¿QUEQUÉ? /

Hace 27 años un grupo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Antioquia comenzó a develar el entramado criminal de la central financiera del paramilitarismo gracias a que halló completa documentación en una oficina localizada a pocas cuadras de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín. Se trata del parqueadero de Padilla, el epicentro de operaciones de las autodefensas, en donde se encontró valioso material probatorio que daba cuenta de pormenores relacionados con la masacre del Aro en 1997, el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, negocios de cocaína en la región de Urabá, y de blanqueo de capitales en Medellín.

No obstante el importante hallazgo, la Fiscalía dejó morir el proceso y no se volvió a hablar del tema.

“El laberinto del parqueadero Padilla”, publicado por Editorial Planeta el pasado mes de septiembre es la más reciente investigación de la periodista Diana Salinas Plaza, reconocida por su trayectoria en escudriñar fenómenos de violencia y corrupción en Colombia. Este libro se presenta como un ejercicio de investigación rigurosa, que busca arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros y menos explorados de la historia reciente del país. La autora se adentra en el entramado de intereses, silencios y omisiones que rodearon el descubrimiento de la central financiera de los paramilitares en el Parqueadero Padilla (situado en la Calle 45ª No. 54 – 57) de Medellín a finales de los años noventa, y lo hace con una mirada comprometida con la memoria, la denuncia y la búsqueda de la verdad.

El libro que se presentó en el Gimnasio Moderno de Bogotá este 16 de octubre, se sitúa en un periodo crítico para Colombia: los últimos años de la década de 1990, cuando el conflicto armado alcanzaba niveles de crueldad inusitados y las fuerzas paramilitares consolidaban su poder en distintas regiones. El Parqueadero Padilla, en Medellín, fue el escenario donde investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación identificaron la sofisticada red financiera que sostenía a estos grupos armados ilegales.

El caso comienza a develarse en el momento en que un grupo de investigadores del CTI de Antioquia, liderados por Gregorio Oviedo, descubrió la oficina financiera de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el 30 de abril de 1998. Antes de hacerlo, buscó el apoyo de la Fiscalía Regional, a cargo de Iván Velásquez. Este grupo de investigación judicial no esperaba semejante hallazgo. Aquel día, estos funcionarios judiciales llegaron al segundo piso de ese parqueadero y se topó con el monstruo. Rugió tan, pero tan fuerte, que casi ninguno pudo salir ileso. A todos se los tragó. Incluso a los que sobrevivieron, porque, aunque pudieron contarlo, la investigación sufrió los embates de la guerra y no comprendieron que habían entrado en un laberinto con un minotauro en su centro, incapaces de vislumbrar el poder que ya estaba cooptado.

Entre los hallazgos no sólo había listados de integrantes de este grupo armado ilegal, sino también un seguimiento de giros, cheques y movimientos de dineros que entraban y salían de las ACCU. Financiar paramilitares en Colombia (una actividad englobada en el delito de concierto para delinquir), como lo ratificó la Fiscalía el 12 de diciembre de 2016, es un delito de lesa humanidad.

En el Parqueadero Padilla estaban las evidencias de por lo menos 495 cuentas bancarias que habían entregado o recibido dineros de las autodefensas, 40.000 transacciones y un amplio listado de empresas privadas y personas naturales que aportaron recursos a los paramilitares. También se encontraron bipers que demostraron la estrecha relación entre paramilitares y altos mandos militares de la región.

 

Con todo lo descubierto, la justicia podría haber desarticulado la compleja red de financiación que las ACCU habían tejido, tanto en Medellín como en varias otras regiones de Colombia. Este golpe a la afluencia económica del grupo armado podría haber frenado la tenebrosa y sangrienta expansión paramilitar que estaba sucediendo, a finales de los 90 y los primeros años del nuevo milenio.

El hallazgo, lejos de significar un avance en la justicia, desató una oleada de violencia sin precedentes: once funcionarios fueron asesinados y varios más obligados al exilio, en una clara muestra de las represalias y la impunidad que imperaban entonces.

El proceso judicial de todo este entramado criminal, como generalmente ocurre en Colombia, dada el alto grado de corrupción institucional, fue perdiendo interés en los despachos de la Fiscalía. Curiosa y coincidencialmente se perdió parte de la documentación encontrada; el proceso lo trasladaron a la Fiscalía de Bogotá, en donde quedó casi congelado por años; y el paramilitar que capturaron el mismo día del allanamiento, se fugó de la cárcel. Hasta que llegó el fiscal general Luis Camilo Osorio, impuesto por el entonces presidente conservador Andrés Pastrana Arango, y en octubre de 2001 archivo el caso, y de esta manera, casi nadie más habló de él.

Ejercicio de memoria: recuperación de historias y expedientes

Salinas Plaza construye su relato a partir de expedientes judiciales, archivos oficiales y, sobre todo, de entrevistas en profundidad con sobrevivientes, familiares de las víctimas y protagonistas directos de la investigación. El libro rescata voces que habían sido silenciadas por el miedo y la violencia, y las entrelaza en una narrativa que no busca el sensacionalismo, sino la dignidad y la reivindicación de quienes arriesgaron su vida en nombre de la justicia. La autora logra, así, un ejercicio de memoria colectiva que trasciende la mera crónica de hechos para convertirse en un testimonio imprescindible sobre la historia reciente del país.

Uno de los principales aportes del libro es su capacidad para denunciar, con pruebas y testimonios, la red de complicidades que permitió el funcionamiento de la central financiera paramilitar y la posterior persecución contra los funcionarios del CTI.

Salinas Plaza no se limita a describir los hechos, sino que indaga en las responsabilidades de las fuerzas políticas, los vacíos de la justicia y las dinámicas de encubrimiento que siguen vigentes en la actualidad. La rigurosidad de la investigación se evidencia en la minuciosidad del trabajo documental, el uso de fuentes diversas y la contrastación permanente de la información, lo que otorga al libro un valor testimonial y probatorio indiscutible.

El análisis propuesto por Salinas Plaza no se agota en la revisión del pasado, sino que establece conexiones directas con la política y la justicia contemporáneas. La autora muestra cómo varios de los protagonistas de este entramado —investigadores, políticos, empresarios y actores armados— siguen teniendo incidencia en el país actual. El libro interpela al lector sobre la continuidad de ciertas prácticas de impunidad y corrupción, y plantea interrogantes sobre el papel del Estado y la sociedad en la construcción de una memoria histórica que no repita los errores del pasado.

‘El laberinto del parqueadero Padilla’ es una obra fundamental para comprender la complejidad de las violencias en Colombia y el papel ambiguo de las instituciones en la lucha por la verdad y la justicia. La periodista Salinas Plaza ofrece un testimonio valiente y necesario, que dignifica a las víctimas y desafía al lector a reflexionar sobre el valor de la memoria como herramienta de transformación social. Su trabajo periodístico, sustentado en la rigurosidad investigativa y el compromiso ético, contribuye de manera significativa a la construcción de una memoria colectiva que permita entender y, eventualmente, superar los laberintos de la impunidad y el silencio.

Como la autora afirmó en el acto de presentación del libro en el Gimnasio Moderno de Bogotá, si bien “el monstruo sigue ahí” y aunque “no llegue la justicia, que llegue la verdad”. Y esta rigurosa investigación contribuye a ello.