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En rueda de prensa ofrecida el pasado domingo 15 de junio, el candidato presidencial de la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, anunció ha decidido presentar una acción penal contra su contrincante de la ultraderecha Abelardo de la Espriella por su presunta participación en el saqueo de recursos del sistema de salud
En efecto, Cepeda acusó a De la Espriella de supuestamente beneficiarse de contratos y movimientos de patrimonio mientras Salud Vida EPS atravesaba una profunda crisis financiera.
Se trata de un grave “saqueo del sistema de salud” en la región Caribe.
La acción judicial incluye señalamientos sobre supuestos delitos como administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.
Según el candidato de la Alianza por la Vida, Abelardo de la Espriella habría tenido participación en hechos relacionados con la empresa Salud Vida EPS durante una crisis financiera y administrativa que derivó en su liquidación.
Cepeda indicó que la firma de abogados de De la Espriella representó legalmente a empresas y figuras políticas vinculadas a investigaciones sobre irregularidades en el sistema de salud.
Los antecedentes presentados por Cepeda mencionan que, en 2018, la Superintendencia Nacional de Salud sometió a Salud Vida EPS a una medida de vigilancia especial por “irregularidades de carácter administrativo, financiero y operativo”.
Durante ese periodo, la empresa firmó un contrato con la firma jurídica de De la Espriella, por un valor de $18.000 millones, de los cuales $3.000 millones, según Cepeda, correspondían a honorarios y $15.000 millones a una prima de éxito.
La denuncia sostiene que estos pagos se habrían realizado con recursos públicos o parafiscales destinados al sector salud, lo que, según la regulación vigente, explicada por el candidato, estaría prohibido para la defensa jurídica de directivos o propietarios.
“La regulación es muy clara en señalar que no se permite destinar fondos públicos de la salud para pagar defensa jurídica”, señaló Cepeda durante la presentación de la denuncia.
El contrato de representación legal con la firma de De la Espriella se habría suscrito cuando la Superintendencia Nacional de Salud ya había ordenado la liquidación de Salud Vida EPS, una entidad que en ese momento reportaba un pasivo de un billón de pesos y más de un millón de usuarios afectados. Cepeda cuestionó que, en este contexto, los recursos de la EPS se hayan destinado a la defensa jurídica de los directivos en vez de atender las necesidades de los afiliados.
Otro de los puntos destacados en la denuncia expone que Salud Vida EPS habría ocultado parte de su patrimonio a través de una transacción inmobiliaria en Panamá. Según Cepeda, en diciembre de 2018 se notificó a la Fiscalía General la venta de 46 inmuebles por 164 mil millones de pesos a la sociedad Litian Investment S.A.S., con sede en Panamá y vinculada a los propietarios del grupo empresarial Salud Vida.
Según lo expuesto por Cepeda, tanto la contratación de la firma jurídica como los movimientos patrimoniales y las transferencias a empresas relacionadas con el entorno político de De la Espriella forman parte de un entramado que habría facilitado el desvío de fondos del sistema de salud.
La denuncia, según Iván Cepeda, busca que las autoridades judiciales investiguen la posible comisión de delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos y el manejo de los activos de la EPS.
En el anuncio de la denuncia se mencionó que la representación legal de Salud Vida EPS por parte de De la Espriella se produjo once meses después de la orden de liquidación, lo que incrementó los cuestionamientos sobre la finalidad de la contratación y la legalidad en el uso de los recursos.
“Durante el periodo de vigilancia especial, Salud Vida entregó al señor de la Espriella un contrato por 18.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones eran presentados por sus honorarios más una prima de éxito de 15.000 millones para que no defendiera a la empresa en este proceso”, se expuso en la rueda de prensa.
La denuncia también relaciona la financiación de la campaña presidencial de De la Espriella con empresas y clínicas vinculadas a Gutiérrez, señalando que parte de los recursos provendrían de contratos y transferencias realizadas durante la crisis de Salud Vida EPS y de otras entidades del sector salud bajo cuestionamiento.
