CUESTIÓN PÚBLICA /
En Colombia, quienes ponen congresistas son los denominados ‘cacaos’ (grandes empresarios). En los últimos años los seis grupos económicos más grandes del país han aportado más de $135 mil millones, en su mayoría a candidatos de un puñado de partidos como el Liberal, Cambio Radical o el Centro Democrático. Están más activos que nunca y con mucho billete para operar en elecciones.
Nos referimos a los ricos más ricos. Esos que están emparentados con la realeza europea o que salen en las listas de multimillonarios del mundo. Los que controlan medios de comunicación, bancos, equipos de fútbol o industrias nacionales de bebidas y alimentos.
Ya sabemos que a través de donaciones y créditos mueven la política en todos los niveles, pero nos dimos a la tarea de investigar exactamente cómo y en qué cantidades. Para ello revisamos los reportes hechos por los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral desde las elecciones de 2010 a la fecha, y los de los partidos entre 2016 y 2024. Esto es lo que reportan. No sabemos si hay ayudas por debajo de la mesa o que no quedan consignadas en Cuentas Claras.
Rastreamos el poder que les otorga el dinero para definir las reglas de juego —o las leyes— del país, y cuáles podrían ser sus apuestas seguras para estos nuevos comicios.
Empecemos por nombrarlos. El primero es el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Participa en todas las elecciones desde la década pasada con sus cuatro bancos (Bogotá, Occidente, Av Villas y Popular), y con varias empresas como Promigas, dedicada al comercio de gas natural, y las comerciales Adminegocios e Inverprogreso. En total, ha aportado más de $59 mil millones en las elecciones desde 2010. La mayoría con créditos de sus bancos.
Le sigue el antiguo Grupo Empresarial Antioqueño (hoy escindido), que agrupó empresas como Bancolombia, Argos, Sura, Celsia y, hasta 2024, a Nutresa. Sus aportes, incluyendo créditos, suman $45 mil millones.
El Grupo Bolívar, encabezado por Miguel Cortés Kotal, no se queda atrás. Tiene a Davivienda y Seguros Bolívar entre sus empresas y suma $13 mil millones entre créditos y aportes.
Es el turno de la Organización Ardila Lülle, dueña de Postobón, RCN, el Atlético Nacional, Win Sports, los ingenios del Cauca, Providencia y Risaralda, entre muchas otras empresas. Desde 2011 ha aportado $9 mil millones a campañas políticas.
Por su parte, los Santodomingo tienen a tres de sus miembros entre las cinco personas más ricas de Colombia. Además, están casados con integrantes del principado de Mónaco y con descendientes de la antigua casa reinante de Prusia. Sus empresas, entre las que destaca Bavaria, Valorem y Cine Colombia, aparecen aportando en todas las elecciones, para un total de $6 mil millones.
Cierran los Gilinski: el año pasado ocuparon el primer lugar en la lista de los más ricos de Colombia, y actualmente tienen presencia en sectores de medios de comunicación con Revista Semana y El País de Cali, en alimentos con Nutresa y en bancos con GNB. Han tenido una vinculación política más discreta. Desde 2011 hasta la fecha aparecen tan solo aportando con $774 millones. Pero este año, con Victoria ‘Vicky’ Dávila, la exdirectora de Semana, como candidata presidencial, esto podría cambiar.
A primera vista pareciera un mar de dinero, pero al revisar los registros de todas las campañas, el panorama se invierte. En promedio, solo han aportado el 4% de lo recaudado por los candidatos.
No hay que dejarse engañar.
Mirando más de cerca los datos, lo que vemos es que los aportes tienen su maña, son más estratégicos que masivos, y no son para todos los candidatos por igual.
Que no se enteren
Cuando decimos ‘maña’ nos referimos a que hay una parte del dinero que está camuflada entre otro tipo de aportes. No aparece a nombre de empresas o fundaciones, ni de personas naturales, sino a través de los partidos.
Si bien hay muchas personas y empresas que hacen aportes pequeños, encontramos que parte del dinero viene de los mismos partidos que les dan el aval. El monto es casi igual al proveniente de los seis grupos económicos. Cerca de un cuatro por ciento.
