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En su sesión plenaria del pasado miércoles 10 de junio, el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley en virtud del cual se previene y erradica la mutilación genital femenina (MGF), cuya ponencia estuvo a cargo de la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón.

Tras lograr materializar esta iniciativa en ley de la República, la congresista López Obregón destacó que “es un avance histórico para la protección de los derechos, la integridad, la salud y la vida de nuestras niñas y adolescentes”.

La nueva ley que prohíbe la mutilación genital femenina (MGF) también conocida como ablación apunta a elminar una práctica que afecta principalmente a niñas indígenas de la comunidad emberá en departamentos como Risaralda y Chocó.

En la ponencia y en los debates que dio la senadora López Obregón para defender la iniciativa enfatizó que la ablación no es una práctica cultural legítima, sino una forma de violencia que ha marcado el horror en la vida de niñas y mujeres en Colombia.

La iniciativa legal fue construida tras mesas técnicas con sociedad civil, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos. El texto privilegia la prevención y el diálogo social sobre la penalización, recogiendo experiencias internacionales que muestran que el castigo penal no erradica el problema, sino que lo lleva a la clandestinidad.

La aprobación fue celebrada por congresistas y entidades como la Defensoría del Pueblo, que subrayaron la importancia de implementar una política pública integral para erradicar la MGF y fortalecer la protección de los derechos humanos de niñas y mujeres. El proyecto ahora para culminar su trámite pasa a sanción presidencial.

Con la aprobación de la iniciativa, la senadora López Obregón dijo que con ella se avanza “hacia un país que protege los derechos fundamentales de sus niñas”.

“Este logro fue posible gracias a la escucha atenta y la capacidad técnica para construir un proyecto que integró los aportes de múltiples actores de la sociedad civil y comunidades”, destacó.

Expresó que “para garantizar que esta ley no sea solo un papel, sino una política pública verdaderamente efectiva, defendí un enfoque de prevención, para lo que nos alejamos de las medidas punitivas”.

Desde la perspectiva de salud pública, la MGF genera consecuencias graves: dolor crónico, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental. En Colombia, los registros evidencian que el fenómeno persiste de manera focalizada: en 2023 se reportaron 91 casos, en 2024 fueron 54 y en 2025 se documentaron 39, concentrados en Risaralda y afectando principalmente a niñas menores de un año.

El avance legislativo representa un giro en la estrategia nacional, priorizando la erradicación sobre el castigo garantizando los derechos humanos de la mujer.

El enfoque intercultural y pedagógico busca eliminar barreras sociales y culturales, garantizando que la ley no sea solo un papel, sino una política pública efectiva.