POR JAIME BRAVO Y JORGE COULON /
La vacancia de Dina Boluarte no es una victoria popular, sino un reajuste interno del poder. El Congreso no obedeció al clamor de las calles, sino a la necesidad de preservar un sistema que se desmorona por dentro. Se cambió el fusible para que siga encendida la misma maquinaria: el pacto entre plutocracia, corrupción y miedo.
Boluarte fue útil mientras sostuvo el orden impuesto tras la caída de Pedro Castillo. Su destitución funciona ahora como sacrificio simbólico para calmar la indignación colectiva. Pero el país no ha despertado: solo ha cambiado de verdugo. La estructura que permitió la represión, las muertes impunes y la degradación institucional permanece intacta.
Uno de los factores que abrió esta crisis –y que a la vez la convierte en oportunidad para las oligarquías– es la degradación de los partidos políticos. Los nuevos movimientos no nacieron como espacios de deliberación popular, sino como extensiones de cacicazgos personales sin base ni programa. En este vacío, el poder económico y mediático encontró el terreno perfecto para reorganizarse.
Hoy resulta más fácil coordinar una movilización que dirigir una transición, más fácil indignarse que construir una alternativa. Esa fragilidad organizativa convierte cada estallido en un paréntesis sin continuidad.
El desafío, entonces, no es sólo resistir sino instituir: dar forma a expresiones permanentes, colectivas, capaces de legitimarse desde abajo y ejercer liderazgo real. Sin esa trama política y ética, las rebeliones seguirán siendo absorbidas por los mismos mecanismos que dicen combatir.
Este problema no es exclusivo del Perú: recorre América Latina entera, donde la descomposición partidaria ha dejado a los pueblos sin canales para procesar su energía social y sin estructuras para sostener el cambio.
José Jerí, el cuestionado nuevo presidente por sucesión parlamentaria, representa la continuidad de ese régimen. Su llegada no abre una transición democrática: consolida el poder de un Congreso que actúa como casta cerrada, sin legitimidad ni horizonte ético. El problema no es quién gobierna, sino quién sigue decidiendo detrás del telón.
El pueblo peruano, que marchó, sangró y resistió, queda otra vez en la intemperie: sin justicia, sin representación y sin confianza. Pero también más lúcido.
Ha comprendido que no basta cambiar nombres; que el verdadero cambio exige romper el molde, desmontar la Constitución heredada del fujimorismo y refundar el pacto social desde abajo, con participación real y memoria viva.
El golpe blando no clausura la historia: la desnuda.
Y en esa desnudez –entre la herida y la conciencia– puede comenzar a escribirse la palabra pueblo con la tinta de su propio destino.