¿Y los partidos de dónde sacan plata? Fuimos, entonces, a revisar los ingresos que reportan y… ¡bingo! Volvieron a aparecer los seis grupos económicos. Es decir que, el aporte que hacen en política es más, mucho más y parte de este se estaría filtrando a las campañas.
“En caso de elecciones presidenciales es una manera de evitar la prohibición de financiación directa de personas jurídicas a las campañas. Es decir, una empresa no puede darle plata a una campaña presidencial, pero yo le puedo como empresa dar la plata al partido unos 6 meses antes de las elecciones y por esa vía el partido apoya al candidato”, le dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia a Cuestión Pública.
Entre 2016 y 2024, las empresas de estos seis grupos dieron casi $100 mil millones a los partidos, encabezando con el Partido Liberal, el Centro Democrático, De La U, Cambio Radical y Conservador. Solo estos cinco concentraron el 85% de los aportes que hicieron los seis grupos económicos a todos los partidos con personería jurídica.
¿Para qué lo hacen? en entrevista con Cuestión Pública, un directivo de una de las empresas de estos grupos económicos, que nos pidió guardar reserva de su nombre, lo detalló crudamente:
“Este año, lo más efectivo es girarle a todos los partidos, para que en la cabeza de lista o el director del partido, a partir de ese vínculo, por ley de bancadas, obligué a unas tareas como leyes, (…) empujarlas de una manera diversificada y más efectividad de votos”.
Este mismo directivo nos aseguró que hoy las donaciones o préstamos se hacen por parte de estos grupos a fundaciones cercanas a algunos candidatos y “es donde se pierde el hilo, pues son las fundaciones quienes canalizan las donaciones como parapeto de la entidad financiera”. Es decir, a pesar de que los más ricos de los ricos en Colombia solo aportan el 4 % de las campañas, por debajo de la mesa y a través de donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro cercanas a campaña políticas, se podrían estar inyectando muchos más recursos que no estarían siendo reportados por las campañas o, por lo menos, no a nombre de los conglomerados.
Adicional a los recursos aportados a los partidos, las empresas de estos seis grupos económicos donaron o prestaron un aproximado de $135 mil millones directamente a las campañas de los candidatos; de estos, 48 mil millones aproximadamente son para campañas al Congreso y el resto para elecciones territoriales. En el caso del Congreso, uno de los principales jugadores son los bancos.
Para tener una idea, este dinero, aportado entre 2011 y 2023 por los grupos económicos, es similar al que le transfirió la Central Hidroeléctrica Urrá a los municipios de la cuenca del embalse en 23 años de funcionamiento.
Los bancos con el corazoncito a la derecha
Entre 2010 y 2025, los bancos de Sarmiento Angulo, El GEA, el Grupo Bolívar y los Gilinski aportaron o prestaron $33.843 millones para campañas al Congreso (si se suman las elecciones locales, esta cifra asciende a 110.367 millones); es decir, 7 de cada 10 pesos destinados por los principales conglomerados económicos a candidatos al Congreso se entregaron a través de sus bancos.
Aunque se podría pensar que la motivación para realizar los préstamos es el cobro de las altas tasas de interés, la focalización de recursos en ciertos partidos y las barreras que encuentran otros para acceder a ellos, a pesar de contar con todas las garantías para el pago, nos hace preguntarnos si ¿este apoyo tiene impacto en la dirección de voto de los electores colombianos?
Sin duda con este dinero se logran más créditos, más publicidad, más exposición, más medios logísticos, más probabilidades de captar votantes. En últimas, más capacidad para aceitar la maquinaria política.
Según los datos analizados por Cuestión Pública, los principales beneficiarios de estos préstamos y aportes fueron los partidos tradicionales. El 91 % de los recursos, es decir, $31 mil millones aproximadamente, fue a parar a cinco partidos: el Centro Democrático ($9 mil millones), el Partido Liberal ($7 mil millones), el Partido de la U ($6 mil millones), Cambio Radical ($4 mil millones) y el Partido Conservador ($4 mil millones). Los otros tres mil millones fueron para el Partido Verde (un poco más de mil millones); el Polo Democrático ($300 millones aproximadamente), entre otros.
