TSC /

El cuestionamiento formulado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X este viernes 10 de julio, al señalar a “BlackCore la empresa israelí que puso 500.000 bots: perfiles falsos, para manipular la conciencia del electorado colombiano con millones de mentiras sobre Iván Cepeda y sobre mí”, se inscribe en una controversia de alto impacto político: la existencia de operaciones digitales transnacionales orientadas a incidir en procesos electorales, deteriorar reputaciones públicas y alterar artificialmente la conversación ciudadana.

La gravedad de la afirmación no radica únicamente en el número de cuentas falsas mencionado, sino en el tipo de fenómeno que describe: una estrategia de guerra informativa en la que perfiles automatizados o inauténticos, páginas engañosas, anuncios difamatorios y narrativas coordinadas buscan producir la apariencia de una opinión pública espontánea. En contextos electorales con alto grado de pugnacidad, esa circunstancia termina teniendo efectos reales sobre la confianza, la percepción de legitimidad y la conducta de los votantes.

Qué es BlackCore y por qué está bajo la lupa

 

BlackCore se presentó públicamente como una firma de “influencia, ciberseguridad y tecnología” orientada a campañas políticas y gobiernos. Según investigaciones periodísticas citadas por Reuters, la compañía afirmaba ofrecer herramientas para moldear narrativas en el entorno digital; sin embargo, tras las denuncias, su sitio web y su presencia corporativa desaparecieron o fueron retirados de línea.

Reuters también reportó que no logró encontrar referencias claras de la empresa en registros mercantiles israelíes, un dato que aumenta la opacidad sobre su estructura, responsables y posibles clientes.

La agencia francesa Viginum, encargada de detectar injerencias digitales extranjeras, vinculó a BlackCore con presuntas operaciones en Francia, Nueva York, Escocia, Angola y Togo.

En el caso francés, las pesquisas apuntaron a campañas de desprestigio contra candidatos de izquierda mediante sitios engañosos, perfiles falsos, publicidad negativa y redes coordinadas.

Meta, por su parte, informó que eliminó una red de cuentas y páginas por comportamiento inauténtico coordinado, con actividad originada en Israel y dirigida principalmente contra Francia.

El patrón: desinformación, reputación y manipulación electoral

El patrón atribuido a BlackCore corresponde a una modalidad contemporánea de intervención política: no necesariamente busca convencer con argumentos, sino contaminar el ecosistema informativo. Su lógica consiste en inundar redes sociales con mensajes repetidos, fabricar consensos aparentes, atacar la credibilidad de adversarios y explotar emociones como miedo, indignación o rechazo. En esa dinámica, la mentira no opera como un hecho aislado, sino como parte de una arquitectura de amplificación.

La denuncia de Petro sobre Colombia deja al descubierto que el país ha estado ante una situación de injerencia digital externa con fines electorales. La referencia a Iván Cepeda y al propio mandatario sugiere que el objetivo fue incidir sobre figuras centrales del campo progresista, bien para deteriorar su imagen, bien para condicionar la percepción pública durante la pasada contienda electoral o para impedir la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico.

Intervención extranjera en las elecciones

La denuncia del presidente Petro evidencia la intervención de actores extranjeros, empresas privadas y redes opacas en la formación de la voluntad democrática durante el último proceso electoral en Colombia. En segundo lugar, ubica la desinformación como un asunto de seguridad democrática, no simplemente como una anomalía de redes sociales.

También hay una dimensión de disputa narrativa. Al denunciar una operación de bots contra él y contra Cepeda, Petro busca explicar parte del clima de hostilidad digital como resultado de una maquinaria organizada y no solo como expresión espontánea de rechazo ciudadano.

Para el país, el caso plantea al menos cuatro implicaciones. La primera es institucional: Fiscalía, autoridades electorales, organismos de inteligencia y plataformas digitales están obligadas a determinar cómo operaron las redes automatizadas, la financiación ilícita, la contratación internacional y la coordinación con actores nacionales.

La segunda es electoral: si una red de cientos de miles de perfiles falsos intervino en la conversación pública, la equidad de la competencia política se vio afectada.

La tercera implicación es diplomática. Al tratarse de una empresa señalada como israelí, cualquier investigación debe distinguir cuidadosamente entre una compañía privada, eventuales contratistas, posibles financiadores y la responsabilidad de un Estado. Esa separación es indispensable para evitar conclusiones apresuradas, pero no elimina la necesidad de cooperación internacional. La cuarta es ciudadana: la democracia colombiana requiere mecanismos de alfabetización digital, transparencia algorítmica y trazabilidad de la publicidad política en redes.

No se puede minimizar el fenómeno. Las investigaciones internacionales sobre BlackCore muestran que la manipulación digital ya no es marginal ni artesanal. Se trata de un mercado global de influencia política, con herramientas cada vez más sofisticadas, capaz de operar en múltiples jurisdicciones y de adaptarse a climas locales de alta pugnacidad política.

El cuestionamiento del presidente Petro sobre BlackCore debe leerse como una alerta sobre la vulnerabilidad de las democracias frente a operaciones privadas de manipulación informativa.

En la actual coyuntura política es un hecho que Colombia está ante un caso grave de injerencia digital en la deliberación electoral.

La democracia no solo depende del conteo de votos, sino de las condiciones bajo las cuales los ciudadanos forman su opinión. Cuando el debate público es intervenido por redes falsas, anuncios difamatorios y campañas transnacionales opacas, la defensa electoral pasa también por proteger la integridad del espacio digital.