MEDIAJUSTICE /

Las grandes compañías tecnológicas que construyen enormes centros de datos, que integran la Inteligencia Artificial (IA) en todos los aspectos de nuestra vida y que venden herramientas de vigilancia a agencias federales, también compran medios de comunicación, financian redacciones y controlan las plataformas donde la mayoría de la gente se informa. No solo son dueños de los medios; controlan qué se considera noticia, qué historias se cuentan y qué futuros parecen posibles.

La concentración de poder de los grandes magnates y corporaciones tecnológicas no solo reorganiza el mercado informativo: redefine la infraestructura material (centros de datos), el circuito económico (publicidad, financiación y dependencia) y la arquitectura de la visibilidad (plataformas y algoritmos) desde donde se decide qué es noticia, qué voces se legitiman y qué futuros se vuelven imaginables.

MediaJustice acaba de publicar su informe ‘Media capture. Who controls the story controls the future’ (MediaJustice.org, marzo de 2026) —‘Captura mediática. Quien controla la historia controla el futuro’— en el que mapea cómo el corporativismo tecnológico captura el sistema mediático mediante tres estrategias interconectadas: (i) propiedad directa de medios y expansión de “imperios” mediáticos; (ii) influencia financiera sobre redacciones (patrocinios, ‘filantropía’ estratégica, acuerdos comerciales) y nuevas dependencias impulsadas por asociaciones con IA; y (iii) control de plataformas (distribución, algoritmos, moderación, publicidad) por donde se informa la mayoría de la población.

 

La advertencia es clara: sin periodismo independiente y sin soberanía comunicacional, la deliberación democrática se vuelve vulnerable a una captura estructural.

Captura del relato mediático

Los siguientes son los principales aspectos de la captura del relato mediático por parte de las grandes plataformas comunicacionales que monopolizan la divulgación informativa a nivel planetario:

• Infraestructura + narrativa: la expansión de centros de datos y la expansión de poder narrativo avanzan como parte del mismo proyecto de acumulación.

• IA como acelerador: la integración de IA en flujos editoriales y comerciales puede profundizar dependencias tecnológicas, homogeneizar contenidos y desplazar capacidades periodísticas.

• Plataformas como porteros: la mayor parte del consumo informativo ocurre bajo reglas privadas (algoritmos, términos de servicio, mercados de publicidad).

• Vigilancia y seguridad: el informe vincula el negocio tecnológico con herramientas de vigilancia y su articulación con agencias estatales, afectando libertades civiles y clima de expresión.

• Impacto desigual: comunidades racializadas y organizadores sociales enfrentan mayor exposición a desinformación, estigmatización y borramiento de agendas.

Quién define “lo noticioso” en la era de las plataformas y la IA

Desde los estudios de comunicación, la noción de “captura mediática” del informe puede leerse como una actualización de tres problemas clásicos —agenda-setting, encuadre (framing) y control de compuertas (gatekeeping)— en un entorno donde la compuerta ya no es solo editorial, sino también infraestructural y algorítmica.

Cuando magnates tecnológicos compran medios, financian redacciones o proveen herramientas (nube, analítica, IA generativa) que se vuelven indispensables, no solo influyen en contenidos, intervienen en las condiciones de producción de la noticia.

El informe enfatiza además el poder de las plataformas: allí, “lo noticioso” compite en mercados de atención gobernados por sistemas de recomendación y publicidad. En términos comunicacionales, esto produce una doble mediación: la noticia se escribe para audiencias, pero también para máquinas (métricas, SEO, reglas de monetización, formatos priorizados por la plataforma).

La captura opera entonces como una forma de disciplina invisible: el medio que depende del tráfico o de acuerdos tecnológicos puede autocensurarse, ajustar prioridades, simplificar complejidades y privilegiar narrativas “compatibles” con el modelo de distribución dominante.

En este marco, la IA aparece como tecnología ambivalente. Puede apoyar tareas rutinarias, pero también intensificar riesgos: opacidad (criterios de clasificación o detección difíciles de auditar), uniformidad (textos y enfoques cada vez más parecidos), dependencia (si el flujo editorial depende de herramientas propietarias) y fragilidad epistemológica (errores automáticos, “alucinaciones” y contaminación informativa). El resultado potencial es una esfera pública con más volumen de contenido, pero con menos pluralidad, menos trazabilidad y menor capacidad de control ciudadano sobre el proceso informativo.

Oligarquía tecnológica, dependencia y “extractivismo de datos”

 

El informe propone una tesis sociológica directa: estamos ante una oligarquía tecnológica que acumula, simultáneamente, capital económico (infraestructura, datos, mercados), capital político (influencia regulatoria y contratos públicos) y capital simbólico (capacidad de nombrar la realidad a través de medios y plataformas). En ese sentido, la “captura mediática” no es solo un problema del periodismo: es un reordenamiento del campo informativo donde los actores con mayor capacidad material colonizan los dispositivos que producen sentido común.