En una entrevista con este medio, la actual senadora de izquierda, Aida Avella, aseguró que a 15 días de las elecciones no han podido obtener un solo préstamo para campañas por parte de bancos tradicionales. A su modo de ver, “hay un cerco económico. No prestan los bancos a sabiendas de que nosotros podemos pagarles con la reposición de votos. (…) hace parte de un engranaje muy grande. Y para qué decir lo de los medios, también tenemos un cerco de medios”, y la realidad es que, a hoy, las probabilidades de que la lista al Senado, por ejemplo, del Pacto Histórico no alcance el umbral para la reposición de votos son casi nulas, por lo que las garantías con las que contaría un banco para el pago de los recursos en préstamo son similares a la de otros partidos tradicionales.
Avella considera que debe existir una orden de no prestarles por parte de los dirigentes de los bancos, e incluso narra que hace unos tres años se acercaron a Bancolombia, donde tenían las cuentas del partido con un saldo de 1.200 millones, para solicitar un préstamo para la campaña, y se los negaron. Ese día decidió llevarse el dinero ante la negativa del banco y cancelar la cuenta que tenían con ellos. No obstante, asegura que este banco del grupo antioqueño no es el único con el que han intentado; también lo han hecho con las entidades de Sarmiento Angulo, como el Banco de Bogotá y el Banco Popular, sin éxito.
El exsenador y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, también confirmó a este medio que las campañas de candidatos al Congreso del proyecto político ligado al presidente Gustavo Petro no han logrado obtener financiación distinta a la de la cooperativa Confiar, única entidad que, según Bolívar, les presta.
Esta versión también fue corroborada por la senadora Avella, quien aseguró que los únicos recursos de préstamos obtenidos por su lista fueron facilitados por esta cooperativa. Bolívar asegura que no pidió recursos a bancos tradicionales para ninguna de sus campañas porque conocía la experiencia de sus compañeras y consideró que era un desgaste, a sabiendas de que les sería negado. Los datos reportados en Cuentas Claras respaldan su versión.
En efecto, según las cifras revisadas, Confiar es la única entidad del mercado financiero que presta para la financiación de campañas de la izquierda al Congreso de la República desde el 2010 (con algunas excepciones de financiación por parte de bancos tradicionales a candidatos del Polo Democrático, como Wilson Arias o German Navas Talero, antes de su escisión y unión con el resto de partidos de la Colombia Humana).
Pero, a diferencia de los más ricos del país, no solo presta a un grupo político, sino que ha diversificado sus préstamos a diferentes partidos que les han solicitado. Para las campañas al Congreso de este año, por ejemplo, la candidata Catherine Juvinao, del Partido Verde, y José Octavio Cardona, del Partido Liberal, han recibido préstamos de esta cooperativa de trabajadores, entidad sin ánimo de lucro que desde 1982 ofrece productos financieros al público.
En general, Confiar ha prestado a campañas para Congreso un total aproximado de 25 mil millones, entre el 2010 y el 2023, compitiendo con la financiación de bancos que acumularon en 2025 aproximadamente el 70% de las utilidades de todo el mercado financiero.
Los «sugar daddy» del Congreso
Entre el 2010 y el 2023, el Grupo Ardila Lulle y la cervecera Bavaria financiaron campañas electorales en Colombia con $6.782 millones. Los registros oficiales de financiación permiten seguir el destino del dinero: partidos y candidatos que, en el Congreso, han tenido un papel decisivo en leyes que afectan directamente a esta industria.
Los verdaderos “sugar daddies” de este esquema son dos gigantes: Bavaria, del holding multinacional AB InBev, del cual Alejandro Santodomingo es miembro de la junta directiva, y Postobón, productora de bebidas azucaradas y empresa insignia del Grupo Ardila Lulle. Estas compañías han sido las mayores aportantes del ecosistema electoral en este periodo, con contribuciones de $3.137.758.520 y $2.804.395.858, respectivamente.
¿Y quiénes han recibido este respaldo? Principalmente Cambio Radical y el Centro Democrático, las colectividades que más dinero han recaudado de estas dos empresas y que se han opuesto a leyes que han afectado a esta industria.
Hablamos de la Reforma Tributaria de 2022, bajo la cual se creó el impuesto saludable para gravar progresivamente desde 2023 alimentos altamente procesados y bebidas con alto contenido de azúcar, y de la Ley de Comida Chatarra, la que instauró el etiquetado frontal de sellos octagonales en estos productos advirtiendo altos contenidos de azúcares, grasas saturadas, entre otros.
