos en los últimos 30 años, hay una característica funesta y es que han entregado a cuál más el territorio a las transnacionales minero-energéticas para su explotación, las cuales a su vez son protegidas por la fuerza pública y cuentan con todas las garantías y gabelas del Estado colombiano.

Ahora, la eufemísticamente denominada locomotora minero-energética va por la bahía de Taganga, un pintoresco pueblo de pescadores, muy cerca de Santa Marta, rodeado por montañas, con algo más de 7.500 habitantes, cuya sustentabilidad económica deriva de la pesca y el turismo.

En este paradisiaco sitio del departamento del Magdalena, con vegetación cactácea y pequeños árboles, el gobierno y el capital transnacional vienen empeñados en la construcción de un muelle multipropósito, con el cual no solo acabará con las actividades tradicionales de subsistencia de sus pobladores sino que pone en grave riesgo su ecosistema, atentando como es obvio, contra la vida de esta población y de su entorno.

Un proyecto lleno de inconsistencias

Como es característico en Colombia con este tipo de proyectos de infraestructura, el del muelle multipropósito de Taganga también está lleno de inconsistencias, silencios de las entidades del Estado, pésima reputación corporativa de la empresa privada que pretende ejecutar la obra, anomalías en la tramitación de las licencias ambientales, y lo más grave, desconocimiento total de los derechos a participar y a opinar de la comunidad en este proceso de afectación directa de su ecosistema.

Con el bagaje y la experiencia que las organizaciones sociales en el país han tenido de sus luchas contra los proyectos mineros de saqueo y destrucción del medioambiente, las cuales han obligado a realizar consultas populares exitosas como las recientes en Cajamarca (Tolima) y Cumaral (Meta), diversos colectivos que han venido participando de estas causas para frenar la lesiva “locomotora minera”, se han unido para defender la vida en Taganga.

Hoy, el combate contra este modelo depredador y timador que solo busca la rentabilidad del capital especulativo atropellando comunidades y su medioambiente, tiene un carácter y alcances nacionales. Por esa razón se integró el Movimiento Nacional por la Solidaridad con Taganga: de los páramos al mar.

Felipe González Sabogal, un joven abogado y activista contra estos infames proyectos que encarna el modelo neoliberal, destaca que las luchas ambientales se integran en Colombia y, en consecuencia, se puso en marcha toda una estrategia para frenar los propósitos expoliadores en esta importante zona de Santa Marta que es la entrada al Parque nacional Tayrona.

Daabon, una empresa conocida de autos, detrás del proyecto

González Sabogal al explicar pormenores del proyecto de construcción del muelle multipropósito de Taganga señala que su ejecución estará a cargo del grupo empresarial Daabon, que en el país tiene pésimas cartas de presentación.

Hay que recordar que Daabon de propiedad accionaria de las familias Dávila y Abondano es ampliamente conocida de autos por escándalos recientes que la vinculan con casos como Agro Ingreso Seguro (AIS), desplazamiento de campesinos de la hacienda Las Pavas en el departamento de Córdoba, supuesto despojo de tierras y vínculos con el paramilitarismo.

El muelle multipropósito de Taganga hace parte del proyecto de la Sociedad Portuaria de las Américas que aspira a construir el primer complejo especializado de transporte de gráneles líquidos en la región Caribe colombiana.

Un peligro ambiental

La propaganda oficial y de esa empresa portuaria quiere hacer creer que el proyecto va a traer amplios beneficios a la comunidad de Taganga, a Santa Marta y en general al departamento del Magdalena, bajo el supuesto de las bondades de la inversión extranjera. Como si en Colombia no hubiese pésimas experiencias de inversión foránea como ha ocurrido con el puerto de Buenaventura, las minas de carbón del Cerrejón y de níquel en Cerro Matoso, o las explotaciones petroleras como el de campo Rubiales, en el Meta.

Por esa razón, señala González Sabogal, es necesario desenmascarar los alcances de este proyecto depredatorio que se busca ejecutar en la bahía de Taganga. En primer lugar, agrega este líder social, constituye un grave peligro ambiental por la naturaleza de los líquidos que se busca transportar, en la primera fase, aceite de palma, y en la segunda, algunos hidrocarburos.

Recuerda que en 2008 hubo un derrame de gráneles líquidos entre la bahía de Santa Marta y Taganga por negligencia  del operador Puerto Terlica, también del grupo Daabon. Los daños han sido irreversibles en los ecosistemas de esta zona marítima.

Adicionalmente, con este proyecto de infraestructura se cambiaría de manera sustancial la vocación productiva de Taganga y su entorno natural.

Al permitir el ingreso de buques de gran calado, no solo se terminaría con la pesca y el turismo de la zona sino también se modificaría el uso del suelo que puede traer consecuencias medioambientales de suma gravedad.

En la medida en que se ha ido consolidando la organización de los pobladores, junto con la solidaridad del movimiento nacional en defensa del medio ambiente y contra la “locomotora minera”, se ha podido establecer que para la viabilidad de este proyecto de Daabon no hay claridad sobre cómo se adjudicaron las licencias ambientales.

En efecto, se otorgó por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) permisos para un atracadero y no para un puerto, que son cosas totalmente diferentes. Además, explica González Sabogal, no existen estudios sobre riesgo de manejo de gráneles líquidos, ni protocolos respecto de su transporte. A ello se agrega que no ha habido socialización del proyecto con la comunidad.

Organización y presión ciudadana

De lo que se trata, en definitiva con este proyecto, es convertir a Taganga en otra Buenaventura que como bien lo ha calificado la literatura académica ha terminado siendo un “espacio sin gobierno” (Lamb, 2008), en el que la codicia del capital hace de las suyas para la “globalización del crimen”.

Para evitar que se consuma ese malhadado propósito, inmerso dentro de un modelo inhumano como el neoliberal, González Sabogal destaca los avances en organización que se han logrado al interior de la comunidad de Taganga para detener este proyecto que, además, busca deshabitar a esa bahía.

“Taganga como asentamiento humano no les conviene para los intereses corporativos” de grupos empresariales como Daabon, precisa este joven activista social.

La organización y presión ciudadana ha forzado, por ejemplo, a que el Concejo de Santa Marta haya realizado el pasado 28 de junio una sesión para analizar los alcances de este proyecto. Es sintomático que a este debate no hayan asistido los representantes del Gobierno ni de Daabon, pese a que se les cursó invitación con la suficiente antelación. Ello es significativo de que no quieren socializar esta megaobra con la comunidad samaria.

Además, la comunidad tiene previsto recolectar firmas para presentar una iniciativa popular legislativa ante el Concejo Distrital de Santa Marta que posibilite archivar dicho proyecto. Para ello se requiere recolectar el 20% de firmas de ciudadanos del censo electoral.

De esta manera, los habitantes de Taganga, que hace parte del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con la solidaridad del movimiento ambiental colombiano le hace frente al miedo y al temor que infunde una grupo empresarial como Daabon, conocido por diversas denuncias en su contra por supuestos vínculos con paramilitares, para imponer a cómo dé lugar un proyecto cuyo paradigma es el de la explotación y la depredación de la naturaleza a costa de los seres humanos y su ecosistema.