POR ESTEBAN CRUZ*
El pasado martes 10 de septiembre, el Senado de la República dejó pasar una oportunidad crucial: debatir el Proyecto de Ley número 163 de 2023, una iniciativa que buscaba garantizar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez para quienes laboran en ocupaciones de alto riesgo para la salud. Resulta incomprensible que, en pleno siglo XXI, sigamos ignorando a miles de trabajadores que, a cambio de su esfuerzo, están hipotecando su salud para sostener sectores vitales de la economía. Estos empleos, aunque fundamentales para el funcionamiento de nuestra sociedad, representan un costo altísimo en términos de salud.
Desde la exposición a sustancias tóxicas como el asbesto en la construcción hasta el manejo diario de químicos peligrosos en la industria manufacturera, los riesgos están bien documentados. El activismo sindical en conjunción con la ciencia, lleva más de un siglo alertando sobre los daños irreversibles que enfrentan quienes laboran bajo estas condiciones. Estudios epidemiológicos, como los realizados por el doctor Anthony Lanza a principios del siglo XX, evidencian la relación directa entre la exposición prolongada a materiales peligrosos y enfermedades como la asbestosis y la silicosis. Sin embargo, a pesar de esta evidencia científica contundente, la regulación laboral parece estar siempre un paso atrás, respondiendo de forma lenta e insuficiente a la urgencia del problema.
El Proyecto de Ley 163 de 2023 busca elevar a un marco legal definitivo el Decreto 2090 de 2003, que regula la pensión especial de vejez para actividades de alto riesgo. Esta pensión permite a los trabajadores en dichas actividades jubilarse de manera anticipada, con un mínimo de 50 años, siempre que hayan cotizado 700 semanas bajo condiciones especiales y cumplan con el total de semanas exigidas por el sistema general de pensiones. Sin embargo, el decreto estableció un régimen transitorio de 10 años para la prestación económica, el cual fue renovado en 2014 por otros 10. Ahora, a menos de un año de su vencimiento, su renovación para 2024 es incierta, y preocupa aún más que esta garantía no haya sido incluida en la Reforma Pensional del Gobierno, dejando a los trabajadores de alto riesgo en una preocupante indefinición legal.
Frente a ello, es evidente que la incertidumbre científica sobre los riesgos laborales en actividades de alto riesgo exige que el derecho actúe de manera preventiva, protegiendo a los trabajadores y anticipándose a posibles daños. El Proyecto de Ley 163 de 2023 busca precisamente eso: reglamentar la pensión especial de vejez para quienes laboran en condiciones de alto riesgo, ajustando la edad de retiro y las cotizaciones para mitigar el impacto de estas condiciones en la salud. Así, el derecho se convierte en un escudo protector permanente para los trabajadores frente a los riesgos que la ciencia aún no ha terminado de definir con certeza, pero cuyas consecuencias ya son evidentes.
El hecho de que el concepto negativo del Ministerio de Hacienda pueda poner en duda la viabilidad fiscal del Proyecto de Ley 163 de 2023 no debería frenar el debate en su trayectoria parlamentaria. Estos trabajadores, que diariamente arriesgan su salud en condiciones peligrosas, merecen una solución justa que no puede quedar relegada por consideraciones económicas a corto plazo. Es menester que el Gobierno busque alternativas que permitan garantizar el reconocimiento de esta pensión especial, asegurando que los derechos de quienes sostienen con su esfuerzo sectores vitales de la economía sean protegidos de manera efectiva y permanente.
*Abogado, asesor legislativo.
