POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Durante décadas, Estados Unidos se presentó ante el mundo como el gran defensor de la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Sin embargo, la historia demuestra que muchas veces esos principios han sido subordinados a intereses económicos, geopolíticos e ideológicos.

Donald Trump representa una de las expresiones más visibles de esa contradicción. A pesar de enfrentar múltiples investigaciones, procesos judiciales, condenas civiles y una condena penal, regresó a la Presidencia de la mayor potencia del mundo. Para millones de ciudadanos, ese hecho envío un mensaje inquietante: el poder parece tener más capacidad para sobrevivir a los escándalos que la propia justicia para hacer valer el principio de igualdad ante la ley.

Pero el problema no termina en Washington.

Las ideas, el discurso y el estilo político promovidos por Trump han cruzado las fronteras. La confrontación permanente, el desprestigio de las instituciones, el ataque a la prensa crítica, la descalificación de los jueces cuando sus decisiones no favorecen al poder y la utilización del miedo como herramienta electoral han encontrado eco en diversos países.

En América Latina, sectores políticos de países como Colombia con el recién elegido Presidente con fraude, Argentina, Perú, Honduras, Chile y otros han reivindicado ese tipo de liderazgo o han adoptado estrategias similares de pugnacidad, aunque cada realidad nacional tenga sus propias dinámicas y protagonistas.

Significa que todos esos gobiernos son iguales, pues llegaron al poder por las mismas razones. Significa que existe una corriente internacional que privilegia el liderazgo personalista sobre las instituciones, convierte al adversario en enemigo y presenta cualquier control judicial o democrático como un obstáculo para gobernar.

Cuando un dirigente con tantos antecedentes judiciales continúa acumulando poder, la pregunta deja de ser exclusivamente jurídica. Se convierte en una cuestión política y ética.

¿Qué mensaje recibe un joven cuando observa que la ley parece inflexible para el ciudadano común, pero extraordinariamente flexible para quienes concentran riqueza, poder mediático e influencia política?

La democracia no puede sobrevivir únicamente de elecciones. También necesita instituciones capaces de controlar al poder, magistrados, jueces independientes y ciudadanos que exijan responsabilidades y actúen sin importar el color político del gobernante.

La historia latinoamericana ya conoce las consecuencias de convertir a un líder en un salvador. El culto a la personalidad, el desprecio por los controles institucionales y el alto grado de pugnacidad terminan debilitando la democracia y profundizando la división social.

No se trata de una discusión entre izquierda y derecha. Se trata de decidir si la ley debe aplicarse con el mismo rigor a todos o si seguirá existiendo una justicia para los poderosos y otra para el resto de la sociedad.

Cuando los intereses económicos internacionales, las grandes corporaciones, los grupos financieros, medios de comunicación tradicionales y ciertos sectores políticos de la derecha y ultraderecha convergen para respaldar proyectos de poder, las democracias corren el riesgo de convertirse en escenarios donde el voto existe, pero la igualdad ante la ley se vuelve cada vez más frágil, como se observa en Estados Unidos.

La verdadera fortaleza de una nación no se mide por el poder de su presidente ni por el tamaño de su economía. Se mide por su capacidad para garantizar que ningún gobernante, por poderoso que sea, esté por encima de la Constitución y de la justicia.

Porque cuando el poder logra imponerse sobre la ley, la democracia deja de ser un derecho del pueblo y comienza a convertirse en un privilegio administrado por las oligarquías y sus fieles servidores como en el caso de Trump.