POR OMAR ROMERO DÍAZ

La soberanía de los pueblos no se negocia ni se entrega. América Latina no puede seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, ni sus gobiernos convertirse en instrumentos de los intereses de una potencia extranjera. Ningún país tiene derecho a imponerle a otro cómo gobernarse, con quién relacionarse o qué modelo de sociedad construir.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba durante más de seis décadas representa una de las expresiones más prolongadas de presión imperialista en la historia contemporánea. No es una simple disputa diplomática: es una política que golpea las condiciones de vida de millones de personas, dificulta el acceso a medicamentos, alimentos, combustibles, tecnología y recursos indispensables para el funcionamiento de hospitales, escuelas, industrias y servicios públicos.

La pregunta es elemental: ¿con qué autoridad una potencia pretende asfixiar económicamente a una nación porque no comparte su sistema político? Castigar a un pueblo no es defender la democracia.

Naciones Unidas: el mundo reclama el fin del bloqueo

El pasado 28 de octubre de 2026, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a pronunciarse contra el criminal bloqueo estadounidense. El resultado fue de 130 votos a favor de su levantamiento, 17 en contra y 25 abstenciones. Fue la trigésima cuarta ocasión en que la comunidad internacional aprobó una resolución en ese sentido.

La resolución no tiene carácter jurídicamente vinculante para levantar las sanciones, pero constituye un pronunciamiento político de enorme importancia. Pone en evidencia que una potencia no puede confundir su poder económico y militar con el derecho a decidir por los demás.

El mensaje internacional es claro: las diferencias políticas no justifican el castigo colectivo ni la utilización de las necesidades de una población como instrumento de presión.

 

Colombia: un cambio de posición que compromete su tradición diplomática

Uno de los hechos más preocupantes fue el cambio de posición de Colombia. Durante años, nuestro país respaldó las resoluciones que exigían el levantamiento del bloqueo. Sin embargo, el 28 de octubre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella votó en contra, alineándose con Estados Unidos y otros gobiernos que rechazaron la iniciativa.

Este giro merece una explicación ante el país. ¿Qué gana Colombia respaldando una política que perjudica al pueblo cubano? ¿Qué beneficios reciben nuestros trabajadores, campesinos, estudiantes y pensionados por abandonar una posición histórica de solidaridad latinoamericana? ¿Por qué nuestra política exterior debe acomodarse a los intereses de Washington?

La política internacional no puede convertirse en un ejercicio de obediencia para conseguir reconocimiento en la Casa Blanca. Colombia es una nación soberana, con Constitución, historia y responsabilidades frente a los pueblos de América Latina.

Además, Cuba desempeñó un papel fundamental como garante y sede de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Esa cooperación forma parte de nuestra historia y no debería desconocerse por conveniencias políticas circunstanciales.

No se trata de aprobar todas las decisiones del Gobierno cubano, se trata de defender el derecho de los pueblos a resolver sus diferencias sin amenazas, bloqueos ni imposiciones extranjeras.

La amistad entre las naciones no puede depender de las órdenes de Washington.

El imperialismo cambia sus métodos, pero conserva sus intereses

El dominio de las grandes potencias ya no se ejerce únicamente mediante ocupaciones militares. También utiliza el control de los mercados, las finanzas, la tecnología, los sistemas de pago, las sanciones económicas y las presiones diplomáticas.

Cuando un país toma decisiones que afectan determinados intereses estratégicos, puede enfrentarse a restricciones comerciales, aislamiento financiero y amenazas políticas.

Cuba es una expresión de esa realidad, pero el problema va mucho más allá de la isla. América Latina conoce las consecuencias de las intervenciones extranjeras, las dictaduras respaldadas desde el exterior, las presiones económicas y las disputas por el control de sus recursos naturales.

La votación de Naciones Unidas también dejó en evidencia las divisiones regionales. Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Costa Rica estuvieron entre los países latinoamericanos que votaron contra la resolución. Chile, Perú, Honduras y República Dominicana se abstuvieron, mientras Venezuela no participó en la votación al retirarse de la sesión. Estas posiciones deben analizarse por sus consecuencias diplomáticas y por el rumbo que representan para la aplazada integración regional.

No podemos hablar de independencia mientras nuestras decisiones fundamentales dependan de la aprobación de gobiernos extranjeros. Tampoco podemos construir una América Latina integrada si algunos gobiernos convierten sus diferencias ideológicas en razones para desconocer la solidaridad entre las naciones.

Los derechos humanos no pueden utilizarse como instrumento de conveniencia

Resulta contradictorio que algunos gobiernos invoquen permanentemente la democracia y los derechos humanos para justificar el aislamiento de Cuba, mientras aplican criterios diferentes frente a situaciones similares en países aliados de las grandes potencias.

Los derechos humanos no tienen nacionalidad, partido político ni conveniencia geopolítica. Deben defenderse en Cuba, Colombia, Estados Unidos, Palestina y en cualquier lugar del mundo.

Es legítimo cuestionar las políticas internas de cualquier gobierno, exigir garantías democráticas y denunciar las violaciones de derechos fundamentales. Pero ninguna de esas exigencias justifica privar a una población de oportunidades económicas, recursos médicos y condiciones dignas de existencia.

Defender a Cuba frente al bloqueo no significa desconocer sus dificultades internas. Significa rechazar que una potencia pretenda decidir el futuro de millones de personas mediante la presión económica.

La democracia no se impone con hambre, ni los derechos humanos se defienden castigando a los pueblos.

América Latina necesita unidad, independencia y dignidad

Nuestra región debe superar la subordinación política y avanzar hacia una integración basada en la cooperación, el respeto a las diferencias y la defensa de los intereses comunes.

Los países latinoamericanos tienen derecho a comerciar entre sí, establecer relaciones con otras regiones del mundo y construir sus propios proyectos económicos y sociales. Ninguna potencia debe arrogarse la facultad de conceder o retirar ese derecho.

 

La soberanía no es un privilegio de las naciones poderosas. Es un principio fundamental que protege por igual a los países grandes y pequeños.

Por eso, quienes hoy justifican el aislamiento de Cuba deberían preguntarse si aceptarían que otra potencia utilizara esos mismos mecanismos contra sus propios pueblos. La respuesta debería ser evidente: ningún país debe someterse a semejante imposición.

La solidaridad internacional no se bloquea

El bloqueo contra Cuba es una prueba para América Latina y para la comunidad internacional. Lo que está en discusión no es solamente el futuro de una isla, sino el derecho de todas las naciones a decidir libremente su destino.

Estados Unidos debe escuchar el pronunciamiento de Naciones Unidas y poner fin a una política que lleva más de seis décadas afectando al pueblo cubano.

Los gobiernos latinoamericanos deben recuperar la independencia de sus decisiones diplomáticas y colocar por encima de las presiones externas los intereses de sus pueblos.

Colombia no puede renunciar a su tradición de paz, solidaridad e integración regional para acomodarse a los intereses de una potencia extranjera.

El continente latinoamericano no es propiedad de Estados Unidos

El futuro de nuestros pueblos no se negocia en Washington. No al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. No al imperialismo ni a las medidas coercitivas unilaterales. Sí a la soberanía, la autodeterminación, la paz y la integración de los pueblos.

La dignidad de América Latina no se mide por la cercanía de sus gobernantes con la Casa Blanca, sino por su capacidad de defender la independencia nacional y el derecho de cada pueblo a construir su propio destino.

Por una América Latina soberana, unida, independiente y sin pueblos sometidos.