AL PUNTO /

En los últimos años, la confianza en los medios de comunicación tradicionales pertenecientes al ‘establishment’ ha disminuido de manera significativa en Colombia y el mundo. La proliferación de noticias falsas y la percepción de agendas ocultas han provocado que la ciudadanía cuestione la veracidad de la información difundida por grandes corporaciones mediáticas. Un episodio reciente, protagonizado por el diario El Espectador de Bogotá de propiedad del grupo económico de la potentada familia Santo Domingo, ha puesto nuevamente en el centro del debate la credibilidad de los medios.

La admisión pública de su director Fidel Cano Correa sobre la publicación de informaciones falsas, atribuyendo la responsabilidad a un periodista practicante y a la Inteligencia Artificial, evidencia las tensiones y fragilidades que atraviesan el ejercicio periodístico en la era digital.

Las disculpas públicas por errores en la información son una herramienta habitual en el periodismo. Sin embargo, su utilidad es limitada si no se acompañan de una explicación clara sobre cuáles fueron las informaciones falsas y cuál es la verdad contrastada. Cuando los medios se limitan a reconocer la existencia de un error sin detallar su naturaleza, el público queda en la incertidumbre y la desconfianza se profundiza.

 

La atribución de la culpa a factores externos, como la inexperiencia de un practicante o el uso de Inteligencia Artificial, puede interpretarse como una evasión de responsabilidad institucional. Las disculpas vacías, carentes de información concreta, no contribuyen a restaurar la confianza ni a reparar el daño causado por la desinformación.

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia establece que los medios de comunicación tienen el deber de informar con veracidad e imparcialidad. Esta obligación no es negociable ni delegable; constituye el fundamento ético y legal del ejercicio periodístico. La publicación de informaciones falsas, incluso si se reconoce posteriormente, representa una vulneración directa de este mandato constitucional.

El periodismo no puede escudarse en errores humanos o tecnológicos para eludir su responsabilidad fundamental ante la sociedad. La veracidad y la imparcialidad deben ser principios rectores, no simples aspiraciones.

La transparencia informativa implica que los medios no solo reconozcan sus errores, sino que expliquen de manera detallada cuáles fueron las informaciones incorrectas, cómo se detectó la falla y qué medidas se tomaron para corregirla. Admitir errores sin transparencia equivale a reconocer fallas sin asumir una verdadera responsabilidad.

La diferencia entre aceptar que se cometió un error y asumir las consecuencias reales del mismo radica en la disposición del medio a rendir cuentas ante la audiencia. La responsabilidad periodística exige más que disculpas: demanda claridad, acceso a la verdad y compromiso con la ética profesional.

La falta de transparencia en el manejo de errores informativos tiene un efecto devastador en la confianza pública. Cuando los medios corporativos omiten detalles esenciales y no aclaran la verdad tras la desinformación, los lectores perciben una falta de respeto y compromiso con su derecho a estar informados. La credibilidad se erosiona y el medio pierde su función de referente confiable, abriendo espacio a la desinformación y a la proliferación de fuentes alternativas, no siempre rigurosas.

En este contexto, la confianza solo puede recuperarse a través de procesos transparentes, honestos y participativos, donde la audiencia sea tratada como un actor fundamental en la construcción de la verdad.

Recuperar la credibilidad de los medios corporativos exige una revisión profunda de sus prácticas informativas y de su relación con la audiencia. La transparencia, la asunción de responsabilidad real y el cumplimiento estricto del deber constitucional de informar con veracidad e imparcialidad deben ser los pilares de un periodismo renovado.

Es necesario y prioritario que los medios tradicionales, no obstante su arrogancia, detallen los errores cometidos, expliquen las causas y las soluciones implementadas, y se comprometan con estándares éticos elevados. Solo así podrán reconstruir la confianza perdida y desempeñar el papel social fundamental que les corresponde en una democracia y que se ha abandonado ante sus intereses corporativos, financieros y políticos.