EDITORIAL TSC /

Colombia alcanzó en 2025 un punto de inflexión social: la pobreza monetaria se ubicó en 28 %, el nivel más bajo de la serie histórica reciente, después de estar en 31,8 % en 2024. Según las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el pasado viernes 12 de junio, alrededor de 1,79 millones de personas salieron de la pobreza monetaria en un solo año, mientras la línea nacional de pobreza se fijó en $482.041 mensuales por persona y en $1.928.164 para un hogar de cuatro integrantes.

La reducción de 3,8 puntos porcentuales en la pobreza monetaria no es un dato aislado: representa la mayor caída anual desde el inicio de la serie comparable en 2012 y confirma una tendencia de recuperación social tras el deterioro provocado por la pandemia. El país pasó de 16,2 millones de personas en pobreza monetaria en 2024 a 14,4 millones en 2025, lo que evidencia que el crecimiento de los ingresos de los hogares logró superar el aumento del costo de la canasta básica.

El hecho más relevante es que la mejora se concentró en los hogares de menores ingresos. Mientras en mediciones anteriores los beneficios del crecimiento tendían a concentrarse en los sectores medios y altos, en 2025 los ingresos reales de los hogares más pobres crecieron con mayor fuerza. Esto sugiere un cambio distributivo: el trabajo, los ingresos laborales, las transferencias públicas, la política salarial y la estabilidad de precios actuaron en conjunto para elevar la capacidad de compra de los sectores históricamente rezagados.

La gestión del Gobierno Petro y la centralidad del trabajo

Los resultados consolidan uno de los principales argumentos sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro: la pobreza se reduce cuando el Estado orienta su acción hacia el ingreso de los hogares, la dignificación del trabajo y la redistribución progresiva de oportunidades. En el acumulado de su gestión, las cifras reportadas indican 3,8 millones de personas menos en pobreza monetaria y 1,9 millones menos en pobreza extrema, junto con una reducción significativa de la concentración del ingreso.

Este avance no puede interpretarse como una simple transferencia de recursos de unos sectores a otros. Por el contrario, la evidencia disponible muestra que la mayor contribución a la caída de la pobreza provino de la producción, el empleo y el trabajo de la población. El Estado aportó cerca del 40 % de la reducción, mientras el sector privado contribuyó aproximadamente con el 60 %, lo que demuestra que la política social y la actividad económica no son fuerzas opuestas, sino dimensiones complementarias de una estrategia de desarrollo incluyente.

En términos políticos, este resultado fortalece la tesis de que un Estado activo puede corregir desigualdades sin paralizar la economía ni sacrificar el ingreso de los demás sectores.

El crecimiento de los ingresos de los hogares de mayores necesidades, estimado en 12,8 %, coexistió con mejoras en otros grupos sociales. La reducción de la pobreza, por tanto, no surgió de una lógica de suma cero, sino de una articulación entre política pública, empleo, salario, demanda interna y dinamismo productivo.

Dignidad, movilidad social y cohesión nacional

Desde una perspectiva sociológica, salir de la pobreza monetaria implica mucho más que superar un umbral estadístico. Significa que millones de hogares pueden tomar decisiones con menor angustia material: mejorar su alimentación, sostener gastos educativos, acceder a transporte, cumplir obligaciones básicas y proyectar un futuro menos condicionado por la supervivencia diaria.

Cuando los ingresos de los hogares más pobres crecen por encima del promedio, se fortalece la cohesión social porque disminuye la distancia percibida entre ciudadanía e instituciones.

La reducción de la pobreza contribuye a reconstruir confianza pública, ampliar expectativas de movilidad social y disminuir tensiones asociadas a la exclusión. En un país como Colombia marcado por desigualdades territoriales, conflictividad social y brechas históricas entre campo y ciudad, estos avances tienen un valor democrático profundo.

Sin embargo, el resultado también evidencia los desafíos pendientes. La pobreza rural continúa siendo superior a la urbana y los territorios más apartados siguen enfrentando barreras estructurales en empleo formal, infraestructura, educación, salud, conectividad y acceso a mercados. Por eso, la reducción nacional debe leerse como una oportunidad para profundizar la acción pública en los lugares donde la pobreza persiste con mayor intensidad.

La caída de la pobreza al 28 % tiene una implicación política directa: demuestra que la orientación social del Estado puede producir resultados medibles cuando se combina con crecimiento de ingresos, protección social, fortalecimiento laboral y coordinación con el sector productivo.

En el último año del Gobierno Petro, la reducción acumulada desde el 36,6 % recibido en 2022 consolida una trayectoria de cuatro años consecutivos de avance social.

Estos resultados plantean una disyuntiva nacional: avanzar en la consolidación de lo logrado o retroceder hacia modelos de corte neoliberal que no pusieron en el centro la distribución del ingreso, el trabajo digno y la reducción de desigualdades. El reto de sacar de la pobreza a los 14,4 millones de personas que aún permanecen en esa condición exige continuidad, no improvisación; profundización, no abandono; y una visión de país que entienda la justicia social como condición para la estabilidad económica y democrática.

Avanzar y consolidar lo logrado

La reducción de la pobreza monetaria al 28 % constituye uno de los avances sociales más importantes de la historia reciente de Colombia. No solo expresa una mejora estadística, sino una transformación concreta en la vida de millones de personas.

La gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro deja como balance una reducción sostenida de la pobreza, una disminución de la pobreza extrema, una mejora en la distribución del ingreso y una demostración política de que el trabajo, la acción estatal y la iniciativa privada pueden articularse para producir bienestar.

Colombia debe avanzar y consolidar lo logrado. El país aún tiene el desafío de sacar de la pobreza a 14,4 millones de personas, pero los resultados recientes muestran que el rumbo adoptado ha sido correcto. No se trata de detenerse, sino de profundizar las políticas que han permitido que más hogares vivan con dignidad, que el crecimiento llegue primero a quienes más lo necesitan y que la democracia se fortalezca mediante justicia social. No se puede retroceder.

Por ello, el imperativo es que un plan de gobierno como el que plantea el candidato de la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, profundice el rumbo abierto por la gestión del presidente Petro.

La opción política que representa Cepeda garantiza que no solo se continue el rumbo sino consolide lo alcanzado y profundice las reformas sociales para seguir construyendo equidad, justicia social y democracia.