POR JEAN FLORES /
La reciente cadena nacional del mandatario de ultraderecha José Antonio Kast disipó cualquier duda entre la clase trabajadora chilena. Escudada en la retórica de la «reconstrucción», el inquilino de La Moneda despliega un crudo recetario de shock neoliberal calculado exclusivamente para blindar a la oligarquía. Ejercer el poder exige coraje político para defender a las mayorías. Al girar la mirada hacia México, el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo expone la brutalidad del experimento conservador chileno y ratifica la vigencia de un modelo económico enfocado en la dignidad ciudadana.
El plan de Kast consolida una guerra de clases desde arriba. Hablar de “competitividad tributaria” y “facilitación regulatoria” opera como un eufemismo para el saqueo institucionalizado, transfiriendo la riqueza nacional directamente al gran empresariado. Vemos el fantasma de los Chicago Boys operando nuevamente desde La Moneda, profundizando la desigualdad estructural y concentrando el capital en un puñado de familias.
En paralelo, el hachazo al gasto público apunta directo al tejido social. Amenazar la gratuidad y acorralar a los estudiantes bajo la excusa de “contención del gasto público” transforma nuevamente la educación en un bien de consumo excluyente. Kast convierte la deuda en un mecanismo de disciplinamiento e hipoteca el futuro de toda una generación.
El cerco mediático intenta camuflar este despojo económico utilizando la agenda migratoria y las listas de espera como cortina de humo. El fracaso de este modelo de sofocamiento es inminente. La rápida condena sindical por la ausencia de medidas pro-empleo advierte que en Chile se defenderán los derechos conquistados.
Frente a las alzas recientes que encarecen el diésel en cerca de 600 pesos, los camioneros chilenos anunciaron movilizaciones y cortes de ruta.
La brecha entre ambos proyectos resulta insoslayable, mientras La Moneda fomenta la especulación alimentaria y entrega a la ciudadanía al monopolio del retail, Palacio Nacional interviene la cadena logística, congela el costo de la canasta básica y expone públicamente a los acaparadores.
Frente a las mismas turbulencias económicas globales, México elige la defensa frontal del bolsillo popular y ejecuta un freno radical al precio de los combustibles. Mientras en Chile el Gobierno heredero del pinochetismo permite que el valor descontrolado de las bencinas castigue a la gente, el Gobierno de Sheinbaum gestiona soluciones para la crisis y asume el costo.
El Estado mexicano implementa subsidios directos de hasta siete pesos por litro (cerca de 360 pesos chilenos) mediante el ajuste del impuesto especial y establece un límite máximo para la gasolina.
El abismo entre ambos modelos radica en su financiamiento. Kast gobierna como gerente del gran capital, asfixiando la inversión pública para “subsidiar” rebajas a los superricos. En contraste, Sheinbaum ejerce el poder como escudo ciudadano.
La Presidenta costea la red de protección cobrando más tributos a la banca y persiguiendo implacablemente la evasión de las transnacionales. Simultáneamente, el Gobierno mexicano entrega alivio fiscal a las pymes e impone una férrea austeridad republicana para blindar los programas sociales.
En la mesa diaria, la brecha entre ambos proyectos resulta insoslayable. Mientras La Moneda fomenta la especulación alimentaria y entrega a la ciudadanía al monopolio del retail, Palacio Nacional despliega todo su músculo regulatorio. Mediante el Paquete contra la Inflación y la Carestía, el Estado mexicano interviene la cadena logística, congela el costo de la canasta básica y expone públicamente a los acaparadores.
Cuando el gobierno abandona su papel protector, la fractura social resulta inevitable. Gobernar para la élite financiera tiene fecha de caducidad. Mientras el dogma conservador empuja a Chile hacia el colapso, el escudo social levantado en México evidencia la plena vigencia de una alternativa emancipadora.
Poner al Estado y la economía al servicio del pueblo sigue siendo el único camino posible.
