EDITORIAL TSC /
El mundo atraviesa una crisis civilizatoria sin precedentes, marcada por la convergencia de amenazas globales que desafían el tejido mismo de nuestras sociedades. La pobreza persistente, los conflictos armados, el deterioro ambiental, los abusos contra los derechos humanos y la ineficacia de las instituciones internacionales configuran un escenario donde la retórica diplomática resulta insuficiente. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora sus 80 años de existencia en este 2025, enfrentando crecientes cuestionamientos sobre su falta de capacidad para responder a los retos de la multipolaridad y la complejidad del siglo XXI.
A pesar de los avances tecnológicos y económicos de las últimas décadas, la pobreza sigue siendo una realidad lacerante para millones de personas en todo el planeta. La brecha entre ricos y pobres se amplía, alimentando la exclusión social y la inestabilidad política. La pandemia de Covid-19 exacerbó estas desigualdades, evidenciando la fragilidad de los sistemas de protección social y la falta de voluntad política para implementar reformas estructurales que garanticen una redistribución equitativa de los recursos. La pobreza no solo es un problema económico, sino también ético y político, cuya solución demanda acciones concretas y coordinadas de la comunidad internacional, más allá de promesas vacías.
El conflicto ruso-ucraniano ha reconfigurado el tablero geopolítico mundial, intensificando tensiones entre las grandes potencias y evidenciando la incapacidad de los mecanismos internacionales para prevenir y resolver conflictos de alta envergadura. El impacto de esta guerra trasciende las fronteras europeas, afectando la seguridad energética, la economía global y los equilibrios militares. Además, ha puesto de manifiesto la doble moral de la comunidad internacional, que oscila entre la condena retórica y la acción limitada, dependiendo de intereses estratégicos en materia económica y comercial. Este conflicto revela la urgencia de repensar la arquitectura de seguridad colectiva y fortalecer instancias multilaterales capaces de actuar con eficacia y legitimidad.
El calentamiento global y la degradación ambiental constituyen amenazas existenciales para la humanidad. Incendios forestales, sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos se multiplican, golpeando con mayor fuerza a los países más vulnerables. Si bien existen convenios internacionales como el Acuerdo de París, la falta de compromiso real y la insuficiencia de las medidas adoptadas demuestran que la retórica ambiental no se traduce en acciones efectivas. La crisis climática exige una transformación profunda de los modelos productivos y de consumo, así como una cooperación genuina entre Estados, empresas y sociedad civil, orientada a la justicia ambiental y la sostenibilidad.
Derechos humanos y Palestina
Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos continúan en numerosas regiones del mundo, con especial gravedad en la situación de Palestina, cuya población es víctima de una brutal operación étnica ejecutada por el Estado de Israel con complicidad de EE.UU.
La ocupación, el bloqueo y los ataques recurrentes en la martirizada Franja de Gaza han generado una crisis humanitaria prolongada, mientras la comunidad internacional se limita a pronunciamientos y resoluciones que rara vez se traducen en protección efectiva para la población civil. Este caso emblemático ilustra la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y la falta de voluntad política para aplicar sanciones y medidas concretas que garanticen la justicia y la dignidad humana.
La proliferación de foros, cumbres y declaraciones diplomáticas contrasta con la escasez de resultados tangibles en la solución de los grandes problemas globales. La comunidad internacional parece atrapada en una dinámica de promesas incumplidas y gestos simbólicos, donde los intereses nacionales y económicos priman sobre el bienestar colectivo. Esta contradicción erosiona la confianza ciudadana en las instituciones multilaterales y amenaza la gobernabilidad global, imponiendo la necesidad de pasar de la retórica a la acción.
La ONU a 80 años: un organismo rezagado
Desde su fundación en 1945, la ONU ha sido escenario de importantes avances en materia de derechos humanos, desarrollo y prevención de conflictos. Sin embargo, su estructura y funcionamiento reflejan los equilibrios de poder de la posguerra, resultando obsoletos frente a los desafíos actuales. El derecho de veto en el Consejo de Seguridad, la fragmentación de agencias y la burocratización excesiva han limitado la capacidad de la organización para actuar con rapidez y eficacia. En su 80 aniversario, la percepción generalizada es la de una institución incapaz de responder a las exigencias de un mundo multipolar y dinámico.
El siglo XXI está marcado por la emergencia de nuevos actores estatales y no estatales, la redistribución del poder global y la intensificación de desafíos transnacionales. La multipolaridad implica una mayor diversidad de intereses, perspectivas y modelos de desarrollo, pero también aumenta la complejidad de la gobernabilidad internacional. La competencia geopolítica y la fragmentación dificultan la construcción de consensos y la implementación de acciones colectivas, poniendo en jaque la eficacia de organismos como la ONU y requiriendo nuevas formas de cooperación adaptadas a la realidad contemporánea.
Para recuperar legitimidad y eficacia, la ONU necesita reformas profundas y urgentes. Entre las propuestas más discutidas se encuentran la ampliación y democratización del Consejo de Seguridad, la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, la simplificación de la burocracia interna y la promoción de una mayor participación de la sociedad civil y los países del Sur Global. Asimismo, es fundamental fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante crisis, dotando a la organización de herramientas ágiles y recursos suficientes para actuar más allá de la retórica diplomática.
La crisis civilizatoria actual exige un cambio de paradigma en la manera en que la comunidad internacional enfrenta sus desafíos. La pobreza, la guerra, el cambio climático y las violaciones de derechos humanos no se resolverán con discursos ni resoluciones simbólicas, sino con acciones concretas, coordinadas y valientes.
El aniversario número 80 de la ONU debe ser una oportunidad para reflexionar críticamente sobre sus logros y limitaciones, y para impulsar reformas que la conviertan en una institución capaz de liderar la cooperación global en el siglo XXI. Solo así la actual sociedad global podrá construir un futuro justo, pacífico, democrático y sostenible para las generaciones venideras.