Esta captura también puede leerse como una transformación del trabajo periodístico. Cuando la supervivencia del medio depende de alianzas tecnológicas, financiación externa o distribución en plataformas, se reconfiguran incentivos y jerarquías profesionales: aumenta la presión por producir rápido, optimizar para métricas y externalizar funciones (moderación, edición, verificación). La consecuencia sociológica es la pérdida de autonomía de la profesión y, con ella, la reducción de su capacidad para actuar como contrapeso del poder corporativo.

Un punto distintivo del informe de MediaJustice es que enmarca la concentración mediática como un asunto de justicia racial. Cuando el sistema informativo se consolida, tienden a disminuir las voces de comunidades con menor poder económico y político, y se refuerzan narrativas estigmatizantes sobre migración, seguridad, protesta, pobreza o acceso a derechos. Si a ello se suma el negocio de la vigilancia —herramientas vendidas a agencias estatales, perfiles de riesgo, reconocimiento facial, extracción masiva de datos—, el problema se vuelve doble: no solo se controla el relato sobre ciertos grupos; también se amplían capacidades para monitorearlos y para desincentivar su organización.

Captura estructural de la esfera pública y debilitamiento democrático

Politológicamente, el informe describe una forma de poder que no se reduce a propaganda: es poder estructural. Quien controla infraestructura digital (nube, centros de datos), canales de distribución (plataformas) y dependencias económicas (publicidad, financiación, alianzas de IA) puede condicionar los márgenes de la deliberación pública sin necesidad de intervenir de manera explícita en cada contenido. En términos clásicos: no solo influye en decisiones, sino en la agenda de lo decidible.

El corazón del problema es la privatización de reglas que funcionan como si fueran públicas: términos de servicio, estándares de moderación, diseño de recomendadores, segmentación publicitaria y políticas de monetización. Estas reglas determinan qué discursos circulan, qué se invisibiliza y qué se penaliza.

Cuando además los actores tecnológicos mantienen relaciones estrechas con el Estado (contratos, ventas de vigilancia, alianzas “de seguridad”), se abre la puerta a formas de captura que operan por debajo del radar institucional, con costos directos para libertades civiles, pluralismo y control ciudadano.

En la práctica, la captura mediática altera el terreno de juego de la democracia: distorsiona el ecosistema informativo en campañas electorales, define qué temas “importan”, amplifica el pánico, la polarización rentable, y reduce la capacidad del periodismo para investigar a quienes, paradójicamente, financian o proveen la infraestructura con la que ese periodismo opera.

La advertencia del reporte de MediaJustice —“quien controla la historia controla el futuro”— debe leerse como un llamado a disputar las condiciones materiales y normativas que permiten que la agenda pública quede subordinada a un pequeño número de actores privados.

Herramientas y orientaciones para “combatir la captura”

 

Además del diagnóstico, el informe se presenta como un insumo para la organización social. Su aporte no es “neutral”: busca dotar a activistas y comunidades de un marco para identificar dependencias y construir poder. En términos aplicados, sus orientaciones pueden resumirse así:

• Mapeo de poder: identificar quién posee medios, quién financia redacciones, qué proveedores tecnológicos soportan la infraestructura (nube, analítica, IA) y qué plataformas concentran la distribución.

• Lectura de dependencias: rastrear cómo la financiación, la publicidad y los acuerdos de IA pueden condicionar agendas, enfoques y prioridades editoriales.

• Alianzas multitema: conectar luchas contra centros de datos, vigilancia, precarización laboral y racismo ambiental con la defensa del periodismo independiente y del derecho a la información.

• Demandas de transparencia y rendición de cuentas: exigir divulgación de acuerdos comerciales, prácticas de moderación y criterios algorítmicos que afecten alcance y monetización.

• Construcción de alternativas: fortalecer medios comunitarios y redes de distribución propias (boletines, radios, mensajería, espacios presenciales), reduciendo vulnerabilidad a cambios de plataforma.

• Alfabetización crítica: promover capacidades para leer cómo operan los sistemas de recomendación, la desinformación y los contenidos sintéticos generados por IA.

La disputa por la infraestructura narrativa

La fuerza del informe está en desplazar la discusión del plano moral (“sesgos”, “malas prácticas”) al plano estructural: propiedad, dinero y plataformas. Ese desplazamiento obliga a repensar la libertad de prensa como algo más que ausencia de censura estatal; también es capacidad material para investigar y publicar sin depender de los actores investigados, y capacidad social para sostener circuitos de información que no estén capturados por la lógica de la vigilancia y la extracción.

Una agenda mínima, sugerida por el propio diagnóstico, se puede formular con preguntas guía: ¿quién controla la infraestructura donde circula la información?, ¿quién paga por la noticia (y con qué condiciones)?, ¿qué voces quedan fuera cuando la visibilidad la decide un algoritmo?, ¿qué arreglos institucionales y comunitarios pueden garantizar pluralismo, derechos y futuro?