POR FRANCISCO SIERRA CABALLERO* Y DANIELA INÉS MONJE MEDINA** /

El vínculo entre comunicación y democracia es una construcción política, jurídica e intelectual que se ha consolidado a lo largo de los últimos 75 años en el marco del derecho público internacional y que se asienta fundamentalmente en la definición de los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión a partir de los documentos suscritos en el período de posguerra como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 define por vez primera como un derecho universal el derecho a la información que cualquier persona puede ejercer, entendido en su triple dimensión de emitir, recibir e investigar sin censura alguna por parte de los poderes públicos o privados.

Desde entonces se han desplegado una batería de declaraciones, directivas y legislaciones diversas tanto a nivel internacional como en la Unión Europea (UE) que, fundadas en este espíritu, han recogido y mejorado con especificaciones varias, la complejidad creciente que el derecho a la información, y más ampliamente los derechos a la comunicación, demandan en las sociedades contemporáneas como garantía para el despliegue de sistemas democráticos de calidad. Uno de los aspectos considerados a inicios del siglo XXI, sobre la base de la revisión del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969, fue la ampliación en el año 2000 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

A partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se indica específicamente que «la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática». El mismo documento señala asimismo que «los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos», y se ofrece un despliegue de interpretaciones sobre lo que significa hablar de libertad de expresión, lo cual implica el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla, así como a acceder a la información sobre si misma en poder del Estado.

Estas definiciones, aun cuando resultan progresivas en materia de derechos, se han mostrado insuficientes a la luz de las transformaciones tecnológicas que se produjeron de modo acelerado a partir de la revolución digital. El despliegue de plataformas de contenidos que aconteció a partir de 2004 generó un desplazamiento estructural en el mercado, en los modos de producción y consumo de información que no tiene parangón en la historia: iniciando con la creación de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter 2006, IPhone en 2007, WhatsApp en 2009, Instagram en 2010, Telegram en 2013, Alphabet 2015, por solo ofrecer algunos ejemplos de lo ocurrido en una década.

A partir de la plataformización de la sociedad, resulta imperioso conformar espacios de reflexión que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La agenda de problemas en materia de comunicación ha sumado a los ya históricos temas referidos a infraestructura, derechos de los periodistas, democratización de las comunicaciones, radiodifusión, monopolios de la comunicación, acceso y participación ciudadana, otros retos vinculados a los procesos de digitalización, gestión de datos e información personal, control y manipulación de comportamientos o regulaciones varias sobre Inteligencia Artificial generativa aplicada en el campo de la comunicación y la cultura.

Con la sanción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, recientemente aprobado, se inicia un nuevo ciclo global que pondrá en relación los diferentes acuerdos alcanzados para avanzar en la gobernanza de la Inteligencia Artificial, ya sea mediante directrices o a través de principios o códigos de conducta como los definidos en otras latitudes tales como la Orden Ejecutiva de Biden, la declaración de Bletchley o el proceso de Hiroshima. Toda una renovada batería de problemas inaugura un nuevo tiempo público para la gestión de políticas públicas orientadas a alcanzar la conectividad y la digitalización, la gestión del 5G y la renovación de las redes e infraestructuras de conectividad entre otros aspectos de relevancia hacia el futuro que deben ser objeto de discusión e intervención social desde una perspectiva democrática.

En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística.

En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática del sistema de información.

Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático, garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa.

*Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación y diputado español por la formación Sumar.

**Daniela Inés Monje Medina es catedrática de Comunicación Política y coordinadora de la Plataforma Hermes.

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