RESUMEN AGENCIAS /

La decisión del Gobierno estadounidense de Joe Biden a pocos días de finalizar su gestión de retirar a la República de Cuba de la lista de supuestos países que promueven el terrorismo si bien es acertada, es al mismo tiempo tardía y limitada por cuanto sigue manteniéndose el criminal bloqueo económico contra la Isla.

Cuba no patrocina acciones terroristas y nunca ha sido, ni será una amenaza para la seguridad nacional de los EE.UU., por lo tanto, no debió estar en esa malhadada lista.

La decisión de Washington representa un acto de justicia, pero un hecho insuficiente teniendo en cuenta los efectos inhumanos que sigue generando el bloqueo que es un crimen de lesa humanidad porque apunta al exterminio de la población de todo un país.

Por lo pronto, la medida adoptada por Biden haciendo uso de su prerrogativa presidencial impide que se puedan adoptar acciones en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton; y elimina la lista de entidades cubanas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos y entidades financieras estadounidenses realizar transacciones financieras.

A pesar de su carácter limitado, se trata como señaló la Cancillería cubana, de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del Gobierno y el pueblo de Cuba.

Cuba y la “injusticia” de su inclusión en la lista de EE.UU.

El Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, interpuso sus buenos oficios ante Washington para que Cuba saliera de la infame lista al enviar una nota diplomática a la administración de Joe Biden, hecho que fue resaltado el pasado martes 14 de enero por la Casa Blanca como una de las razones por las que decidió retirar a la Isla de ese ranking.

La nota, firmada por el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, califica a Cuba como un país que lleva años siendo facilitador de la paz en Colombia.

«A lo largo de los años, Cuba ha desempeñado un papel importante a la hora de facilitar los esfuerzos de paz de Colombia, al actuar como país anfitrión y demostrar ser un interlocutor confiable», se lee en la misiva.

El texto de Colombia recalca que el país caribeño fue escogido durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), junto a Noruega, como garante de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La carta destaca que las conversaciones, que recibieron el acompañamiento de Naciones Unidas, fueron suspendidas por el posterior Gobierno de Iván Duque (2018-2022): «Utilizando su influencia con la Administración Trump, [Duque] presionó para la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo», recuerda el texto.

La razón esgrimida por Duque para pedir la inclusión de Cuba en el listado fue «la presencia de miembros del ELN en la isla», quienes se encontraban allí porque formaban parte de la delegación de paz.

El embajador colombiano recalcó que la decisión de Duque, quien finalmente rompió relaciones con La Habana, «estuvo altamente motivada política e ideológicamente».

La nota recoge el compromiso de Petro de corregir esa «injusticia», por lo que su Administración solicitó a EE.UU. que autorizara «la eliminación de Cuba» de la citada lista, en la que permanecía desde el año 2021.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba: adopta EE.UU. medidas en la dirección correcta, pero el bloqueo permanece

Por su parte, la Cancillería cubana expidió el siguiente pronunciamiento público:

El 14 de enero de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de: 1) excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo; 2) hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton; y 3) eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.

A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. El Gobierno de Cuba agradece a todos por su contribución y sensibilidad.

Esta decisión pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto a muchas otras, causan un grave daño a la economía cubana, con un efecto severo sobre la población. Este es y ha sido un tema presente en los intercambios oficiales de Cuba con el gobierno de Estados Unidos.

Es importante señalar que permanecen vigentes el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y en violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos.

Por solo citar unos ejemplos, continúa la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar. Se mantiene la cruel y absurda persecución de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, amenazando así con privar a millones de personas de servicios de salud y limitando las potencialidades del sistema de salud pública cubano. Las transacciones financieras internacionales de Cuba o las de cualquier nacional que estén relacionadas con Cuba permanecen bajo prohibición y represalias. Los buques mercantes que atraquen en Cuba también siguen amenazados.

Por otro lado, todo ciudadano estadounidense, empresa y entidad subsidiaria de una corporación de ese país, tiene prohibido comerciar con Cuba o entidades cubanas, salvo excepciones muy restringidas y reguladas. El acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier país que se proponga comerciar con Cuba o invertir en este país, continúa siendo política oficial de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un destino que el gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos.

La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana con un alto costo humano para la población, y continúa siendo un estímulo a la emigración.

La decisión anunciada hoy por Estados Unidos corrige, de modo muy restringido, aspectos de una política cruel e injusta. Es una corrección que ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos para justificar la inacción, si es que se deseaba actuar correctamente. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestro país en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos.

Se conoce que el gobierno de ese país podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad, ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba.

Para hacerlo, los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta, mientras siga vigente la visión descrita en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory, y la meta por él descrita de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, la miseria, el hambre y la desesperación. No se detendrían en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer y aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación, y mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida e ilegal de asfixia económica contra Cuba.

Cuba seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos. También permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias.

La Habana, 14 de enero de 2025.