POR CATHERINE OSBORN /
El presidente progresista Gustavo Petro quiere demostrar que la política industrial no es sólo para los países ricos.
En un estacionamiento gigante en las afueras de la capital de Colombia, la petrolera nacional Ecopetrol está llevando a cabo un experimento.
En esta extensión de más de 400.000 pies cuadrados es donde Bogotá guarda parte de su flota de autobuses distritales. Cientos de esos vehículos son eléctricos y se alimentan periódicamente con cargadores de baterías. Pero un autobús funciona con hidrógeno verde, un combustible creado in situ. El hidrógeno verde se produce con energía renovable y su quema no genera emisiones de carbono, aunque su uso en autobuses es costoso con la tecnología actual. Los fondos del gobierno ayudaron a Ecopetrol a asociarse con empresas colombianas de autopartes para construir el autobús turquesa, que pronto será el primero de su tipo en transportar pasajeros por la ciudad capital.
El autobús es uno de al menos 28 proyectos de hidrógeno de bajas emisiones en desarrollo en Colombia. Para el país, cuyo principal producto de exportación en 2022 fue el petróleo, el hidrógeno podría convertirse en una fuente de combustible y de ingresos más ecológica. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha proyectado que las exportaciones de hidrógeno de bajas emisiones podrían generar en las próximas décadas 5 mil millones de dólares al año, más de una cuarta parte de la cantidad obtenida por las exportaciones de petróleo el año pasado.
Un factor clave para el desarrollo del autobús fue que “el gobierno nacional está directamente involucrado, no sólo con la creación de políticas públicas sino con el apoyo financiero para este proyecto”, dijo Yeimy Báez, exvicepresidenta de Ecopetrol que entonces supervisaba proyectos de bajas emisiones mientras inspeccionaba el lote bajo el abrasador sol andino en julio. Si bien el combustible para el prototipo de autobús se creó utilizando electricidad procedente de energía hidroeléctrica, las instalaciones pronto estarán equipadas con paneles solares para producir combustible de hidrógeno para autobuses. Báez señaló que los proyectos de hidrógeno habían convertido a varios ingenieros de petróleo y gas de Ecopetrol en “trabajadores de la transición energética”.
La financiación de Colombia para la investigación y el desarrollo del hidrógeno limpio es un ejemplo de política industrial, un tipo de intervención gubernamental que apunta a hacer crecer actividades específicas dentro de la economía. La política industrial ha ganado cada vez más atención mundial en los últimos años a medida que China y Estados Unidos han desplegado cientos de miles de millones de dólares en subsidios y otros beneficios gubernamentales para empresas con bajas emisiones de carbono. Otros países ricos (desde los de Europa hasta Canadá y Australia) ahora están luchando por mantenerse al día. Para los países en desarrollo como Colombia, la pregunta es cómo hacer lo mismo cuando tienen relativamente poco dinero disponible para gastar por adelantado.
Desde que Gustavo Petro, el primer presidente abiertamente de izquierda de la historia de Colombia, asumió el cargo en agosto de 2022, las autoridades colombianas han tratado de planificar un futuro en el que una porción menor de los ingresos del país provenga del petróleo, que representó aproximadamente un tercio de las exportaciones de Colombia ese año.
La decisión de Petro de detener la emisión de nuevos contratos de exploración petrolera ha sido noticia internacional. Pero no es el único componente de la estrategia de transición económica de su gobierno. Bogotá también está elaborando políticas industriales que apuntan a impulsar actividades que incluyen la biotecnología, la agricultura industrializada y las piezas de aviones. Es un cambio marcado en un país tradicionalmente de libre mercado que generalmente ha evitado las políticas industriales a gran escala durante más de 30 años. (La estrategia del hidrógeno verde es una de las pocas políticas de este tipo promulgadas por el anterior gobierno conservador).
El éxito del impulso de industrialización verde de Petro está lejos de estar garantizado. El asedio político sistemático contra su gobierno ha frenado el despliegue de algunas de sus políticas. Y algunos inversores privados en sus codiciosos interesantes –cuya participación es importante para el éxito de las políticas industriales– buscan argumentar sin mayor sustento que la agenda progresista del Presidente ha creado un entorno empresarial incierto.
Después de más de un año de planificación, los funcionarios del gobierno de Petro se están preparando para anunciar antes de finalizar el presente año su conjunto emblemático de políticas industriales. “Tenemos que hacer magia con lo poco que tenemos”, dijo la viceministra técnica de Finanzas de Colombia, María Fernanda Valdés.
En agosto, la consultora multinacional WTW y la ultraneoliberal Universidad de los Andes de Bogotá publicaron un estudio sobre cómo afectaría a Colombia una disminución en la demanda mundial de combustibles fósiles en las próximas décadas. Si los países de todo el mundo se descarbonizan de acuerdo con el Acuerdo de París (y si Colombia no toma medidas financieramente proactivas, como el desarrollo de alternativas de exportación al carbón, el petróleo y el gas), podría perder más de 88 mil millones de dólares en producción económica para 2050, según los analistas. Concluyeron que el gobierno de Colombia debería trabajar para diversificar sus exportaciones rápidamente y “sin arrepentimientos”.
Los analistas no llegaron a proporcionar una receta completa sobre cómo hacerlo, diciendo que estaba más allá del alcance de su investigación. Es posible que también hayan sido cautelosos a la hora de adentrarse en aguas polémicas: las políticas industriales son difíciles de evaluar y han sido relativamente poco estudiadas por los economistas neoliberales en las últimas décadas, aunque eso está cambiando. También han sido rechazados durante mucho tiempo por quienes fijan la agenda global, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante y después del apogeo del mal denominado “libre comercio” en la década de 1990, el FMI pidió a las autoridades que se centraran en prioridades que incluían la apertura al comercio internacional y mantener el gasto estatal bajo estricto control, una fórmula a menudo conocida como el Consenso de Washington, promotor del nefasto modelo neoliberal.
Especialmente desde la década de 1990, Colombia con los gobiernos de derecha ha tratado de adherirse estrechamente a esas recetas del FMI. El país creció un promedio de 3,4 por ciento anual en los 30 años previos a la pandemia de Covid-19, una tasa superior al promedio regional. Pero durante ese mismo período, la productividad de Colombia permaneció baja y estancada, ya que una porción cada vez mayor de su crecimiento provino de la extracción de petróleo y carbón.
“Fuimos muy metódicos a la hora de abrirnos y cerrar acuerdos comerciales”, dijo Olga Salamanca, socia de la consultora comercial colombiana Araújo Ibarra. Pero contrariamente a lo que esperaban los exportadores colombianos, “muchos sectores económicos han desaparecido”. La planificación económica también se ve obstaculizada por el conflicto interno que dura varias décadas y que bloquea zonas del país fuera del alcance administrativo del gobierno, lo cual ha obligado a que a que gran parte del erario se gaste en el rubro militar.
Ahora, mientras China, Estados Unidos y las potencias europeas adoptan políticas industriales para acelerar sus transiciones energéticas, tiene cada vez menos sentido que Colombia las desprecie. Las políticas industriales “han vuelto a los países desarrollados, pero también a los países en desarrollo”, dijo el economista colombiano Marco Llinás, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal).
