RESUMEN AGENCIAS /
Los familiares de la jurista italiana y Relatora especial de la ONU para los territorios palestinos reclaman que las penas son excesivas y han arruinado su vida y la de sus seres queridos.
El marido y la hija de la abogada, defensora de derechos humanos y relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, presentaron el pasado miércoles 25 de febrero una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por las duras sanciones que la Administración del presidente Donald Trump impuso a la jurista el año pasado tras sus críticas a las políticas de Israel en su operación sistemática de limpieza étnica perpetrada en la Franja de Gaza. Además de Trump, entre los demandados están la fiscal general, Pam Bondi; el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Tras publicar el pasado julio un informe titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’, el Departamento de Estado sancionó a la defensora de los derechos humanos por su supuesto “antisemitismo descarado” y por alentar una campaña política y económica contra Israel, según Washington. La cartera que dirige Rubio la acusó de “colaboración directa” con la Corte Penal Internacional (CPI) para “investigar, detener, encarcelar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos dos países”.
Los familiares de Francesca Albanese, que residen en Estados Unidos, piden que los tribunales impugnen “las sanciones excesivamente amplias y más allá de sus competencias que violan los derechos de la Primera [sobre libertad de expresión], Cuarta [protege a las personas contra registros indebidos de las autoridades] y Quinta Enmienda [garantiza derechos fundamentales en procedimientos penales] y que exceden los límites legales que el Congreso ha impuesto al uso de sanciones y a las acciones de las agencias por parte del presidente”, señala la demanda.
Los familiares de Albanese demandan al Presidente de EE.UU. y tres altos cargos de su Gobierno por el grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la familia, incluida la posibilidad de acceder a su vivienda en Washington.
Las autoridades estadounidenses impusieron unas draconianas sanciones que incluyen la retirada del visado, la prohibición de entrar en Estados Unidos, donde vivía con su marido, que trabaja en el Banco Mundial, y su hija.
Albanese vive ahora en Túnez, pero no puede siquiera viajar a Nueva York para presentar los informes anuales como relatora en la ONU. Es una perseguida política por parte del Gobierno Trump que ordenó congelar todos sus bienes, entre ellos su cuenta y su apartamento en Estados Unidos. La incluyó en una lista negra, donde también figuran terroristas o narcotraficantes, que prohíbe a quienes figuran en ella operar en el sistema bancario internacional. De la noche a la mañana se convirtió en una paria financiera sin acceso a dinero ni ahorros.
Las sanciones también contemplan penas para cualquier ciudadano estadounidense que le preste ayuda o tenga con ella un intercambio económico o en especie. El pasado otoño explicó en la Cámara de Diputados de Italia: “En teoría no me pueden invitar a un café, porque les pueden multar con hasta 1.000 millones de dólares o imponerles 20 años de cárcel”.
En la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, el esposo de Albanese y su hija menor escribieron: “Este caso se centra en si los demandados pueden sancionar a una persona, arruinando su vida y la de sus seres queridos, incluida su hija ciudadana [estadounidense], porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”.
Los demandados, explican el esposo de Albanese y su hija en la denuncia, “han impuesto sanciones severas contra Francesca, cuya carga también ha recaído sobre su familia, en virtud de una orden ejecutiva excesivamente amplia que autoriza sanciones contra la TPI y cualquier persona extranjera que haya participado directamente en cualquier esfuerzo de la TPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos y algunos de sus aliados».
“La expresión de Francesca de sus opiniones sobre los hechos tal como los ha constatado en el conflicto israelo-palestino y sobre el trabajo de la CPI es una actividad central protegida por la Primera Enmienda”, se indica en la demanda. Ese tribunal ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el genocida primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de crímenes de guerra.
Albanese forma parte de un grupo de 47 expertos elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Se le encomendó investigar abusos de derechos humanos en los territorios palestinos y ha sido contundente al denunciar lo que ha descrito como el “genocidio” de Israel contra los palestinos en Gaza.
La jurista italiana cuenta con apoyo de la Dirección de Naciones Unidas. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ha respaldado el derecho de Albanese a “expresarse dentro del mandato que le ha sido conferido”, al tiempo que ha señalado que quienes discrepen de su labor “cuentan con mecanismos establecidos para canalizar sus objeciones”.
