TROCHANDO SIN FRONTERAS /

Once campesinos y defensores del medio ambiente enfrentan procesos judiciales por oponerse a la megaminería de la transnacional AngloGold Ashanti en Antioquia. Uno de ellos tiene 85 años.

En efecto, actualmente se adelanta un proceso penal en contra de once campesinos del suroeste antioqueño, en el municipio de Jericó, supuestamente por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales (en este caso a uno de los campesinos). En este proceso subyace un conflicto socioambiental mucho más complejo que se generó hace ya varios años con el inicio del proyecto minero Quebradona, liderado por la multinacional de origen sudafricano AngloGold Ashanti.

Con este proyecto se busca explotar una mina de cobre en una región que tradicionalmente ha tenido una vocación agrícola.

Por su parte, los campesinos que están siendo procesados hacen parte de un movimiento que desde hace varios años se ha opuesto al proyecto minero por los impactos socioambientales que este generaría en la región.

Ante las pretensiones de la transnacional minera, la comunidad de este municipio se ha hecho sentir con acciones de resistencia. Por ello, en un acto de persecución el pasado 13 de mayo, los once campesinos y defensores del territorio fueron citados a una audiencia de imputación de cargos, en la que además se solicitó medida de aseguramiento en su contra.

Se les criminaliza por vía judicial por defender el medio ambiente y oponerse a un megaproyecto minero que amenaza los ecosistemas y la vida en la región. De ahí que, desde diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, se ha denunciado que estos procesos representan una estrategia de procesamiento penal y silenciamiento contra quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta y a la defensa del territorio.

De hecho, un grupo de 350 profesores universitarios, campesinos, y organizaciones de activistas ambientales firmaron una carta en la que rechazan las acusaciones contra el grupo de 11 campesinos.

“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la criminalización de campesinos en el municipio de Jericó, Antioquia, quienes hoy enfrentan procesos legales como consecuencia de su legítima oposición y resistencia a los proyectos de megaminería que amenazan con alterar profundamente sus territorios, afectando las aguas que recorren sus comunidades, la biodiversidad con la que cohabitan y sus formas de vida”, expresa un aparte de la misiva.

La defensa del territorio no es un delito

La situación en Jericó refleja un patrón recurrente en Colombia, donde líderes sociales, campesinos y ambientalistas enfrentan persecución judicial por alzar su voz contra proyectos extractivistas que priorizan intereses económicos sobre el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad ambiental.

Las organizaciones sociales exigen que se respete su derecho a la movilización pacífica y que se investiguen las presiones irregulares detrás de estas acusaciones, que buscan deslegitimar la lucha por la protección de los recursos naturales.

Organizaciones nacionales e internacionales acompañan el caso y alertan sobre el uso abusivo del sistema judicial para reprimir la disidencia y el ambientalismo popular. La defensa del agua, la tierra y la vida no puede ser tratada como un delito.

Las organizaciones sociales comprometidas con esta causa vienen invitando en las redes sociales a alzar la voz contra esta criminalización compartiendo el mensaje con los numerales: #EstoyConLos11deJericó y #FueraAngloGold.

“Porque defender el territorio no es un delito. Y no debe costarnos la libertad”, expresan los activistas en defensa del territorio en el municipio antioqueño de Jericó.

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