INTERNACIONAL PROGRESISTA /

En toda América Latina, las fuerzas progresistas sufren un ataque coordinado por parte de Estados Unidos y sus aliados, los sectores de la ultraderecha en la región. Los métodos varían: bombas y secuestros en Venezuela; bloqueo y amenaza de invasión en Cuba; y en otros lugares, injerencia electoral, coerción económica y el fomento de una internacional reaccionaria de líderes de derecha que se inspiran en Donald Trump y celebran su recolonización del continente.

Desde el Observatorio de la Internacional Progresista se analizan los contornos generales de esta Doctrina Donroe a medida que se abre paso no obstante los procesos democráticos de la región.

En Argentina, Javier Milei ha implementado el programa de ajuste estructural más radical de la historia del país: más de 2000 empresas cerraron, 73.000 empleos se destruyeron y los salarios reales se desplomaron hasta tal punto que la demanda de los consumidores se esfumó. Argentina ahora tiene obligaciones con el FMI por más de 40.000 millones de dólares, debido a la reestructuración de las pensiones, la flexibilización radical del mercado laboral y el desmantelamiento de las protecciones para los trabajadores.

Mientras tanto, un acuerdo sobre minerales críticos con Washington, el desmantelamiento de las protecciones glaciares y 33.000 millones de dólares en concesiones mineras bajo el régimen RIGI de Milei están preparando el terreno para la extracción de litio, cobre y tierras raras del país por parte de Rio Tinto, BHP, Glencore y Barrick. La agenda de Milei consiste en preparar a Argentina para el saqueo. Trump ha respaldado abiertamente su programa e intervino directamente para ayudar a su aliado en elecciones legislativas clave, ofreciéndose a facilitar un rescate solo si la coalición de Milei ganaba.

O podemos fijarnos en Honduras. Allí, Trump apoyó abiertamente al candidato presidencial de ultraderecha, Nasry Asfura, quien finalmente resultó victorioso, e indultó al delincuente Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño y narcotraficante convicto. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el funcionario que denunció irregularidades electorales en los comicios presidenciales de 2025, sufrió una flagrante persecución política y se vio obligado a solicitar asilo político en el extranjero.

En 2025, junto con Honduras, la derecha arrasó en Bolivia y Chile. José Antonio Kast, del Partido Republicano, ganó con el 58 % de los votos frente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara; fue la primera vez desde el retorno de Chile a la democracia en 1990 que un dirigente tan conservador con tintes fascista llega al poder.

En Ecuador, el cuestionado magnate bananero Daniel Noboa Azín fue reelegido en unas muy cuestionadas elecciones con una plataforma afín a Washington; sin embargo, no logró obtener el respaldo popular para una base militar estadounidense en el país, rechazada por los votantes en referéndum nacional. Desde entonces, Noboa ha seguido adelante, profundizando la cooperación en materia de seguridad con Washington a través de canales bilaterales, al margen de los términos que su propio electorado rechazó.

Simultáneamente, Ecuador está experimentando una acelerada instrumentalización de los tribunales contra la fuerza progresista más influyente del país: una campaña calculada para aniquilar a la oposición política mediante el aparato judicial. Andrés Arauz, miembro del Consejo de la Internacional Progresista y excandidato presidencial del partido izquierdista Revolución Ciudadana de Ecuador, fue acusado formalmente en mayo de 2025 por la entonces fiscal general Diana Salazar Méndez de «asociación ilícita» en el llamado Caso Ligados, con el objetivo de presentar la «coordinación política» —la esencia misma de cualquier proceso democrático— como una «conspiración criminal».

Esta es una lucha por los recursos de América Latina, por su territorio y, sobre todo, por la autoridad para determinar su futuro.

El 16 de abril —en el sexagésimo quinto aniversario de la declaración de Fidel Castro sobre el carácter socialista de la Revolución cubana, pronunciada en vísperas de la fallida invasión de Bahía de Cochinos— el presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba enfrenta el momento más peligroso de su historia. «Cuba no es un Estado fallido», afirmó. «Cuba es un Estado asediado».

