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Colombia definió su futuro político el pasado domingo 21 de junio. Durante los próximos cuatro años el país retoma la senda neoliberal en favor de la especulación financiera, las privatizaciones, el extractivismo de recursos minero-energéticos, reedita el principio de la doctrina de Seguridad Nacional de eliminar al que el nuevo Gobierno de talante ultraconservador  considere “enemigo interno”, y en materia internacional su política estará supeditada a lo que diga Washington. Se retorna a la obsecuente posición del «Respice Polum», formulada en la década de los años 20 del siglo pasado por Marco Fidel Suárez. Toda una fase de retroceso político y socioeconómico.

Con la elección por escaso margen de votos del cuestionado abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella Otero como nuevo mandatario de Colombia para el cuatrienio 2026-2030, esta nación se enrumba hacia una etapa caracterizada por lo que se puede denominar neoliberalismo 2.0, siguiendo el funesto modelo argentino de Javier Milei orientado al achicamiento del Estado, las privatizaciones de los activos públicos, el retorno al extractivismo de recursos naturales “a lo que dé”, el otorgamiento de amplios beneficios para el gran capital, la solidificación de la autoridad punitiva, el desconocimiento de las garantías sociales, la persecución a las organizaciones sociales y políticas de cariz progresista y el alineamiento geopolítico con Washington para satisfacer las demandas y los intereses del arrogante inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Motosierra estatal, mano dura y mercado

En efecto, el proyecto de Abelardo de la Espriella se inscribe en la ola de derechas radicales latinoamericanas que han encontrado referentes en Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador. Su propuesta de reducir drásticamente el tamaño del Estado colombiano, incluida la eliminación de buena parte de los Ministerios, apunta a una reorganización institucional bajo la premisa de que el aparato público es excesivo, ineficiente y costoso. En términos políticos, esa idea dialoga con la “motosierra” mileísta: menos Estado, menos regulación, reducción del gasto público y mayor protagonismo del capital privado.

En el plano económico, el Gobierno de De la Espriella privilegiará, como lo anunció durante su campaña, la confianza de los grandes especuladores financieros nacionales y extranjeros, la disminución de cargas tributarias al sector empresarial, la privatización o concesión de funciones públicas y una política fiscal restrictiva. Este modelo apunta a desmontar programas sociales impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro y debilitar políticas de equidad, inclusión territorial y redistribución. La promesa de eficiencia, en ese escenario, tendrá como contracara el riesgo de una mayor precarización de la presencia estatal en regiones históricamente abandonadas.

La seguridad será el eje más visible de este nuevo gobierno de tinte fascista. Inspirado en el modelo salvadoreño de Bukele, De la Espriella ha planteado medidas de mano dura, la construcción de megacárceles, el endurecimiento penal y una ofensiva frontal contra las estructuras criminales. Aunque ese enfoque suele ofrecer resultados rápidos en percepción de orden, también abre interrogantes sobre garantías judiciales, derechos humanos y proporcionalidad del uso de la fuerza.

En Colombia, país marcado por décadas de conflicto armado, la reedición de la doctrina del “enemigo interno” reactivará prácticas de estigmatización contra liderazgos sociales, oposición política y comunidades periféricas.

Alineamiento internacional con Washington

En materia internacional, De la Espriella, quien cuenta con ciudadanía estadounidense proyecta una política exterior fuertemente alineada con Washington. Su identificación con el trumpismo, su estrecha cercanía ideológica con el Partido Republicano y su defensa de una agenda conservadora global sugieren que Colombia se convertirá en un socio subordinado de la estrategia de la Casa Blanca en la región. Ello implica reforzar la cooperación militar, aumentar la influencia estadounidense en asuntos de seguridad y orientar decisiones sobre recursos naturales, energía y política antidrogas según prioridades externas.

Ese viraje supondrá un retorno a una relación bilateral centrada en defensa, la supuesta como falaz “lucha contra el narcotráfico” y apertura económica. Según la ultraderecha esto significaría recuperar confianza internacional y atraer inversión, pero los hechos han demostrado que el que gana con esta política es el gran capital especulativo.

Esta visión del nuevo Presidente equivale a reducir la autonomía colombiana y profundizar una dependencia histórica que ha condicionado la soberanía del país en temas estratégicos y que ha sido funesta para el interés nacional.

Gobernabilidad en tiempos de pugnacidad

La mayor dificultad que encuentra De la Espriella es gobernar a partir del próximo 7 de agosto una Colombia atravesada por una intensa pugnacidad social y política. Su estilo confrontacional y su agenda de choque profundizarán el alto grado de pugnacidad política y tensionará la relación con movimientos sociales, cortes, Congreso y regiones periféricas.

Con De la Espriella en la Casa de Nariño retornan las viejas prácticas de los caducos partidos de ultraderecha, la cogobernabilidad del empresariado acostumbrado a saciarse del Estado al que ve como su botín, manteniendo además el statu quo de los sectores retardatarios que han logrado mantener sus privilegios gracias al ethos mafioso que consolidaron a partir de sus delincuenciales acciones y de propalar una criminal narrativa política y social. Y por supuesto, Colombia vuelve a estar bajo la tutela de Washinton.

El triunfo de De la Espriella constituye además una nueva ficha a su favor para Trump que paulatinamente va colocando a sus obsecuentes operadores políticos en los diversos países de América Latina, su “patio trasero”.