EDITORIAL TSC /

En el escenario político colombiano, la denuncia presentada por el excongresista liberal barranquillero Álvaro Ashton Giraldo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado una fuerte conmoción. Ashton acusa al expresidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, destacado opositor del Gobierno de Gustavo Petro y precandidato presidencial por el Partido Conservador, de haber establecido alianzas con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para obtener ventajas electorales. Este señalamiento no solo pone en tela de juicio la integridad de Cepeda, sino que también reaviva el debate sobre la relación entre sectores políticos y grupos armados ilegales en Colombia.

Efraín Cepeda Sarabia es una figura prominente del Partido Conservador y también uno de los integrantes veteranos del Congreso de la República, reconocido por su postura crítica frente al actual Gobierno y la defensa de criterios retardatarios. Con una carrera política de varias décadas, Cepeda ha construido una imagen pública basada supuestamente en la ‘moralidad’ y el rechazo a la violencia. Su aspiración presidencial lo posiciona como uno de los principales referentes de la oposición de derecha, lo que hace que la denuncia de Ashton tenga especial relevancia en el contexto electoral y en la percepción ciudadana sobre la ética política.

La denuncia del excongresista Ashton ante la JEP señala que Cepeda habría pactado acuerdos con el Bloque Norte de las AUC, un grupo paramilitar conocido por su influencia en procesos electorales y por sus acciones violentas.

El exdirigente liberal sostiene que estas supuestas alianzas permitieron a Cepeda Sarabia obtener apoyo electoral en regiones estratégicas del Caribe, favoreciendo su ascenso político. Aunque la denuncia requiere ser investigada en profundidad, su sola existencia ya pone en entredicho la legitimidad de los logros políticos de Cepeda y su hipotético discurso de rectitud.

La gravedad de la denuncia afecta directamente la credibilidad de Efraín Cepeda, especialmente porque su narrativa se fundamenta supuestamente en la transparencia y en la defensa de principios conservadores. Si se comprueba alguna relación con grupos armados, Cepeda no solo perdería autoridad moral, sino que también podría ver comprometida su aspiración presidencial y el respaldo de sectores de su colectividad, a más por supuesto, de enfrentar un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia obliga a Cepeda a responder públicamente, aclarando su posición y las circunstancias de los hechos señalados, para evitar que la sospecha se convierta en condena social y política.

Más allá de la situación personal de Cepeda, la denuncia de Ashton evidencia las profundas fisuras del sistema político colombiano, en el que las alianzas con actores violentos han sido una constante que socava la frágil democracia en este país. La falta de explicaciones claras y la tendencia a minimizar este tipo de señalamientos perpetúan la desconfianza ciudadana y la impunidad. Es fundamental que Cepeda, entonces, como figura pública y precandidato presidencial, brinde explicaciones detalladas y permita una investigación exhaustiva, mostrando un compromiso real con la transparencia y la legalidad.

Esta grave acusación trasciende la coyuntura electoral y pone a prueba la solidez ética de los líderes políticos colombianos. En un país marcado por el conflicto y la desconfianza en las instituciones, la denuncia obliga a una reflexión profunda sobre el papel de los partidos y sus representantes.

El llamado es claro: la sociedad exige transparencia, explicaciones públicas y un compromiso efectivo con la paz y la democracia. Cepeda Sarabia tiene la responsabilidad y la obligación de responder ante la opinión pública y contribuir al esclarecimiento de los hechos, en aras de fortalecer la legitimidad del sistema político y restaurar la confianza de su partido y de sus electores que hoy prácticamente por los graves señalamientos, yace en el fango.