Por Eduardo Sarmiento Palacio

El Proyecto de Ley de Tierras, presentado por el Gobierno al Congreso en desarrollo del primer punto del acuerdo por la paz, revivió el debate sobre la tenencia de la tierra. De nuevo se volvió a los temas de expropiación y extinción de dominio. No es claro, sin embargo, qué parte de la iniciativa proviene del acuerdo de paz con las Farc y cuál del Gobierno.

La expropiación fue reconocida en la Ley Agraria de 1936, que se abrió camino en términos del principio aceptado de que el bien común prima sobre el bien privado, y se acogió a regañadientes. En cambio, el principio de la extinción de dominio, que se originó en las normas de la reforma agraria, ha sido materia de grandes diferencias. En el proyecto de ley se plantean modificaciones de fondo. El tema no se contempla en el documento de acuerdo por la paz. Si bien el documento es muy incisivo en el acceso a la tierra, no entra en mayores consideraciones sobre la forma. En ninguna parte se insinúa que el mecanismo sea la extinción de dominio. Ni siquiera se refiere al latifundio, que constituiría el primer candidato para la aplicación de la norma.

En la información histórica de varias décadas aparece que la productividad de la tierra desciende con el tamaño de las unidades. Si se tiene en cuenta la existencia de economías de escala en la aplicación de los insumos, la única explicación posible del comportamiento es la escasa inversión en los predios medios y grandes. El comportamiento solo puede entenderse por los lotes de engorde. Mientras se persista en mantenerlos, no será fácil prescindir de la extinción de dominio para las unidades inadecuadamente explotadas.

El desarrollo agrícola se ha asociado tradicionalmente con el acceso a la tierra. Si bien es indispensable completar la titulación y fundamentación de la propiedad, no es la causa del estancamiento del sector ni la limitación para la recuperación. En mi último libro se muestra cómo la principal causa del retroceso del sector en los últimos 25 años ha sido la falta de demanda. Los avances tecnológicos, el fortalecimiento de las cadenas de intermediación y el suministro de insumos han operado relativamente bien. El crecimiento de productividad del sector, en términos del capital y trabajo, es el más alto de la economía. Sin embargo, no ha traído un aumento en la producción y en los salarios, porque, ante la falta de demanda, los empresarios han procedido a recortar en forma drástica la inversión. Si esto se hubiera enfrentado en su momento, el sector no se habría descolgado en términos de producto nacional y remuneraciones.

La falla del sector es que se ha tratado de administrar y orientar con normas determinadas por mitos universales que se aplican en todos los lugares. Así, la apertura económica le dio el mismo tratamiento a los productos tropicales y a los bienes temperados, que son producidos en los países más avanzados, lo que terminó liquidando a los últimos. Ahora, la ley Zidres concede un amplio acceso a los terrenos baldíos sin saber qué productos se van a cultivar, quiénes los producirán y cuál será su destino. No se previene que un acceso masivo del capital en estas zonas puede ocasionar un estado de sobreproducción que lesiona al pequeño productor.

El documento base del acuerdo por la paz constituye un avance importante de planeación, en cuanto que establece, como propósito central del sector en los próximos años, elevar el ingreso del pequeño productor y reducir a menos de la mitad la pobreza. La tarea se puede realizar con 250 proyectos orientados a ampliar la producción de cultivos que disponen de la demanda, una considerable transferencia presupuestal que permita levantar la inversión y el cambio de actitud de los líderes agrícolas.

El Espectador, Bogotá.