¿QUEQUÉ? /

Las recientes declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López Hernández en una entrevista con ‘Blu Radio’ sobre la mutación de un medio periodístico como ‘Revista Semana’, de propiedad del emporio empresarial de la familia Gilinski,  a operador político de la ultraderecha, reabren un debate de gran calado para la democracia colombiana: hasta qué punto los grandes conglomerados mediáticos dejan de actuar como intermediarios informativos para convertirse en actores directos de la disputa por el poder.

La excandidata López Hernández reveló que el potentado empresario Gabriel Gilinski le expresó que para “bajarle la popularidad a un político” bastaban “tres portadas, tres encuestas y hasta luego”, y comentó además que el diálogo se dio porque ella cuestionó la credibilidad de la ‘Revista Semana’ y de ciertas mediciones electorales, señalando al medio en mención como un actor con agenda política propia.

Desde una perspectiva política, un medio de comunicación deja de ser solamente un escenario de deliberación cuando utiliza de manera coordinada su agenda, sus cubrimientos, sus portadas, sus encuadres narrativos y la amplificación de sondeos para favorecer o castigar actores específicos del campo electoral. En ese punto opera como un dispositivo de poder. No reemplaza a los partidos, pero sí puede complementar sus funciones: instala temas, selecciona enemigos, construye reputaciones, define quién aparece como “viable” y quién como “derrotable”, y organiza simbólicamente el campo de la competencia.

Es lo que ha caracterizado en el actual proceso electoral que vive Colombia con medios como la ‘Revista Semana’, el periódico ‘El Colombiano’ de Medellín y el portal digital ‘La Silla Vacía’ que mediante técnicas de manipulación han tomado partido claramente en favor de sectores tradicionales y de ultraderecha, sin advertir a su audiencia que han asumido una clara posición política, lo cual es legítimo, para no seguir engañando al posar de “independientes”.

La frase atribuida a Gabriel Gilinski condensa precisamente esa lógica instrumental: si las portadas y las encuestas son usadas no como herramientas informativas sino como mecanismos de intervención, entonces el medio se comporta como operador político-electoral y no como simple observador.

En democracias altamente mediatizadas, la lucha por el poder ya no depende solo de estructuras partidarias, maquinaria territorial o financiamiento tradicional; depende también del control de la visibilidad. Un conglomerado mediático con fuerte capacidad de agenda puede actuar como árbitro informal de respetabilidad pública. Esto significa que la disputa electoral se traslada parcialmente del terreno programático al terreno de la percepción. Bajo esta lógica, no necesariamente gana quien tiene mejores propuestas, sino quien consigue evitar ser fijado en un marco negativo persistente.

Cuando un medio insiste en una cobertura asimétrica, maximiza errores de unos, minimiza errores de otros y usa recursos editoriales para orientar emociones políticas, contribuye a producir una desigualdad estructural en la contienda democrática.

En el caso colombiano, esta discusión es especialmente sensible porque los medios no operan en un vacío institucional: se articulan con élites económicas, redes empresariales, grupos financieros y coaliciones ideológicas. Por eso la noción de “independencia” no puede tomarse como una autoetiqueta inocua.

Si un medio responde a intereses corporativos o a una preferencia política definida, ello no lo invalida automáticamente; lo problemático es que oculte esa toma de posición bajo una apariencia de neutralidad técnica o imparcialidad abstracta. Allí surge una asimetría ética decisiva: la audiencia cree recibir información desinteresada cuando en realidad está siendo expuesta a una operación de persuasión con fines de poder.

Hegemonía cultural

Desde el punto de vista sociológico, los medios corporativos no solo informan: producen realidad social. Seleccionan qué hechos merecen atención, qué actores son presentados como sensatos o peligrosos, qué emociones deben asociarse a determinados proyectos políticos y qué lenguajes se vuelven dominantes en la conversación pública.

Esa función de producción simbólica les otorga una capacidad enorme para convertir intereses particulares en sentido común colectivo. Cuando un medio logra presentar una preferencia de clase, de élite o de sector económico como si fuera la única visión razonable del país, ejerce hegemonía cultural.

La sociología de la comunicación ha mostrado que la influencia mediática rara vez opera como manipulación burda y directa. Lo habitual es que funcione mediante acumulación: reiteración de marcos, repetición de calificativos, selección de fuentes “expertas” homogéneas, jerarquización de escándalos y naturalización de ciertas categorías de interpretación. Así se va consolidando una percepción de plausibilidad: unos candidatos parecen serios, otros improvisados; unos se perciben como modernizadores, otros como amenaza; unos son tratados como voces autorizadas, otros como anomalías.

El poder mediático consiste, entonces, menos en decirle a la gente qué pensar que en delimitar el repertorio de lo pensable y lo decible.

Además, en contextos de alto grado de pugnacidad política, estos medios pueden contribuir a una segmentación moral del electorado. Quienes coinciden con su línea editorial se sienten confirmados; quienes la cuestionan son presentados como radicales, irracionales o sospechosos. El resultado es una esfera pública menos deliberativa y más disciplinaria.