Estados Unidos ha confirmado, mediante decreto ejecutivo y declaración pública, que el cambio de régimen en Cuba es un objetivo oficial para 2026. Trump ha declarado que espera tener el «honor de tomar Cuba».

Desde el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba, el más estricto desde la “Crisis de los Misiles”. Desde entonces, funcionarios del Pentágono han acelerado la planificación de contingencia para operaciones militares contra la isla.

Hasta que el petrolero Anatoly Kolodkin, con bandera rusa, rompió el bloqueo y atracó en el puerto de Matanzas el 31 de marzo, la isla llevaba tres meses sin recibir petróleo extranjero. Los apagones totales se habían vuelto habituales. Los hospitales luchan por mantener sus equipos en funcionamiento. Los cultivos no se cosechan por falta de diésel. El Secretario General de la ONU ha advertido que la situación humanitaria «empeorará, o incluso colapsará», si no se restablece el suministro de petróleo a Cuba.

Una nueva investigación publicada por el Transition Security Project, fundado por Common Wealth, miembro de la International Progresista, apunta a una solución estructural para el bloqueo energético: una red casi totalmente basada en energías renovables en una década, financiada a un costo viable. Al romper con la dependencia de los combustibles fósiles, Cuba también acabaría con la capacidad de Estados Unidos para utilizar la escasez energética en su contra.

Por lo tanto, lo que está en juego en la actual lucha por la soberanía en América Latina es cada vez mayor; pero como muestra la propuesta del Proyecto de Seguridad para la Transición, existen oportunidades para convertir esa lucha en una oportunidad para la transformación duradera de la región.

En Colombia, las elecciones presidenciales del 31 de mayo determinarán si el primer gobierno de izquierda del país podrá mantenerse en el poder más allá de su primer mandato. Iván Cepeda Castro, senador, defensor de los derechos humanos e hijo del asesinado líder comunista Manuel Cepeda Vargas, encabeza las encuestas como candidato del Pacto Histórico, con la líder indígena Aida Quilcué como su compañera de fórmula a la Vicepresidencia.

En Brasil, Lula da Silva ha confirmado que buscará un cuarto mandato en octubre, superando a todos sus rivales de derecha, mientras que Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por su papel en el intento de golpe de Estado.

En Perú, el diputado de izquierda Roberto Sánchez ha desafiado todos los pronósticos al lograr una victoria aplastante que le permitirá enfrentarse a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio; su apoyo proviene mayoritariamente de las comunidades más pobres del país.

En otros lugares, la lucha por la democracia no es solo electoral.

El 8 de marzo, la Brigada de Paz de la Internacional Progresista estuvo presente en Venezuela para presenciar la sexta Consulta Popular Nacional del país, un ejercicio de democracia directa en el que más de 36.000 proyectos de desarrollo propuestos por consejos comunales fueron sometidos a votación popular en 10.000 distritos electorales. Cada comuna votó sobre una serie de propuestas, y el proyecto ganador recibió financiación pública. (Puede leer más sobre el proceso en el informe de nuestra Brigada de Paz).

Lo que se está desarrollando en América Latina en 2026 es un enfrentamiento entre dos arquitecturas. La primera es la arquitectura del imperio: una Doctrina Monroe renovada y su agenda de control hemisférico. La segunda es la arquitectura de la soberanía, la integración y la paz: el proyecto inconcluso de Bolívar, Martí, Chávez y la tradición de Nuestra América: una visión en la que los pueblos de las Américas tienen derecho a gobernarse a sí mismos, controlar sus recursos y trazar un futuro más allá del imperialismo.

En este enfrentamiento, la defensa de la democracia es inseparable de la lucha contra la dominación. A través de nuestro Observatorio, la Internacional Progresista acompañará, defenderá y documentará aquellos procesos democráticos —desde elecciones hasta comunas— que afirman la soberanía popular frente al voraz imperialismo.

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