Quedó definida la propuesta de las organizaciones sociales para participar en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que están próximas a comenzar en Quito, Ecuador.

El objetivo de la sociedad civil no es tener delegados en la mesa de negociación, luego de que Gobierno y ELN destraben el inicio del proceso de paz previsto para iniciarse a comienzos de este mes de noviembre. Se trata de concretar un e mecanismo a través del cual se agrupe a los colombianos para ponerlos a deliberar, principalmente, en el punto tres de la agenda de negociación: transformaciones del país.

Al espacio, que se llamará Diálogo Nacional de Paz, confluirán no solo las organizaciones sociales que hoy hacen parte de la iniciativa y que viajaron a Quito para presentar la propuesta durante la fracasada instalación, sino también partidos políticos de todas las corrientes, iglesias y empresarios que quieran discutir de verdad el futuro de un nuevo país, sin guerrilla, pero sí con garantías para vivir dignamente.

La idea tiene como base la premisa de que la paz debe pasar por una agenda social que reconozca las necesidades no resueltas por el Estado y que derivaron en el conflicto. De acuerdo con el Comité de Impulso del Diálogo Nacional por la Paz –en el que hasta ahora convergen campesinos del Congreso de los Pueblos, indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afrodescendientes del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y organizaciones surgidas tras el plebiscito, como La Paz se Moviliza–, el mecanismo principal de participación podrían ser los cabildos abiertos desde lo municipal hasta lo nacional.

Si bien se trata de un texto en construcción –porque esperan se sumen las propuestas de partidos políticos, empresarios, iglesias y otros ciudadanos–, ya plantea puntos principales sobre todo lo que se refiere al tercer punto de la agenda: transformaciones para la paz. Para ello, proponen que luego de que las partes acojan la iniciativa, sea el Gobierno el que le dé peso político y jurídico a través de una especie de decreto o mandato que les permita blindarse a futuro como mecanismo de participación y refrendación.

Según el documento, el objetivo es crear una Comisión de Diálogo Nacional que será la encargada de realizar las convocatorias, coordinar la participación de la ciudadanía, hacer un proceso de sistematización y administrar los recursos que –a su juicio– tendrá que destinar el Gobierno para su funcionamiento. A nivel territorial lo que se propone es que se conformen comisiones en cada uno de los municipios del país para que al menos haya un cabildo abierto que concerte propuestas en cada localidad. Dichas conclusiones llegarían luego a la instancia regional para su discusión. Serían más de 2000 cabildos en todo el país.

La propuesta concuerda con lo que ha dicho el ELN en el sentido de que, mientras ellos y el Gobierno abordan asuntos como justicia, dejación de armas y cese al fuego, la sociedad delibere y se pronuncie sobre temas como la transformación de la democracia.

Aunque el Gobierno en la negociación con las Farc insistió en la necesidad de que el acuerdo se diera en el menor tiempo posible –aun cuando duró cuatro años–, en el caso del ELN ha quedado claro que la premura no marcará la discusión, pues lograr consensos nacionales entre comunidades, partidos políticos y empresarios no será una tarea fácil.

En el debate de la sociedad civil lo que se espera por parte de las organizaciones sociales es que, incluidas las propuestas de los sectores de oposición, también se discutan de fondo temas que no quedaron explícitos en la agenda oficial de negociación, como una nueva política minero-energética, planes de desarrollo regionales, puntos que quedaron en el congelador durante los diálogos de La Habana, y los acuerdos de los últimos paros agrarios, muchos de los cuales siguen sin cumplirse. En todo caso, se aspira a que todo será concertado con los sectores que converjan en el Diálogo Nacional.

Por lo pronto, el Comité de Impulso ha avanzado abriendo canales de diálogo. De hecho, la delegación de paz de la guerrilla respondió el pasado 18 de octubre una carta que las organizaciones sociales les enviaron expresando su intención de ser actores cruciales en los diálogos. El ELN sostuvo que no sólo estaban dispuestos a escuchar propuestas y aportes al proceso de participación, sino que además las convocó “a que se conviertan en multiplicadores de esta iniciativa, extendiéndoles este saludo y la propuesta de participación a todas aquellas organizaciones y personas que consideren esto fundamental para construir un país democrático y en paz”.

Mesa Social para la Paz

La Mesa Social para la Paz se instaló el pasado jueves 3 de noviembre en el edificio Tequendama del centro de Bogotá y se dieron cita cientos de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales que esperan ser la contraparte de la sociedad civil en el marco de las conversaciones de paz del gobierno nacional con la guerrilla del ELN.

Alberto Castilla, senador del Polo Democrático e integrante del comité de impulso de la Mesa Social para la Paz, afirmó que este escenario representa un punto de encuentro de organizaciones civiles que han venido trabajando históricamente en la construcción de lo que han llamado la “Paz Completa” es decir, para que las conversaciones de paz incluyan la voz de sectores diferentes a las guerrillas.

Así funcionará la Mesa Social para la Paz

Aunque se han planteado varias formas de organización de la Mesa Social para la Paz, aún no se ha definido el mecanismo para su puesta en marcha, uno de ellos es el de Cabildos Abiertos que facilitan la participación a través de los Concejos Municipales, o la apertura de otros escenarios similares también a nivel municipal.

Según Castilla se deben abrir todos los mecanismos necesarios y que satisfagan las expectativas de los sectores sociales.

La instalación de la Mesa Social para la Paz será un impulso para el inicio de la fase pública de conversaciones de paz, y una señal de apoyo al comité tripartita que se conformó para sacar adelante la liberación del político chocoano acusado de corrupción y que se encuentra retenido desde hace 6 meses. De esa comisión hacen parte los países garantes, el CICR y un delegado de la iglesia católica cercano al proceso.