Por Eduardo Sarmiento Palacio
En los altos círculos financieros se propone cerrar Colpensiones y trasladar a los afiliados a los fondos privados (AFP). La operación significaría grandes ganancias para los AFP, la reducción de las mesadas pensionales del promedio de los afiliados y el aumento de las erogaciones presupuestales.
El país operó hasta la expedición de la Ley 100 con un sistema de prima media. Las pensiones se cubrían con los aportes de los afiliados. El sistema operaba holgadamente con cotizaciones correspondientes al 12 % de los ingresos.
El sistema privado funciona en forma distinta. Las pensiones se cubren con las cotizaciones acumuladas durante la vida útil incrementada por los rendimientos financieros de la cartera de los fondos. En virtud de que el crecimiento de los cotizantes es mayor que la tasa de interés, los fondos generan grandes excedentes que se colocan en el mercado de capitales. De tiempo atrás, los trabajadores pueden escoger entre los dos sistemas y trasladarse de uno a otro.
Los proponentes de la eliminación de Colpensiones acusan al sistema de prima media de haber sido el causante de la erogación fiscal por pensiones que superan los $35 billones. No es cierto. La elevada erogación de las pensiones obedece a que múltiples dependencias oficiales incurrieron en pasivos pensionales que carecían de reservas y obligaron a los gobiernos a asumirlos en el presupuesto nacional. La situación se vio agravada por la entrada de los fondos privados de pensiones. Los afiliados se trasladaron o dejaron de ir al sistema público. Colpensiones se quedó con los pensionados y las erogaciones se cargaron al presupuesto nacional. En el fondo se trata de una transferencia de los contribuyentes a los fondos privados de pensiones.
El sistema de pensiones, por sus complicaciones operacionales, ha servido para grandes engaños. Las propagandas y los intermedios no ahorraron artificios para mostrarles a los individuos que obtendrían mayores pensiones en el sistema privado. La comparación de los beneficios certificados en las dos modalidades despeja la falacia. En el sistema público se obtienen pensiones hasta del 75 % del ingreso, y en la modalidad privada apenas llegan al 20 %. La explicación es simple. Mientras en el sistema público los ingresos por cotizaciones se destinan en su totalidad al pago de pensiones, en el privado se comprometen en buena parte en la adquisición de activos del sector financiero.
La sustitución de la tributación directa por la indirecta y la privatización de las pensiones y, en general, de la administración de los servicios básicos, se adoptó como una estrategia para elevar el ahorro y la capitalización a expensas del salario. El expediente ha sido una de las causas del aumento de la participación del capital en el producto y del deterioro de la distribución del ingreso, y en este momento está seriamente cuestionado a nivel mundial.
El fracaso se agravaría con la propuesta de cerrar Colpensiones. Las cotizaciones que en la actualidad van al sistema público para cubrir las pensiones se desplazarían a las AFP, que a su turno las orientarían al sector financiero y tendrían que ser sustituidas por ingresos tributarios o la ampliación del déficit fiscal.
Ciertamente, las personas de altos ingresos obtienen los mayores beneficios del sistema de prima media. Sin embargo, la solución no puede ser desmontarlo para trasladar los afiliados al sector privado. Por el contrario, lo que se plantea es fortalecerlo con una focalización de los recursos con claros criterios equitativos. Un primer paso consistiría en limitar el acceso a las rentas por debajo de 1,7 salarios mínimos, propiciar la presencia del 40 % más pobre y gravar las altas pensiones como ingresos corrientes.
El Espectador, Bogotá.