Por Octavio Quintero
Una cosa es cierta: hay un déficit de ahorro pensional (régimen público) que se acumula año tras año y que en algún momento tendría que reventar, si no se corrige. Asofondos estima ese déficit en 30 billones de pesos para el presente año.
El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, ciertamente puede tener, o tiene, su interés en fortalecer el régimen privado de pensiones (él es neoliberal); pero aun así, sus observaciones sobre el régimen público son válidas: en Colombia por cada pensionado hay 6 trabajadores activos, pero de estos seis trabajadores, solo dos cotizan al sistema de pensiones del régimen público: en sentido práctico, cada dos trabajadores activos sostienen un pensionado, así de sencillo.
Dicha ecuación contiene dos bombas sociales: 1), la que nos ocupa: la plata que entra por cotizaciones no alcanza a compensar la plata que tiene que salir para el pago de pensionados con cargo al régimen público, es decir, Colpensiones; y, 2), de cada seis trabajadores colombianos, cuatro son informales, y si no cotizan, quiere decir que tampoco ellos contarán para su vejez, con una pensión.
Es entonces, perentorio, que el gobierno esté mirando una reforma pensional que, si fuera estructural –como dicen—no solo se limitaría a tocar la edad de las personas y las semanas de cotización necesarias, que es lo que siempre hacen, así como las tantas arandelas que se les ha colgado a la gente “de pata al suelo” sino, por ejemplo, el ingreso y patrimonio de los servidores públicos y los trabajadores privados.
Y voy a decir cualquier tontería, en aras de la discusión: ¿Qué tanta necesidad de pensión tiene una persona que gana mensualmente más de 10 millones de pesos, frente a otra que apenas gana un millón? Y, sin embargo, vemos que tienen el mismo tratamiento en cuanto edad, semanas de cotización y arandelas de las que hablamos. Una reforma podría elevar más la edad de los que más ganan en beneficio de reducir o mantener la edad de los que menos ganan, y no sería violatoria del derecho a la igualad por el principio de equidad que establece el trato desigual a desiguales.
Otra reflexión sobre el sistema de régimen público parte del monto de subsidio que el Estado tiene que poner para cada pensionado en el medida es que, por ser considerado un derecho general, pues, obviamente, mientras más alta sea la pensión más tendrá que poner el Estado.
Cursa en el Congreso en último debate un proyecto de ley que reduce del 12 al 4 por ciento el aporte obligatorio al fondo de salud de todos los pensionados, según lo tramitó la comisión y plenaria de la Cámara, donde se originó. Al llegar al Senado, la comisión respectiva lo segmentó estableciendo que la reducción solo cobijara a los pensionados de menos de cuatro salarios mínimo, como 2,5 millones mensuales.
¿Por qué los acuciosos senadores que introdujeron al proyecto la nueva fórmula no proponen, por ejemplo, que se eliminen algunos beneficios, como los subsidios para los mayores ingresos, con lo que pudiera elevarse el beneficio de la reducción del 12 al 4 por ciento para los pensionados de menos de 10 salarios mínimo, unos 6 millones de pesos? Y así sucesivamente, conformar una reforma pensional que consulte no solo lo económico sino lo social; y, por supuesto, seguir luchando por formalizar el empleo en Colombia que sería a través de una nueva reforma laboral, también encuadrada en lo económico y lo social.
Nada es difícil, si se tiene la voluntad política de hacerlo. Pero todo resulta difícil cuando desde el régimen solo se trata de proteger a los más privilegiados.
Fin de folio.- Es imposible hacerle entender algo a alguien cuando alguien le está pagando para que entienda lo contrario.
