POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Hay una discusión que Colombia no puede seguir aplazando: ¿quién debe controlar el agua que garantiza nuestra vida? No estamos hablando simplemente de tuberías, represas, tecnología, Inteligencia Artificial (IA) o empresas capaces de administrar grandes redes. Estamos hablando del recurso que permite existir a las personas, producir alimentos, sostener los ecosistemas y garantizar la vida de las próximas generaciones.
Por eso es preciso mirar con cuidado cualquier proyecto que pretenda convertir la gestión del agua en un asunto exclusivamente técnico o empresarial.
La tecnología puede ayudar a cuidar el agua. Pero la tecnología nunca puede reemplazar la soberanía, la democracia y el control ciudadano.
Palestina deja una advertencia
El caso palestino demuestra que el agua puede convertirse en mucho más que un recurso natural.
Informes de B’Tselem han documentado durante años profundas desigualdades en el acceso al agua entre la población palestina de Cisjordania y los israelíes, incluidos los habitantes de asentamientos. Su informe de 2023 señala que el consumo promedio era de 247 litros diarios por persona para israelíes frente a 82,4 litros para palestinos, y que en comunidades palestinas sin conexión a la red podía caer hasta 26 litros diarios. También documenta la dependencia palestina de agua adquirida por la empresa Mekorot, la compañía nacional israelí de agua.
Estos datos deben provocar una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando quien administra la infraestructura también concentra información, planificación y capacidad de decisión sobre el recurso?
La respuesta no tiene que ser una condena automática de una nacionalidad ni de una tecnología. La discusión es mucho más profunda.
El problema aparece cuando el conocimiento estratégico sobre un recurso vital queda fuera del control democrático de quienes dependen de él.
El espejismo de la modernidad
Cuando se habla de IA, desalación, sensores, control remoto y grandes sistemas de distribución, todo parece inevitablemente positivo.
¿Quién podría estar en contra de utilizar tecnología para evitar que se desperdicie el agua? Nadie. Pero existe una diferencia enorme entre utilizar tecnología para proteger el agua y utilizar la tecnología como argumento para entregar la planificación estratégica del recurso hídrico. Ahí está el verdadero debate. Porque quien conoce los acuíferos conoce dónde está el agua.
Quien controla la información conoce cuánto existe. Quien diseña la planificación decide, en buena medida, hacia dónde se orientan las inversiones. Y quien tiene capacidad para definir las prioridades puede terminar influyendo sobre quién recibe el agua, para qué actividades y en qué condiciones.
Por eso el agua no puede convertirse simplemente en una mercancía ni en un activo más dentro de los grandes negocios extractivos.
Argentina también debe servir de espejo
En Argentina se ha denunciado la participación de Mekorot en la elaboración de planes hídricos en doce provincias entregadas por Javier Milei al Gobierno sionista. Organizaciones críticas sostienen que existen convenios relacionados con la planificación estratégica del recurso, pero cuestionan aspectos de transparencia y participación pública.
Precisamente por tratarse de un asunto tan delicado, los contratos, convenios, estudios, fuentes de financiación, cláusulas de confidencialidad y responsabilidades deben ser conocidos y discutidos públicamente. Porque el agua pertenece a todos.
¿Y Colombia?
Colombia tiene una razón adicional para estar alerta. Ahora le toca el turno a este país respecto de los planteamientos hechos por Abelardo de la Espriella.
La Constitución de 1991 establece que el Estado tiene un especial deber de protección del agua y le ordena planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Además, el Código Civil prescribe que los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la nación y de uso público, mientras que el Código Nacional de Recursos Naturales dispone que las aguas son, como regla general, de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
La Ley 142 de 1994 regula el servicio público domiciliario de acueducto y permite que determinados servicios sean prestados por empresas oficiales, privadas o mixtas, bajo regulación estatal. Pero prestar un servicio no significa convertirse en dueño del recurso natural.
Esta diferencia es fundamental. Podemos contratar tecnología. Podemos contratar expertos. Podemos construir infraestructura con empresas nacionales o extranjeras. Podemos aprender de otros países. Lo que no podemos entregar es la capacidad soberana de decidir sobre nuestro recurso hídrico.
El agua debe tener límites democráticos
Colombia necesita una política nacional del agua que tenga cinco principios innegociables: el agua es para la vida.
Antes que la minería, antes que los grandes monocultivos, antes que cualquier negocio, debe garantizarse el consumo humano y la protección de los ecosistemas.
Todo contrato relacionado con planificación estratégica, información de acuíferos, fuentes hídricas y grandes proyectos debe estar sometido al escrutinio público.
Los campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes, trabajadores, organizaciones ambientales y usuarios urbanos no pueden ser espectadores de las decisiones sobre el agua.
Soberanía sobre la información
Los mapas de acuíferos, estudios hidrológicos y diagnósticos estratégicos son información que debe protegerse de manera rigurosa cuando comprometa intereses esenciales de la nación. Tecnología al servicio de la vida, no la vida al servicio de la tecnología.
Colombia debe aprender de todos los países que han desarrollado soluciones exitosas para administrar el agua. Pero aprender no significa entregar el timón.
El problema del agua suele parecer lejano hasta que un día abrimos la llave y no sale una sola gota. Entonces entendemos que el agua no es una discusión ideológica. Es la vida.
Colombia, uno de los países con una enorme riqueza hídrica, no puede cometer el absurdo de permitir que esa riqueza termine convertida en instrumento de concentración económica o de poder.
Por eso hay que discutir cualquier cooperación internacional con serenidad, pero también con firmeza. No se trata de rechazar la tecnología extranjera. No se trata de cerrar las puertas al conocimiento. Se trata de algo mucho más sencillo: que ningún gobierno, empresa nacional o extranjera, grupo económico o experto pueda convertir el agua de los colombianos en un instrumento de dominación.
El agua no tiene partido político. No tiene religión. No tiene dueño particular. El agua sostiene la vida de todos. Y precisamente por eso debemos defenderla entre todos. Porque cuando se acaba el petróleo, la economía puede buscar alternativas. Cuando se acaba un mineral, puede encontrarse otro. Pero cuando destruimos las fuentes de agua, no existe tecnología capaz de devolvernos una naturaleza que hemos permitido destruir.
Colombia debe aprender una lección antes de que sea demasiado tarde: el agua no es una mercancía. el agua es vida, soberanía y futuro.
Defenderla es impedir que el progreso termine convirtiéndose en el negocio de unos pocos y en la sed de millones.
