EDITORIAL TSC /

En la presente campaña electoral en Colombia la ultraderecha ha venido utilizando la narrativa sustentada en la dualidad amigo-enemigo para tratar de anular y amenazar al adversario, un ejercicio peligroso y antidemocrático que pretende anular, o como ha señalado su candidato, “destripar” a quienes considera sus contrarios, como los militantes de izquierda.

La distinción amigo-enemigo formulada por el jurista nazista alemán Carl Schmitt 1888-1985) constituye uno de los intentos más influyentes y controvertidos por definir la esencia de lo político en la teoría contemporánea. Frente a la tradición liberal y al positivismo jurídico, Schmitt sostuvo que la política no podía reducirse ni a la administración del Estado ni a la normatividad del Derecho, porque su núcleo específico no se encuentra en la legalidad formal, sino en la posibilidad real de establecer una frontera entre quienes pertenecen a una comunidad y quienes son percibidos como una amenaza existencial.

En ese sentido, lo político no se define por un contenido sustantivo fijo, sino por el grado de intensidad de la asociación y de la disociación colectiva, esto es, por la posibilidad de que un conflicto alcance el nivel de enemistad pública y pase a mayores.

Schmitt planteaba que toda esfera de la vida humana posee una distinción específica: la moral distingue entre bien y mal, la estética entre bello y feo, la economía entre útil y perjudicial. La política, en cambio, se organiza alrededor de la distinción entre amigo y enemigo.

El enemigo político es aquel grupo humano que, desde la perspectiva de otro grupo, representa una alteridad lo suficientemente intensa como para justificar una confrontación extrema. Por ello, la categoría de enemigo remite a la posibilidad efectiva del conflicto, incluso de la guerra, como horizonte límite de lo político.

Con ello, Schmitt y ahora sus corifeos de la ultraderecha en Colombia invierten la mirada liberal clásica. En lugar de asumir que el Estado produce la política a través de normas, procedimientos e instituciones, proclaman a partir de una visión totalitaria que el aparato estatal presupone previamente la capacidad de una comunidad para distinguirse de otra y afirmarse frente a ella.

De esta manera, los referentes del conservadurismo colombiano con claros tintes fascistas apuntan a vaciar la política en su dimensión decisiva que es el debate y la deliberación colectiva, instando contrario sensu, a elevar el grado de pugnacidad social y a exacerbar el conflicto.

Desde una perspectiva sociológica, la dualidad amigo-enemigo permite comprender cómo se constituyen las identidades colectivas. Ningún “nosotros” político emerge en el vacío: toda identidad grupal se afirma delimitando un “ellos”. Esta lógica adquiere una forma extrema porque la cohesión interna del grupo se fortalece mediante la identificación de una exterioridad amenazante.

La estigmatización, por tanto, no es solo un efecto del conflicto, sino también un principio de integración. El enemigo cumple una función constitutiva: produce unidad interna, simplifica la complejidad social y dota de sentido a la acción colectiva.

En el contexto colombiano de desigualdad y fragmentación social y cultural persistentes, los actores políticos tienden a construir adhesiones no tanto sobre programas racionales cuanto, sobre marcos afectivos de pertenencia y rechazo, como lo viene haciendo la ultraderecha.

La figura del adversario deja de ser un competidor legítimo y empieza a ser presentada como una amenaza moral, cultural o civilizatoria. Así, la política se desplaza desde la competencia institucional hacia la dramatización de una lucha por la supervivencia del grupo, de la nación, de los valores o de un supuesto “pueblo verdadero”.

Con ello, la ultraderecha busca que el debate público deje de entenderse como un intercambio entre posiciones divergentes dentro de un marco compartido y pase a vivirse como una confrontación existencial.  De ahí que apele de manera creciente a la construcción de un “nosotros” homogéneo frente a un “ellos” descrito como corrupto, antipatriótico, antipopular o peligroso. Esta dinámica no solo erosiona los consensos mínimos que sostienen la competencia democrática, sino que también transforma a las voces disidentes en sospecha y al pluralismo en amenaza.

El alcance de la lógica schmittiana que se inserta en un escenario de estigmatización y conflictividad permanentes se ve reforzado por la mediatización digital y por la economía afectiva de la atención. Los entornos comunicativos contemporáneos premian la simplificación, la indignación y la reafirmación identitaria. De este modo, la dualidad amigo-enemigo deja de ser solo una categoría de teoría política para convertirse en un peligroso principio cotidiano de percepción social.

Del antagonismo al agonismo

A diferencia de Schmitt, la politóloga belga Chantal Mouffe no busca suprimir el conflicto que es normal en toda sociedad, pero tampoco acepta que la política democrática deba organizarse bajo la figura del enemigo. Su propuesta agonista parte de que la tarea de la democracia consiste precisamente en transformar la enemistad en adversarialidad, es decir, en instituir formas de confrontación donde el otro no sea visto como alguien a destruir, sino como un oponente legítimo dentro de un marco común.

El agonismo democrático propone entonces una salida normativa a la intensidad del conflicto político. Mientras Schmitt pone el acento en la decisión soberana y en la posibilidad extrema de la hostilidad, Mouffe insiste en la necesidad de canalizar las pasiones colectivas a través de instituciones pluralistas que reconozcan el disenso sin convertirlo en guerra civil simbólica o material. El adversario no desaparece, pero deja de encarnar una amenaza absoluta.

Esta diferencia es crucial para las democracias actuales: si toda oposición se redefine como enemistad, la política se vuelve incompatible con el pluralismo; si el antagonismo se convierte en agonismo, el conflicto puede seguir siendo intenso sin destruir el marco democrático.

En este punto, la reelaboración agonista de Mouffe ofrece un correctivo democrático decisivo: asumir que el conflicto es constitutivo de lo social, pero trabajar institucional y culturalmente para que el adversario no se convierta en enemigo.

El desafío de una sociedad en alto grado de pugnacidad social y política como Colombia consiste, precisamente, en preservar el disenso sin convertirlo en exclusión existencial como pretende la ultraderecha en este país.