POR BRUNO SGARZINI /

Antes de las elecciones presidenciales, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) le pagó 42 mil dólares a una oscura firma de lobby del exdirector de la CIA en Venezuela.

La elección presidencial de Colombia se ha convertido en el centro de disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y los grupos concentrados de la economía colombiana descontentos con su agenda de “cambio”. Uno de ellos, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha llegado a pedir a la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) un pronunciamiento en contra del mandatario colombiano por “intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado”.

En la misma carta, el presidente de la institución, Bruce Mac Master, solicitó “medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de que el Estado colombiano adopte acciones para impedir que el presidente Gustavo Petro realice declaraciones que puedan afectar las garantías del proceso electoral”. El pedido es un intento de poner un bozal legal contra el presidente colombiano después de que denunciara varias fallas en el conteo rápido realizado por la Registraduría Nacional, el organismo electoral del país.

No es un incidente aislado, un año antes, Mac Master “pronosticó” que, si Iván Cepeda pierde las elecciones, el oficialismo buscará crear un ambiente de tensión social parecido al de 2021 con el objetivo de preparar el terreno para una “campaña de retoma” del poder en 2030. “Se están creando todas las condiciones para que de 2026 a 2030 sea un periodo agitado, inestable y así montar una campaña en el 2030. Tenemos que enfocarnos en una senda en la que logremos construir desarrollo y crecimiento económico, porque si no, Colombia no va a salir y a solucionar todos esos problemas sociales que tenemos y que son muchísimos”, dijo en una entrevista a la revista Semana, propiedad del grupo Gilinski, cuyo holding abarca desde grandes entidades financieras, como GNB Sudameris, Lulo Bank y ServiBanca, hasta grandes compañías de alimentos, como Nutresa, bienes raíces con la cadena Four Seasons Colombia, y energía con GeoPark.

En los cuatro años de Gobierno de Petro, el directorio de ANDI ha criticado en público sus proyectos de reforma laboral y de salud, entre otros. Uno de los picos de enfrentamiento sucedió en abril de 2025 cuando Juan Arturo González Rojas, empleado de la vicepresidencia jurídica de la ANDI, hizo lobby en el Congreso para que un grupo de diputados del ultraconservador partido Cambio Radical presentaran varias modificaciones a la reforma laboral presentada por el Gobierno, según una investigación periodística del medio Vorágine.

Una de esas modificaciones apuntaba a que el proyecto abandonara la idea de prohibir a las empresas que le dieran mayores beneficios salariales a los trabajadores no sindicalizados para evitar que los gremios se fortalezcan. En Colombia, no existe una prohibición contra el lobby político-empresarial.

De hecho, en sus estatutos, la ANDI sostiene que es «vocero de los intereses de la Empresa Privada» y su objeto incluye «defender, fomentar y difundir los principios políticos, económicos y sociales del sistema de libre empresa» y «actuar ante las ramas legislativa y ejecutiva del poder público para procurar normas convenientes para la Nación, los sectores económicos y los afiliados”.

De esta forma, ha hecho gestiones frente al Gobierno de Estados Unidos para influir contra la imposición de aranceles contra algunos productos colombianos, como el acero, el aluminio y otros enmarcados dentro del Tratado de Libre de Comercio firmado entre Washington y Bogotá en 2012.

La ANDI, por aquel entonces, fue uno de los promotores de este acuerdo bajo la presidencia de Luis Carlos Villegas, nombrado luego embajador en Washington y ministro de Defensa bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Fabio Echeverri, antiguo presidente de la entidad, además, fue gerente de campaña de Álvaro Uribe Vélez.

En este contexto, la ANDI contrató, en el primer trimestre del año, los servicios de lobby en Washington de Tower Strategy, una oscura firma dirigida por Enrique Ángel de la Torre, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, e integrada como asesor por James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela instalado en Bogotá. La asociación empresarial le pagó a Tower Strategy 42 mil dólares para que De la Torre hiciera lobby frente al Senado, la Cámara de Representantes, los Departamentos de Estado y Comercio, la oficina del Presidente estadounidense, el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

El objetivo era, según un documento oficial presentado a las autoridades estadounidenses, “la Defensa y promoción de las relaciones comerciales y económicas entre Estados Unidos y Colombia, incluyendo esfuerzos para fortalecer los vínculos comerciales bilaterales, fomentar un clima de inversión estable y competitivo, y respaldar políticas que incentiven el nearshoring (relocalización de la producción en países cercanos) y la diversificación de las cadenas de suministro en el Hemisferio Occidental. Interacción con funcionarios del gobierno estadounidense sobre las perspectivas del sector privado en Colombia, la integración económica regional y las oportunidades para aumentar la inversión privada estadounidense. Las conversaciones también incluyeron el papel del sector empresarial colombiano en el apoyo a la estabilidad regional, las instituciones democráticas y los esfuerzos de recuperación económica relacionados con Venezuela, así como las prioridades más amplias de la política exterior y comercial de Estados Unidos que afectan a Colombia y América Latina”.

Otro reporte de lobby solo menciona asuntos relacionados a comercios y leyes de Estados Unidos con Colombia.

Si bien el objetivo reportado no revela intención de influir en la posición estadounidense respecto a las elecciones colombianas, el documento muestra el interés de la ANDI de pagar por estos servicios en Washington después de que entre 2024 y 2026 no existiesen registros oficiales de lobby en Estados Unidos de la entidad. Los temas van desde los aranceles, los intereses del sector privado colombiano, la defensa de las “instituciones democráticas” y el “apoyo a los esfuerzos de recuperación económica relacionados con Venezuela”. Un alineamiento completo a la agenda de Donald Trump en América Latina que también revela el interés de la asociación empresarial por posicionar sus compañías en el reingreso de los capitales internacionales a Venezuela, bajo el esquema de permisos otorgados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado.