La audiencia no recibe simplemente datos: recibe señales sobre qué posiciones otorgan prestigio, pertenencia y respetabilidad. De esta manera, los medios corporativos se convierten en fábricas de estatus simbólico, reforzando jerarquías sociales y políticas que exceden ampliamente la noticia puntual.

Modelar la opinión y distorsión del pluralismo

En términos mediáticos, la transformación de un medio en operador político-electoral suele ocurrir por la convergencia de cuatro mecanismos: concentración de propiedad, alineamiento editorial, espectacularización de la política y uso estratégico de métricas de opinión.

La concentración de propiedad reduce el pluralismo real, incluso cuando subsisten múltiples marcas. El alineamiento editorial permite que noticias, columnas, entrevistas, titulares y piezas audiovisuales apunten en una misma dirección interpretativa.

La espectacularización desplaza el análisis de programas hacia el drama, el escándalo y la personalización. Y el uso estratégico de encuestas puede producir un efecto de arrastre: no solo se mide la opinión, también se intenta modelarla a través de la presentación reiterada de jerarquías de popularidad.

Las portadas, por ejemplo, no son un elemento decorativo: condensan una tesis editorial. Determinan a quién se premia con centralidad, a quién se asocia con crisis, qué fotografía se elige, qué verbo se privilegia y cuál es la emoción dominante que se desea producir en el lector.

Del mismo modo, las entrevistas pueden dejar de ser un formato de contraste para convertirse en un escenario de confirmación o de hostigamiento, según el trato diferencial dado a los invitados. En ese ecosistema, el medio termina produciendo una narrativa continua donde la frontera entre información, opinión y activismo editorial se vuelve opaca.

También es importante subrayar que el problema no se reduce a un solo grupo empresarial. La crítica a los medios corporativos debe ser sistémica. Si distintos medios —por ejemplo, revistas, diarios regionales, portales digitales o cadenas radiales— asumen papeles de arbitraje ideológico sin transparentar con claridad sus intereses editoriales, el efecto acumulado es una distorsión del pluralismo. En lugar de un ecosistema informativo abierto, se configura un mercado de influencia en el que algunos actores cuentan con dispositivos permanentes de legitimación y otros enfrentan aparatos de desgaste reputacional.

La discusión, por tanto, no es si un medio tiene línea editorial —todos la tienen y es legítimo poseerla—, sino si la ejerce con honestidad intelectual, separación clara de géneros periodísticos y responsabilidad frente al derecho ciudadano a una información contextualizada y verificable.

Transparencia editorial

Desde la deontología periodística, la cuestión central no es exigir una objetividad imposible, sino reclamar honestidad profesional, rigor metodológico y transparencia editorial. Todo medio selecciona, encuadra y jerarquiza; por tanto, toda práctica periodística contiene grados de subjetividad. Pero esa constatación no autoriza la manipulación ni la simulación de independencia.

El deber ético consiste en informar con verificación suficiente, diferenciar con nitidez hechos, opiniones e interpretaciones, corregir errores, ofrecer contexto, evitar campañas encubiertas y revelar, en la medida de lo posible, conflictos de interés que puedan afectar la confianza pública.

Cuando un medio adopta una posición ideológica y la comunica abiertamente, la audiencia puede leer sus contenidos con criterios críticos y situados. En cambio, cuando posa de ‘independiente’ mientras actúa como actor faccioso, se produce una forma de engaño ético.

La falta no radica en tomar partido, sino en ocultar que se lo toma y en presentar como información neutral lo que en realidad es intervención interesada. Esta práctica erosiona la confianza en el periodismo en general, pues el descrédito de algunos medios termina contaminando a todo el oficio y fortalece discursos antiprensa que pueden ser aprovechados incluso por actores autoritarios.

Por eso, una ética periodística mínima en tiempos electorales debería incluir al menos cinco compromisos: transparencia sobre la línea editorial, trazabilidad metodológica de las encuestas, equilibrio en el trato a las candidaturas, separación visible entre información y opinión, y rendición de cuentas ante la audiencia.

No se trata de imponer neutralidad, sino de impedir que la influencia mediática se ejerza bajo disfraces de asepsia profesional. La legitimidad del periodismo no nace de proclamarse imparcial, sino de hacer explícitos sus criterios y someterlos a escrutinio público.

Participantes activos de la lucha electoral

La reciente controversia en torno a las declaraciones de Claudia López Hernández permite iluminar un problema estructural de las democracias contemporáneas: cuando los medios corporativos se fusionan con intereses económicos y estrategias de poder, dejan de ser solo narradores de la política para convertirse en participantes activos de la lucha electoral.

Ese tránsito no siempre adopta la forma de propaganda grosera; suele presentarse, más bien, como selección interesada de agendas, administración de prestigios, dramatización de escándalos y producción de climas de opinión.

Precisamente por eso el debate no puede resolverse con la vieja ficción de la objetividad absoluta (que no existe), sino con una exigencia más honesta y democrática: que los medios reconozcan su lugar, transparenten sus intereses y ejerzan el periodismo con rigor, responsabilidad y lealtad hacia el derecho ciudadano a comprender —y no a ser conducido subrepticiamente— en medio de la contienda pública.