POR GUSTAVO PETRO URREGO, CYRIL RAMAPHOSA , ANWAR IBRAHIM Y VARSHA GANDIKOTA-NELLUTLA /
Los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro Urrego; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y Malasia, Anwar Ibrahim, que integran el Grupo de La Haya y su presidenta interina Varsha Gandikota-Nellutla, coordinadora general de la Internacional Progresista, emitieron la siguiente declaración en la que condenan las acciones sistemáticas de genocidio contra el pueblo palestino asentado en la Franja de Gaza, así como la impunidad de crímenes contra la humanidad.
El texto del pronunciamiento es el siguiente:
¿Qué queda del orden internacional? Durante más de 500 días, Israel, con el apoyo diplomático, el armamento y el apoyo político de naciones poderosas, ha violado sistemáticamente el derecho internacional en Gaza. Esta complicidad ha asestado un golpe devastador a la integridad de la Carta de las Naciones Unidas y sus principios fundacionales de derechos humanos, igualdad soberana y prohibición del genocidio. Un sistema que permite el asesinato de unas 61.000 personas no sólo está fracasando, sino que ha fracasado.
Las pruebas, transmitidas en directo a nuestros teléfonos y evaluadas por los principales tribunales del mundo, son inequívocas. Desde la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel hasta las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra los principales líderes de Israel y las medidas preliminares emitidas en el caso de la Convención sobre el Genocidio presentado por Sudáfrica, las acciones de Israel constituyen claras violaciones del derecho internacional.
Sin embargo, a pesar de estos fallos, las violaciones persisten, permitidas por naciones que desafían descaradamente a los tribunales más importantes del mundo, con sanciones a funcionarios, empleados y agentes de la CPI y un abierto desafío a las órdenes del tribunal.
La reciente propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de “tomar el control” de Gaza –es decir, anexar y luego depurar étnicamente a la población palestina, que según Trump debería ser deportada a Egipto y Jordania– atenta contra los fundamentos mismos del derecho internacional, que la comunidad internacional tiene el deber de defender. Si se llevaran a cabo, esas acciones constituirían una grave violación del derecho internacional y de los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El ataque contra el pueblo palestino evoca capítulos oscuros de la historia de nuestros propios países: Sudáfrica bajo el apartheid, Colombia durante la contrainsurgencia y Malasia bajo el régimen colonial. Estas luchas nos recuerdan que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Podemos proceder de diferentes continentes, pero compartimos la convicción de que la complacencia es complicidad en esos crímenes. La defensa del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación es una responsabilidad colectiva.
En septiembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que describe las obligaciones legales de los Estados para garantizar el fin de la ocupación ilegal de Israel, con una abrumadora mayoría de 124 naciones votando a favor, enfatizando el imperativo de «garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional a fin de poner fin a la impunidad, garantizar la justicia, disuadir futuras violaciones, proteger a los civiles y promover la paz».
Por eso, junto con Bolivia, Colombia, Honduras y Namibia, hemos lanzado el Grupo de La Haya, una coalición comprometida a adoptar acciones decisivas y coordinadas para lograr la rendición de cuentas por los crímenes de Israel.
Los tres compromisos inaugurales del Grupo de La Haya están impulsados por dos imperativos: el fin de la impunidad y la defensa de la humanidad.
Nuestros Gobiernos cumplirán con las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, haciendo hincapié en investigaciones y procesamientos apropiados, justos e independientes a nivel nacional o internacional; impediremos que los buques que transporten suministros militares a Israel utilicen nuestros puertos; y evitaremos todas las transferencias de armas que corran el riesgo de permitir más violaciones del derecho humanitario.
En un mundo interconectado, los mecanismos de la injusticia se encuentran en el tejido de las cadenas de suministro globales. No es posible construir armamento avanzado sin metales, componentes, tecnología y redes logísticas que abarquen continentes. Al coordinar nuestras políticas, pretendemos construir un baluarte para defender el derecho internacional.
El objetivo de estos esfuerzos no es socavar el multilateralismo, sino salvarlo. Así como la comunidad internacional se unió en su día para desmantelar el apartheid en Sudáfrica (mediante una presión jurídica, económica y diplomática igualmente coordinada), ahora debemos unirnos para hacer cumplir el derecho internacional y proteger el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación. La alternativa es rendirnos a un mundo en el que sólo la fuerza determine qué leyes importan y cuáles otras pueden violarse a voluntad.
El reciente cese de las hostilidades, el intercambio de rehenes y el regreso de las familias palestinas desplazadas son pasos positivos hacia una solución pacífica de esta insoportable catástrofe. Sin embargo, el alto el fuego ya ha demostrado ser frágil y nuestra responsabilidad colectiva de garantizar una paz duradera es ahora sumamente urgente.
El sistema internacional no puede perdurar si lo socavan quienes ejercen el veto y las sanciones para proteger a los aliados del escrutinio o utilizan la ayuda y el comercio como herramientas de coerción. La amenaza de castigo tiene por objeto obligar a los países a replegarse en un lenguaje de súplicas. No podemos permanecer pasivos y vernos obligados a publicar “llamados” y “demandas” mientras se destruyen los principios de justicia que sustentan nuestro orden internacional.
Creemos en el protagonismo, no en la súplica. La elección es clara: o actuamos juntos para hacer cumplir el derecho internacional o corremos el riesgo de que se derrumbe. Elegimos actuar no sólo por el pueblo de Gaza, sino por el futuro de un mundo donde la justicia prevalezca sobre la impunidad.
Que este momento marque el inicio de un compromiso renovado con el internacionalismo y los principios que nos unen como comunidad global.
