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Un fenómeno potenciado de El Niño podría provocar una pérdida acumulada de al menos el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe durante los próximos tres años, según estimaciones de la CEPAL que el pasado 21 de septiembre presentó un reporte con advertencias severas sobre repercusiones económicas, sociales y en diversos sectores productivos ante la inminencia de un episodio de alta intensidad.

El impacto alcanzaría el 1 % de la actividad económica durante el primer año y también tendría consecuencias sobre la pobreza, la energía, la agricultura y la pesca.

El organismo de Naciones Unidas estima que el fenómeno podría sumar 4,8 millones de personas a la pobreza antes de 2030. Frente a este escenario, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó la necesidad de anticiparse a una posible agudización del fenómeno, prevista para el último trimestre de 2026.

El Informe Especial No. 3 de la CEPAL recuerda la magnitud histórica del fenómeno en curso e insta a los gobiernos latinoamericanos a implementar diez recomendaciones de política prioritarias en energía, agricultura e infraestructura.

El reporte lanza un SOS respecto de la magnitud histórica del fenómeno climático y las consecuencias económicas:

Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) señalan una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreal de 2026-2027, y un 69% de probabilidad de registrar una magnitud histórica («Súper El Niño»), con anomalías en la temperatura superficial del mar superiores a +2,5 °C o +3,0 °C en la región Niño 3.4.

La CEPAL subraya que este fenómeno se desenvuelve en un contexto en que el cambio climático antropogénico amplifica la variabilidad natural, tras registrarse en 2024 una temperatura media mundial de 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales.

Los impactos económicos serán profundamente heterogéneos y persistentes: contracción del PIB real, presiones inflacionarias, pobreza y vulnerabilidad crítica en sectores clave, como energía, pesca, agricultura y algunas infraestructuras.

Según el informe, la región presenta una elevada vulnerabilidad estructural en el sector energético debido a que en varios países la generación hidroeléctrica supera el 70 % de la matriz eléctrica y más del 50 % de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, la probabilidad de déficit de precipitaciones alcanza un 60 %, con un 31,1 % del territorio regional en alerta alta.

Las altas temperaturas dispararán la demanda de electricidad para climatización en grandes metrópolis como Lima, São Paulo y Ciudad de México en momentos de menor disponibilidad hídrica, elevando el riesgo de cortes eléctricos y sobrecostos operativos.

Se anticipan además impactos severos en la pesca y recursos marinos: El debilitamiento de la surgencia de aguas frías en el Pacífico reduce la disponibilidad de fitoplancton, alterando la red trófica y provocando el hundimiento y migración de especies clave como la anchoveta, la sardina y la merluza. En episodios pasados de Súper El Niño, las capturas pesqueras regionales sufrieron reducciones del 52,7 % (1972-1973) y del 26,9 % (1997-1998), a lo que se suma la proliferación de floraciones algales nocivas (marea roja) y el blanqueamiento masivo de arrecifes de coral a lo largo de la región.

El informe también alerta sobre el peligro en el sector agropecuario y seguridad alimentaria: basado en el análisis de la FAO se identifican probabilidades superiores al 70 % de sufrir sequías que afectan al sector agropecuario en los próximos meses en el Corredor Seco Centroamericano, Colombia, Venezuela y naciones del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití, amenazando cosechas básicas, disponibilidad de forraje e ingresos rurales.

Para evitar que los impactos climáticos deriven en crisis socioeconómicas prolongadas, la CEPAL insta a los gobiernos a adoptar diez medidas estratégicas de política pública:

Planificación con horizonte de cambio climático: asumir el riesgo climático como criterio permanente en las políticas nacionales y marcos normativos.

Infraestructura resiliente y alertas tempranas: destinar recursos a la protección física de activos e infraestructuras estratégicas e implementar sistemas de alerta tempranas.

Mecanismos financieros contingentes y seguros climáticos: disponer de fondos de reserva, bonos catastróficos y seguros para proveer liquidez inmediata.

Resiliencia en cadenas productivas y asentamientos: proteger los medios de vida en zonas críticas como el Corredor Seco y comunidades pesqueras, entre otras.

Ecosistemas resilientes y sostenibilidad: restaurar barreras naturales (arrecifes y manglares) y aplicar cuotas y vedas pesqueras dinámicas.

Cooperación regional e integración energética: coordinar la gestión de cuencas transfronterizas u otros recursos compartidos, y compartir reservas de energía entre países.

Diversificación de la matriz eléctrica: fomentar la complementariedad renovable (hidrosolar y eólica) para reducir la dependencia de las lluvias.

Gestión hídrica integral por cuenca: monitorear caudales y embalses a escala local para priorizar el consumo humano y la generación.

Redes de protección social focalizadas: otorgar transferencias monetarias directas a hogares vulnerables para contener el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Eficiencia energética y gestión de demanda urbana: aplicar programas temporales de ahorro y gestión de picos de consumo durante olas de calor.

«Las respuestas adoptadas una vez declarada la emergencia son considerablemente más costosas que las medidas preventivas basadas en una adecuada anticipación. Es imperativo pasar de una respuesta posterior a las pérdidas a una gestión anticipatoria del riesgo climático», indicó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.