POR OMAR ROMERO DÍAZ /

El exsenador Álvaro Ashton Giraldo reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cómo políticos y empresarios de la Costa Caribe financiaron y se beneficiaron de las Autodefensas. Los nombres que mencionó siguen hoy vigentes en la vida pública del país.

La verdad empezó a filtrarse por las grietas del poder. Hace una semana, en una audiencia ante la JEP, el exsenador liberal Álvaro Ashton soltó una de las declaraciones más reveladoras de la historia reciente: confirmó alianzas económicas, políticas y electorales entre dirigentes, empresarios y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC en la Costa Caribe.

Lo que durante años se susurró en voz baja en los pasillos de Barranquilla y Santa Marta, ahora quedó escrito en actas judiciales. Ashton mencionó a Efraín Cepeda Sarabia, expresidente del Senado y hoy precandidato presidencial por el Partido Conservador; al empresario Julio Gerlein Echeverría; al dirigente David Char Navas; al exalcalde Guillermo Hoenigsberg; al ministro del Interior, Armando Benedetti (entonces congresista), entre otros.

Según su testimonio, muchos de ellos respaldaron partidas presupuestales que, bajo la figura de proyectos públicos, terminaron beneficiando al Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Del presupuesto al fusil: cómo se financiaba la guerra desde el Estado

 

El excongresista Ashton detalló que desde el Congreso se promovieron artículos, partidas y programas que sirvieron de puente financiero para la expansión paramilitar en municipios del Atlántico y Magdalena.

Los recursos, supuestamente destinados a obras y desarrollo, fueron capturados por redes que garantizaban control electoral y territorial para políticos aliados al paramilitarismo.

El exsenador describió cómo la Alcaldía de Barranquilla, la Universidad del Atlántico y hospitales públicos como el Materno Infantil de Soledad fueron cooptados mediante amenazas, contratos direccionados y nóminas manejadas por las AUC.

“Se trataba de asegurar el poder a través del miedo”, afirmó Ashton ante los magistrados.

La parapolítica como modelo de poder

Lo que Ashton narró ante la JEP no es solo una historia del pasado. La parapolítica, lejos de haber desaparecido, se recicló en estructuras empresariales, fundaciones y partidos que hoy siguen gobernando.

Los mismos apellidos Cepeda Sarabia, Char, Gerlein, Name, dominan cámaras de comercio, bancos, universidades y campañas políticas, mientras el discurso de la legalidad encubre décadas de violencia y despojo.

Su confesión dejó en evidencia que el paramilitarismo no fue una desviación del Estado, sino una forma alternativa de gobernar: una “gobernanza armada” donde la ley se escribía con balas, y la democracia se compraba a punta de contratos.

La verdad que incomoda

Álvaro Ashton pidió perdón a las víctimas y dijo buscar reparación moral. La JEP valoró su aporte, pero sus palabras abrieron una caja de Pandora: la entidad remitió las declaraciones a la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia para que investiguen a los mencionados.

Sin embargo, el verdadero reto está fuera de los tribunales. Porque lo que Ashton describió no es solo corrupción o parapolítica; es el ADN del poder en Colombia, un sistema donde la violencia fue funcional a los negocios y al control político regional.

Y, en muchos casos, los herederos de esa alianza aún mandan, legislan y contratan.

Un espejo incómodo para el país

 

El testimonio de Ashton obliga a mirar de frente una verdad que Colombia ha evitado por años: que la guerra no fue una locura de bandidos, sino una estrategia de clase; que las autodefensas fueron el brazo armado de una burguesía que se benefició del despojo, del miedo y de la impunidad.

Mientras el país celebra discursos de reconciliación, las víctimas siguen esperando justicia, y los apellidos de siempre se preparan para las próximas elecciones.

Ashton rompió el pacto de silencio. Pero la historia aún espera que el país rompa el pacto de impunidad.