POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Las elecciones terminaron y comienza una nueva etapa para Colombia. Quienes durante años denunciaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro como un fracaso económico ahora tendrán en sus manos la responsabilidad de administrar el país que reciben.

Y la primera contradicción aparece de inmediato. Mientras la campaña de Abelardo de la Espriella se construyó sobre discursos de crisis, caos y desastre, los indicadores económicos muestran una realidad más compleja. El dólar se encuentra en niveles relativamente estables, la inflación ha descendido respecto a los picos de años anteriores, el desempleo se ubica por debajo de los dos dígitos, el salario mínimo alcanzó los dos millones de pesos, Colombia es la cuarta economía mejor del mundo y la deuda pública se encuentra por debajo de las proyecciones realizadas para 2026.

Además, el Gobierno Petro ha ejecutado una reforma agraria con más tierras entregadas a los campesinos, y con una política en defensa del medio ambiente, rehabilitación de los ferrocarriles, el destape de corrupción más grande en el sector de la salud, la DIAN y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el decomiso de toneladas de cocaína como ningún otro gobierno lo ha hecho y el respeto por los derechos humanos. Son tantos los cambios logrados en beneficio de los colombianos.

Por supuesto, Colombia sigue teniendo enormes desafíos: son más de doscientos años de pobreza, desigualdad, informalidad laboral y concentración de la riqueza. No se puede afirmar seriamente que todos los problemas fueron resueltos. Pero tampoco resulta honesto sostener que el país que recibe el nuevo Gobierno de ultraderecha encabezado por el cuestionado abogado De la Espriella es una nación quebrada como lo dice políticos y los medios de comunicación del conservadurismo ultramontano.

La verdadera prueba comienza ahora. Ya no bastan las consignas de campaña ni las denuncias contra el Gobierno saliente. Gobernar exige decisiones concretas, capacidad administrativa y, sobre todo, coherencia ética.

Los colombianos tienen derecho a preguntarse si quienes llegan al poder actuarán en defensa del interés general o si permitirán que sectores cuestionados por la opinión pública y por diversos escándalos políticos terminen influyendo en las decisiones del Estado y se vuelva al pasado. La confianza ciudadana no se construye con discursos sino con transparencia, resultados y respeto por las instituciones.

La historia demuestra que los gobiernos suelen ser víctimas de sus propias promesas. Quien promete acabar con todos los males del país termina siendo juzgado con una vara mucho más exigente. Esa será la situación del nuevo Gobierno ultraconservador que se inaugura el próximo 7 de agosto.

Si conserva la estabilidad económica recibida y la convierte en bienestar social para las mayorías, tendrá méritos que reconocer. Pero si desmonta los avances alcanzados, favorece intereses particulares o profundiza las desigualdades, será recordado como una oportunidad perdida.

Hoy Colombia no enfrenta únicamente un cambio de gobierno. Enfrenta una prueba histórica: saber si quienes conquistaron el poder estaban preparados para ejercerlo o si simplemente eran mañosos, mentirosos, eficaces para señalar errores ajenos.

El país está entregado. Las excusas terminaron. Ahora comienza la hora de los resultados. Son más de doce millones setecientos mil colombianos que votaron por la vida, para hacerle seguimiento.