POR OMAR ROMERO DÍAZ /

De las relaciones empresariales a los nombramientos en el Estado: demasiadas coincidencias que exigen explicaciones públicas, investigaciones independientes y transparencia.

Hay preguntas que un país no puede seguir aplazando: ¿quiénes son los socios empresariales del presidente Abelardo de la Espriella? ¿De dónde provienen los capitales que participaron en sus negocios? ¿Por qué personas relacionadas profesional o comercialmente con personajes condenados por paramilitarismo aparecen alrededor de sus empresas y de importantes instituciones del Estado?

No estamos hablando de rumores de redes sociales. Estamos hablando de relaciones comerciales, documentos societarios, operaciones inmobiliarias, nombramientos públicos y denuncias que deben ser examinadas por las autoridades.

El caso del ‘comandante Barbie’: una relación que exige explicaciones

 

Uno de los asuntos más delicados es el de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias ‘comandante Barbie’, condenado por su relación con estructuras paramilitares.

Según investigaciones publicadas por La Silla Vacía y la Revista Cambio Colombia, Martha Lucía Rodríguez, hermana de ‘Barbie’, le vendió a Abelardo de la Espriella la finca Nueva Jerusalén. Además, Elisa Clara Rodríguez Fuentes, otra integrante de ese entorno familiar, figura con participación accionaria en Dominio De la Espriella S.A.S., empresa relacionada con el Ron Defensor.

Pero hay otro dato que merece atención: Camilo Andrés Rojas, quien fue abogado de alias ‘Barbie’, ocupa un cargo directivo en Ecopetrol.

No son hechos aislados. ¿Qué explicaciones existen sobre estas relaciones? ¿Se verificó el origen de los recursos y la naturaleza de las operaciones? Son preguntas legítimas que no pueden despacharse con declaraciones políticas.

Del negocio privado a los puestos clave del Estado

El problema adquiere otra dimensión cuando se examinan los nombramientos gubernamentales. Una investigación de Cambio Colombia, publicada el 8 de noviembre, relaciona a antiguos integrantes de De la Espriella Lawyers y personas cercanas al Presidente con cargos estratégicos del Estado.

Entre los casos señalados están:

• Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol y antiguo subgerente de la firma del mandatario.

• Carlos Augusto Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y socio de De la Espriella en negocios empresariales.

• Camilo Andrés Rojas, antiguo abogado de alias ‘Barbie’, ahora directivo de Ecopetrol.

• Diana Patricia Bravo, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y antigua directiva jurídica de De la Espriella Lawyers.

• Jensi Johana Osorio, directora de la Unidad para las Víctimas y antigua abogada de esa firma.

• Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia de la República y antiguo director general de la misma oficina de abogados.

• Julia Eva Pretelt, superintendente de Sociedades y antigua integrante de la firma.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se están garantizando la independencia, la transparencia y la ausencia de conflictos de interés en estas instituciones?

La SAE administra bienes vinculados a procesos de extinción de dominio; la Unidad para las Víctimas trabaja con asuntos relacionados con la reparación; y Ecopetrol maneja recursos estratégicos de todos los colombianos.

No basta con decir que los nombramientos son legales. También deben existir garantías de independencia y explicaciones públicas sobre las posibles incompatibilidades.

Las denuncias de Iván Cepeda y el capítulo de FIPAZ

El 11 de junio de 2026, Iván Cepeda anunció una denuncia ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional (CPI) contra De la Espriella por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

El eje de sus señalamientos se remonta a la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), que estuvo relacionada con el proceso de acercamiento entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Cepeda sostuvo que la fundación habría recibido recursos de estructuras paramilitares y también habría canalizado dinero hacia ellas. Igualmente, presentó señalamientos sobre presuntos pagos para influir en actuaciones judiciales y favorecer a integrantes de esas organizaciones.

Son acusaciones de enorme gravedad. Deben investigarse con documentos, testimonios y pruebas legalmente obtenidas. No corresponde presentar una denuncia como si fuera una sentencia, pero tampoco sería aceptable ignorarla.

El dinero, los socios y el llamado “narcorrentismo”

En octubre de 2026, durante un debate de control político, Cepeda presentó nuevos señalamientos sobre las relaciones entre negocios privados, capitales cuestionados y estructuras de poder.

Uno de los puntos centrales fue Dominio De la Espriella S.A.S. Según las cifras expuestas por el senador del Pacto Histórico, los aportes del entorno familiar de alias ‘Barbie’ y de Monte Horeb Group representaron el 40,8 % de los depósitos de capitalización en 2022 y el 38,1 % en 2023.

También se mencionó la participación empresarial de Serafino Iácono, relacionado con negocios mineros y con el proyecto Soto Norte, en el entorno empresarial de De la Espriella.

 

Estos datos plantean interrogantes sobre el origen de los capitales, la transparencia societaria y los posibles conflictos de interés frente a decisiones públicas sobre recursos naturales.

El debate no puede limitarse a quién conoce a quién. Debe establecerse qué dinero entró, de dónde salió, quién se benefició y qué decisiones públicas pudieron verse comprometidas.

EE.UU. también debe conocer estos hechos

La dimensión internacional es importante. Estados Unidos ha mantenido durante décadas cooperación con Colombia en materia de narcotráfico, lavado de activos, extradición y lucha contra las organizaciones criminales.

Por eso, las autoridades estadounidenses y sus organismos competentes tienen razones legítimas para conocer las denuncias y examinar cualquier información que corresponda a su jurisdicción, mediante procedimientos legales y con respeto por el debido proceso.

No se puede exigir cooperación internacional para perseguir capitales ilícitos mientras se dejan sin explicación relaciones empresariales y financieras que han sido objeto de cuestionamientos públicos.

La transparencia debe aplicarse a todos, sin excepciones por cargo, poder económico o cercanía política.

La contradicción que Colombia debe resolver

El presidente De la Espriella ha presentado su Gobierno como una administración comprometida con combatir el narcotráfico y las estructuras criminales.

Sin embargo, las investigaciones periodísticas y los documentos presentados por Cepeda ponen sobre la mesa relaciones comerciales, antecedentes profesionales y nombramientos que necesitan explicaciones verificables.

La cuestión central es que ningún presidente puede estar por encima del escrutinio público.

Colombia tiene derecho a saber

La historia del paramilitarismo dejó miles de víctimas, desplazamiento, despojo de tierras y profundas heridas sociales. Por eso, cualquier posible relación entre capitales cuestionados, antiguos integrantes de esas estructuras y quienes hoy administran el Estado debe examinarse con absoluta seriedad.

No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de impedir que el poder político, los negocios privados y los intereses económicos se conviertan en espacios opacos, ajenos al control ciudadano.

Colombia y Estados Unidos deben conocer la información documentada, las denuncias presentadas y las respuestas del Gobierno. La Fiscalía, los organismos de control y las autoridades competentes deben actuar con independencia.

La pregunta que queda abierta es sencilla: si todo tiene una explicación legal, ¿por qué no entregar todas las explicaciones, los documentos y las garantías de transparencia que el país está reclamando?

La lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo no puede tener nombres intocables. La verdad, la justicia y la rendición de cuentas deben ser iguales para todos.