Desde esta perspectiva, se entiende que, a través de estos pagos, la ANDI buscó acceder a la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, y el Departamento de Estado, entre otros, a través de Tower Strategies, fundada hace poco tiempo por Torre, un exempleado de Continental Strategies de Carlos Trujillo, persona cercana al secretario de Estado, Marco Rubio, y exembajador de Estados ante la Organización de Estados Americanos. Torre, exempleado de la armamentística General Dynamics y promotor de la intervención en Venezuela, trabajó en esta firma como lobbista para “el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) de la República Dominicana y para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, cuya región occidental de Esequibo ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión con Venezuela”, según una investigación del periodista Jack Poulson.

Tower Strategies, la firma de De la Torre, tiene entre sus clientes registrados a “la controvertida empresa de búsqueda de tesoros Odyssey Marine Exploration, la compañía de criptomonedas Bitdeer, con sede en Singapur y afiliada a Tether, la firma de la cadena de suministro solar T1 Energy y la corporación internacional de exportación de energía solar UGT Renewables / Sun Africa”, según Poulson. T1 Energy es conocida por desarrollar baterías litio, haber firmado un acuerdo con la empresa Palantir de Peter Thiel para “obtener información crucial basada en datos”, y tener en su consejo de administración a David Manners, exjefe de la estación de la CIA en Amán, Jordania, y Praga, República Checa. Y Odyssey Marine Exploration por varios escándalos judiciales en España y México por haber infringido varias leyes en sus misiones de “búsquedas de tesoros” en los restos de barcos españoles de los tiempos coloniales.

El pago de la ANDI a la empresa de De la Torre, que acaba de abrir oficinas en Caracas para “facilitar inversiones en Venezuela», coincidió con una publicación suya en Ricktorres.com, donde criticó al Gobierno de Gustavo Petro por haberse alejado de Estados Unidos con sus políticas de paz y reformas económicas.

“La confianza empresarial se ha deteriorado. La incertidumbre jurídica ha aumentado. Los inversores ahora valoran a Colombia como una historia de riesgo político en lugar de un pilar regional. La preocupación de ANDI no es partidista, sino institucional. La planificación industrial no puede sobrevivir en un país donde el Estado duda en enfrentarse al poder criminal armado, mientras asegura a los inversores que la estabilidad llegará de alguna manera. Esto no es nostalgia por el Plan Colombia. Es recuerdo. Colombia avanzó cuando combinó legitimidad con fuerza, inversión social con aplicación de la ley y soberanía con rendición de cuentas. Se estancó cuando la ideología reemplazó la disciplina y el simbolismo reemplazó los resultados. Petro está cerca del final de su mandato. Eso importa. Colombia no está condenada a este camino. El país puede volver al centro, recuperar credibilidad y reafirmarse como un socio serio de Estados Unidos, en lugar de un mero espectador de su propia decadencia. Washington, por su parte, debe mantenerse firme pero abierto. La presión funciona cuando deja la puerta abierta a líderes preparados para gobernar con madurez”, escribió de puño y letra el 5 de febrero cuando el contrato de lobby con la ANDI estaba activo según los registros oficiales.

La conexión de la ANDI con esta oscura firma se ubica en el contexto de las denuncias hechas por el senador Wilson Arias del Pacto Histórico en 2025 acerca de un documento de la entidad que buscaba un “golpe blando” contra Gustavo Petro. En aquel momento, el senador sostuvo que la asociación intentó usar la “crisis de salud” en el país para crear “una amplia red de actores políticos, empresariales y sociales” estructurada en cuatro frentes: uno técnico, uno jurídico, otro político y un último de propaganda. El objetivo, según él, era “ejercer presión sobre el gobierno mediante movilización social, acciones legales, activación de la comunidad internacional y estrategias de visibilización mediática”.

Uno de los puntos de este documento, no publicado de forma completa, hablaba de “crear narrativas emocionales” para influir en las elecciones presidenciales y escalar las acciones judiciales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el senador oficialista. La misma Comisión a la que la ANDI presentó su denuncia contra Petro en el marco de las elecciones presidenciales.

La asociación tiene una tradición histórica de defender los intereses de grupos empresariales afectados por las reformas emprendidas por el gobierno de Petro. Entre sus miembros aparecen grandes conglomerados relacionados a las cámaras empresariales que representa como su fundadora, Cementos Argos, la empresa de bebidas Postobón de la poderosa familia Ardila Lülle, la cervecera Bavaria, los grupos financieros Sarmiento Ángulo y Santo Domingo, la minera Drumond, Unilever Andina Colombia, la estatal Ecopetrol, entre muchas otras.

En total, la ANDI “reúne a más de 1.300 afiliados que, representan entre el 50 % y 55 % del PIB nacional”, según su página oficial. Muchas de sus políticas sectoriales, además, se articulan con La Cámara de Comercio Colombo Americana.

Algunas de las empresas afiliadas a la ANDI, como la minera Drumond, Postobón, Cementos Argos, la cervecera Bavaria, entre otras, fueron señaladas de financiar al paramilitarismo colombiano en la Jurisdicción Especial Paz (JEP), el informe de la Comisión de la Verdad, dirigido por el padre Francisco de Roux, y testimonios de paramilitares y algunas de las víctimas. Para su presidente, Mac Master, es un error calificar a los empresarios como “terceros en el conflicto” cuando, en realidad, fueron también víctimas de secuestros y extorsiones.

Si bien la discusión entre la paz y la guerra parece un tema saldado en la sociedad colombiana, la política parece seguir dividida bajo los mismos clivajes del pasado usados por algunos sectores para promover políticas de desigualdad y pobreza.

Diario Red