POR CECILIA OROZCO TASCÓN /
El análisis presentado en el espacio periodístico En La Raya con Cecilia Orozco por parte de la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, y el experto en seguridad y asesor en procesos sociojurídicos, Juan Carlos Villamizar, aborda con profundidad crítica uno de los eventos más preocupantes recientes de la seguridad nacional en Colombia: la parálisis total de Santa Marta durante tres días debido a las amenazas y acciones violentas de un grupo criminal que se autodenomina Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
El desafío al Estado y la «gobernanza criminal»
Demostración de fuerza y control urbano: el paro armado no representó un hecho aislado en una zona rural apartada, sino una desafiante demostración de control territorial en un centro urbano clave para el turismo, la economía y la política del Caribe colombiano (los departamentos del Magdalena y La Guajira, así como las estribaciones del Perijá).
Los analistas recordaron que esta estructura no surgió de la nada; posee una profunda raíz histórica de aproximadamente 40 años que se remonta a las épocas de las bonanzas ilegales (marihuana), pasando por los ejércitos privados de jefes paramilitares como Hernán Giraldo, hasta mutar en las formas criminales actuales.
El debate político expone el dilema entre las políticas de seguridad puramente coercitivas —centradas en la obtención de «resultados operacionales» y bajas en combate a corto plazo— frente a la necesidad de construir una estrategia integral de Estado.
Los entrevistados advirtieron que responder únicamente con fuerza militar («meterle antibiótico a un virus») sin cerrar las fuentes de reclutamiento ni consolidar la presencia institucional genera un ciclo interminable de rearmes y pérdida de legitimidad estatal.
El arraigo comunitario y la economía del «protoestado»
Sociológicamente, la región ha convivido con una “gobernanza criminal” donde la población civil ha normalizado la extorsión como un tributo cotidiano («la vacuna») a cambio de una precaria regulación del orden, resolución de conflictos locales e infraestructura básica.
Este fenómeno convierte al grupo armado en un protoestado aceptado o tolerado por necesidad en medio del histórico abandono estatal.
Ante el avance de operaciones militares intensas y la disputa territorial simultánea con otras estructuras (como el Ejército Gaitanista de Colombia / Clan del Golfo), las comunidades locales quedan atrapadas en medio del fuego cruzado. Dado que los actores armados suelen mimetizarse entre la población civil, se incrementan los riesgos sobre el cumplimiento del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), abriendo paso a posibles abusos o “falsos positivos” judiciales.
El fracaso metodológico y el limbo jurídico
Se criticó tanto la improvisación y falta de rigor metodológico y presupuestal en algunos intentos de diálogo del gobierno anterior (como la «Paz Total» urbana) como la radicalización institucional actual que estigmatiza o criminaliza cualquier salida negociada.
Los expertos coincidieron en que, históricamente, los conflictos armados complejos de alta raíz social y territorial no se extinguen únicamente mediante la aniquilación militar total, sino que eventualmente requieren marcos de sometimiento a la justicia claros, soberanía institucional y una presencia social sostenible.
La entrevista completa en el siguiente video:
Revista Raya, Bogotá.
