Por Alpher Rojas C.

Aunque la Corte no derrumbó el Acuerdo, sí dejó un cultivo de proposiciones contaminantes.

La más reciente decisión de la Corte Constitucional que dio al traste con los elementos centrales del proceso especial legislativo, o ‘fast track’, parece ser el producto selectivo de un análisis no concluido sobre el proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana.

Se trata de una escalada de naturaleza jurídico-política más que del desarrollo de una técnica constitucional, que ahora aduce una supuesta ruptura del estatuto de separación de poderes, mediante la cual la Corte le introdujo importantes grados de riesgo y mayores costos políticos al trámite congresional, al ralentizar sus procedimientos.

Lo que tumbó la Corte, lo ha dicho lúcidamente, con todas sus letras, el doctor Humberto de la Calle en declaraciones a El Tiempo: “Es una implementación del acuerdo que ya existe y que fue refrendado por el Congreso siguiendo los propios dictados de la Corte. Estamos en una fase de desarrollo, no se está discutiendo un acuerdo nuevo”.

Y aunque la Corte Constitucional no derrumbó por completo los contenidos del Acuerdo final, sí dejó un cultivo de proposiciones contaminantes y revisionistas que pueden ser el acicate de la ultraderecha para deshistorizar y despolitizar el conflicto.

En provecho de esta decisión buscarán frenar el proceso de paz y revivir la guerra para llevar a cabo la retoma violenta de la tierra, y establecer el autoritarismo y la intolerancia, doctrina dominante en las ideas de Álvaro Uribe y de los principales conmilitones de su hermandad fascista.

De manera que ha sido falseada la palabra dada, no solo ante la contraparte, sino ante la comunidad internacional que al comprometer su apoyo político, moral, financiero y logístico consideró que se estaba ante un proceso investido de la más alta ética y que su institucionalidad haría todo lo posible por rodearlo de legitimidad, sostenibilidad y durabilidad.

No se tuvo en cuenta que los distintos mecanismos de verificación hubiesen confirmado no solo el ‘silenció de los fusiles’ por las Farc ni su cumplimiento de los Acuerdos al entregar las armas; la mayoría de sus guerrilleros está concentrada en las zonas veredales acordadas, mientras que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas, donde debían concentrarse los miles de combatientes de esta organización política alzada en armas.

De otro lado, la Misión de Naciones Unidas ha comprobado la presencia de una estructura paramilitar poblada por mercenarios jóvenes “dotados con armas nuevas”, en las zonas de verificación (que el Ministro de Defensa niega tozudamente). “Ya es normal verlos pasearse de civil muy cerca de los campamentos de las zonas al mando de ‘David’, ofreciendo pagar 10 millones de pesos a cada guerrillero que se pase a trabajar con ellos”. Desde luego, la incertidumbre de los habitantes de esas zonas es enorme.

Un mínimo estudio de los acontecimientos que han afectado el proceso nos permitirá encontrar un amplio cuadro de coincidencias y una familiaridad discursiva entre los resultados del innecesario plebiscito, por cierto, ´coordinado´ por el expresidente neoliberal César Gaviria; el esquive taurino de Vargas Lleras a esa política de Estado; la tesis del legista grecoquimbaya Fernando Londoño Hoyos, de “hacer trizas el maldito Acuerdo”; la demanda elaborada a diez manos siniestras por el senador uribista Iván Duque; la salida en falso del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para silenciar la voz de los jefes negociadores de la guerrilla Iván Márquez, de las Farc, y Pablo Beltrán, del Eln en el Congreso Nacional de Paz.

La aparente ingenuidad política del presidente Santos en la conformación de la terna de magistrados, que amplió la tendencia oscurantista de la Corte y produjo la mayoritaria decisión final contra los acuerdos, sugiere la probable configuración de pactos implícitos entre sectores ideológicamente afines, rabiosa o sutilmente opuestos a la convivencia pacífica de los colombianos.

El que los enemigos de la paz hubiesen alcanzado estos logros perturbadores visibiliza no solo la fragilidad estratégica del conjunto de actores, ministros y senadores en defensa de ese bien superior, sino su pobreza argumental e ideopolítica. Y, en últimas, “su falta de ganas”.

Solo queda abierta la esperanza en la gran convergencia por la paz que construyen Humberto de la Calle y Clara López Obregón, dos cualificados estadistas con suficiente legitimidad democrática y una ética pública a toda prueba, a quienes el país y la comunidad internacional les cree y respalda.

El Tiempo, Bogotá.