POR OMAR ROMERO DÍAZ /

América Latina no está discutiendo solamente elecciones. Está discutiendo un modelo de país. Y, Colombia hoy, es un ejemplo claro de esa tensión histórica.

Durante siglos, nuestras economías fueron organizadas para extraer riqueza. Luego, tras la independencia, muchas oligarquías conservaron el poder económico y político. El país ha cambiado de forma, pero no siempre de fondo.

Hoy el debate vuelve a estar sobre la mesa: ¿seguimos con el mismo modelo o intentamos corregirlo?

Cuando el poder gobierna para pocos

En Colombia, durante décadas, se consolidó un modelo económico donde la tierra quedó altamente concentrada. Las reformas tributarias históricamente han beneficiado en buena medida al gran capital. Durante  más de treinta años se ha fortalecido la privatización de sectores estratégicos.

El trabajador asumió cargas fiscales importantes vía IVA y consumo. No es una acusación emocional. Es una discusión estructural.

Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina.  Entonces surge la pregunta: ¿ese modelo redujo la desigualdad o la mantuvo?

El “Gobierno del Cambio” llegó a la Casa de Nariño en 2022 con un propósito de ruptura y con la promesa de modificar esa estructura. No simplemente a administrar lo existente, sino a reformarlo.

Entre sus principales apuestas se destacan:

• Reforma tributaria orientada a que paguen más quienes más tienen.

• Reforma agraria para avanzar en la redistribución de tierras.

• Reforma laboral enfocada en fortalecer derechos del trabajador.

• Reforma pensional buscando ampliar cobertura a adultos mayores sin pensión.

• Transición energética para disminuir dependencia del modelo extractivo.

La intención declarada es clara: pasar de un Estado que protege principalmente al capital concentrado a un Estado que fortalezca y garantice derechos sociales.

Las resistencias de los grandes capitalistas

Pero cambiar estructuras históricas no es sencillo. Cuando un gobierno intenta modificar el sistema tributario, redistribuir tierras o regular más el mercado laboral, toca intereses económicos poderosos.

Y ahí aparecen las resistencias: oposición política fuerte. Campañas mediáticas críticas. Advertencias económicas sobre inversión y crecimiento. Debates judiciales y constitucionales.

Esto no es extraño. En cualquier democracia, las reformas estructurales generan conflicto. Lo importante es que ese conflicto se dé dentro de las reglas institucionales. Pero no sé están dando habida cuente que el poder judicial, el legislativo y la información, están secuestrados por la oligarquía.

El punto clave: ¿cambio real o administración distinta?

Aquí entra el análisis dialéctico. Un gobierno puede tener discurso de cambio, pero la pregunta es: ¿está logrando modificar la concentración de riqueza? ¿Está reduciendo la desigualdad estructural? ¿Está ampliando derechos sin generar inestabilidad económica? ¿Está fortaleciendo instituciones o debilitándolas?

Algunas reformas han avanzado parcialmente. Otras han enfrentado bloqueos en el Congreso o en las cortes. Algunas han sido ajustadas. Otras siguen en debate.

El proceso está en desarrollo y lo que Colombia vive hoy no es solo una pelea entre izquierda y derecha. Es una disputa sobre el modelo económico heredado.

Un modelo neoliberal que durante décadas priorizó la eufemísticamente denominada “confianza inversionista”, la apertura económica y comercial, las privatizaciones, la reducción progresiva del papel del Estado en algunos sectores y el mantenimiento de la pobreza de las grandes mayorías nacionales.

En contraste, el Gobierno del Cambio que lidera el presidente Gustavo Petro desde que asumió el poder en agosto 2022 ha planteado un nuevo modelo que reemplace el malhadado neoliberalismo implementado hace más de tres décadas que busca mayor intervención estatal; redistribución vía impuestos; fortalecimiento de derechos laborales; reforma del sistema pensional y agrario.

El debate de fondo es este: ¿puede Colombia reducir su desigualdad histórica sin modificar la estructura económica tradicional?

Más allá de simpatías políticas

No se trata de idolatrar ni demonizar gobiernos. Se trata de evaluar resultados.

Si el modelo neoliberal dejó altos niveles de desigualdad, pobreza, es legítimo intentar transformarlo. Si el nuevo modelo genera mayores garantías, tensiones económicas, también es legítimo exigir eficiencia y responsabilidad. Al fin y al cabo, la democracia no es fe ciega. Es evaluación constante.

Desde la colonia hasta hoy, la gran pregunta ha sido la misma: ¿quién se beneficia del modelo económico?

El Gobierno Petro está intentando romper con una lógica histórica de concentración. Sus críticos sostienen que sus reformas pueden afectar crecimiento e inversión.

El pueblo colombiano y latinoamericano deben mirar los alcances de esas reformas más allá del discurso y observar los efectos reales: ¿mejoran la vida del trabajador ¿Se amplían oportunidades? ¿Se reduce la brecha social? ¿Se fortalece el Estado Social de Derecho?

Porque al final, el debate no es ideológico. Es material. La disputa no es entre pasado y presente. Es entre concentración y distribución. Y esa es, desde la colonia hasta hoy, la verdadera discusión histórica de América Latina.