Durante el trámite de la primera, el entonces senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, lideró una proposición para eliminar el Artículo 45 que daba vida a los impuestos saludables. Sin embargo, la iniciativa solo fue respaldada por 31 votos (incluyendo senadores del Centro Democrático, el Partido Liberal y el Mira) y no pudo eliminarlo.
Por su parte, el primero de septiembre de 2022, Cambio Radical envió una carta al entonces ministro José Antonio Ocampo antes de los debates de la reforma, advirtiendo que votaría negativamente y así lo hizo. Entre los varios argumentos presentados, mencionaron la creación del impuesto al patrimonio y el de los impuestos saludables, argumentando que “afectan parte del consumo de la población más vulnerable y a más de 250.000 tenderos que van a estar afectados por el gravamen del 10 % que se propone imponer sobre estos productos”.
Sin embargo, pese a que la ley fue aprobada con dicho impuesto, la industria se anotó una victoria porque una cosa es clara: el lobby del azúcar es tan poderoso como las empresas azucareras que financian a estos partidos.
En 2023, La Silla Vacía reveló cómo los congresistas Efraín Cepeda del Partido Conservador y Álvaro Henry Monedero del Partido Liberal, y hoy candidato al Senado, se movieron para modificar el gramaje del azúcar en plena discusión de la reforma tributaria. Al subir el umbral de 4 a 6 gramos por cada 100 ml, salvaron del impuesto a algunos productos de Postobón, como las gaseosas Colombiana, la Manzana, Kola, Naranja y el Mr Tea.
Por otro lado, durante el trámite de la Ley de Comida Chatarra, el medio Vorágine reportó que un grupo liderado por los representantes del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo y Cristhian Garcés, junto a Alejandro Carlos Chacón y Fabio Arroyave, del Partido Liberal, y José Daniel López de Cambio Radical, propusieron modificaciones para “quitarle los dientes” al proyecto.
Garcés, quien hoy aspira al Senado, le hizo llegar a Cuestión Pública la declaración de “posible impedimento” que presentó ante la Cámara, en la que declaraba que tenía parientes que trabajaban en la industria. No lo dijo explícitamente, pero se refería a su esposa Carolina Blum Díaz, quien ha hecho parte de compañías como Colombina, fabricante de Bon Bon Bum.
Además, señalo que el proyecto que discutían podía “beneficiar a unos financiadores de mi campaña. Lo anterior no me genera un beneficio particular, directo y actual, como tampoco constituye un conflicto de interés”. El impedimento, votado en plenaria, fue negado y Garcés pudo continuar debatiendo el proyecto. Como consecuencia, lideró la eliminación del artículo 9 que buscaba prohibir la publicidad de ultraprocesados en franjas familiares y dirigidas a menores de edad.
“Hay una necesidad en el país de darle muchísima más discusión al tema de conflicto de interés. No es únicamente el conflicto que se ha materializado, es decir, a tal persona la financió tal empresa o tal fuente y, por lo tanto, tiene un impedimento, sino lo que lo rodea, incluso el contexto y la realidad sobre la cual se desarrolla el debate más allá de un impedimento específico. Entonces, esa zona gris en el país no la hemos evidenciado lo suficiente. El problema no está tanto en el diseño [del sistema de financiación], sino en cómo generamos mayor escrutinio en el Congreso público”, le dijo a Cuestión Pública Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
Precisamente, 2018 y 2022, los periodos constitucionales en que se tramitó la ley de Comida Chatarra y los impuestos saludables en el marco de la reforma tributaria fueron los que más registraron aportes de empresas del sector de los alimentos y bebidas azucaradas.
Aunque estas dos leyes evidenciaron las movidas de algunos congresistas, otros como Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, votaron para archivar iniciativas similares en 2016 y 2017. El mismo que, durante un acto de campaña con la precandidata presidencial María Fernanda Cabal el 24 de marzo de 2025, señaló: “como la senadora Cabal ha dicho, si este partido llega al gobierno, los elimina (…) Nosotros tenemos un compromiso, no es para discutir ni para dilatar”.
Bavaria y Postobón también les han aportado a partidos de izquierda, como el Polo Democrático, pero de manera mínima. El grueso de los recursos ha tenido un destino claro: las colectividades de derecha.
