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El salario mínimo vital y móvil que fue decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para 2026 no solo constituye una herramienta de justicia social, sino también un mecanismo para equilibrar las fuerzas del mercado, evitando que la codicia empresarial prevalezca sobre los derechos humanos y laborales. Su existencia refuerza el Estado Social de Derecho, promoviendo la cohesión y el desarrollo sostenible.

La anterior fue una de las conclusiones de la jornada “Diálogos programáticos”, organizada por la campaña presidencial de la candidata y senadora Clara López Obregón y que tuvo lugar el pasado miércoles 25 de febrero en la que se desarrolló el tema “Salario vital: el inicio de un Estado que cuida” a cargo del doctor en Economía Jorge Cañón y la abogada laboralista Mery Laura Perdomo.

La apertura de esta jornada de reflexión estuvo a cargo de la senadora López Obregón, quien se refirió a la importancia de quién toma en la sociedad las decisiones de la redistribución de la riqueza, señalando que en el caso colombiano hace más de tres décadas el modelo neoliberal impuesto por el denominado “Consenso de Washington” y los organismos multilaterales el FMI y el Banco Mundial se superpuso a la puesta en marcha del Estado Social de Derecho que prescribe la Constitución de 1991.

En este contexto, el salario vital emerge como un instrumento de soberanía democrática y de ruptura con la lógica del Estado mínimo. La experiencia reciente demuestra que cuando las políticas públicas generan beneficios tangibles para la mayoría social, incluso los gremios empresariales y los sectores de oposición de derecha terminan reconociendo su impacto positivo.

La candidata López Obregón destacó que el poder económico buscó presentar a la ortodoxia neoliberal como si fuera una “técnica, neutral y aséptica”, señalando al salario laboral como si fuera un costo y buscando por tanto reformas de flexibilización para perjudicar los intereses del trabajador.

La intervención de la dirigente política ubicó el debate en su núcleo esencial: la disputa por el poder de decidir cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. Desde esta perspectiva, el salario mínimo vital no es solo una política pública, sino un acto político de ruptura frente al modelo neoliberal impuesto en Colombia desde finales del siglo XX.

El señalamiento de que el Consenso de Washington se superpuso al mandato constitucional de 1991 es clave. Mientras la Constitución define a Colombia como un Estado Social de Derecho, el modelo económico dominante ha operado como si el país fuera un Estado mínimo, subordinado a los intereses del mercado y de los organismos financieros internacionales.

En ese sentido explicó la candidata López Obregón, el salario mínimo vital es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, ya que garantiza a los trabajadores un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad. Este principio está consagrado en muchas constituciones y tratados internacionales, y representa el compromiso estatal de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En contraste, el modelo neoliberal tiende a priorizar la eficiencia económica, la reducción de regulaciones y la maximización de la rentabilidad empresarial. Esto lleva a la precarización laboral, la disminución de derechos y la concentración de riqueza en manos de unos pocos, afectando negativamente la equidad social y el bienestar general.

En este contexto, la senadora López Obregón destacó que el salario vital aparece como un instrumento de soberanía democrática: es el Estado, y no el mercado, quien asume la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de vida digna.

De ahí, agregó que la reacción de los gremios empresariales —que pasaron de la crítica al respaldo tras la suspensión provisional del decreto salarial por parte del Consejo de Estado— confirma que el debate no es técnico, sino político: cuando la mayoría social percibe beneficios concretos, el discurso del miedo pierde eficacia electoral.

Asimismo, la jornada puso en evidencia la asimetría de poder comunicacional. El gran empresariado cuenta con medios para imponer su narrativa, mientras que los trabajadores —con bajos niveles de sindicalización— carecen de canales equivalentes.

Dimensión económica: el salario como motor social y no como “costo”

Uno de los aportes centrales de la jornada fue la desmitificación del discurso económico neoliberal que reduce el salario a una variable de costo dentro del proceso productivo. Tal como lo expuso el doctor en Economía Jorge Cañón, esta mirada —propia de la escuela neoclásica— ignora deliberadamente que el salario cumple una función social y macroeconómica esencial: garantizar la reproducción material de la fuerza de trabajo y dinamizar la demanda interna.

Cañón explicó que el incremento del salario mínimo para 2026 tiene que analizarse desde tres puntos de vista: económico, político y mediático.

Desde el punto de vista político, el economista se preguntó quién defiende a los trabajadores en el caso colombiano ante la presión que ejercen el gran capital, el empresariado y los gremios que defienden sus intereses.

Dio a entender que los trabajadores en Colombia están desprotegidos habida cuenta que el gran empresariado cuenta con sus medios de comunicación para propalar su narrativa en detrimento de la clase trabajadora colombiana, cuyos niveles de sindicalización son muy bajos.

El incremento del salario mínimo para 2026 debe entenderse no como un gesto voluntarista ni como una concesión, sino como una decisión política desde la economía real. La evidencia empírica demuestra que los aumentos salariales dirigidos a los sectores de menores ingresos no generan inflación estructural, ya que estos recursos se destinan principalmente al consumo básico. Por el contrario, fortalecen el mercado interno, estabilizan la economía y reducen desigualdades.

Cañón precisó que la insistencia neoliberal en matematizar la economía opera más como una estrategia de falacia ideológica que como un análisis científico riguroso, pues oculta que el problema estructural no es el salario, sino la concentración de la riqueza y la apropiación del excedente por parte del gran capital.

Dimensión jurídica y constitucional: el salario vital como derecho fundamental

Desde el enfoque jurídico, la abogada laboralista Mery Laura Perdomo cuestionó la suspensión del decreto del salario mínimo vital por parte del Consejo de Estado, señalando que responde a una interpretación formalista que desconoce el contenido material del Estado Social de Derecho.

El salario vital y móvil encuentra sustento en el artículo 53 de la Constitución Política, en los principios de dignidad humana y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El derecho laboral, por su naturaleza protectora, no puede reducirse a esquemas procedimentales desligados de la realidad social.

La abogada Perdomo expresó que era una deuda histórica que el Gobierno de un mandatario progresista como Petro ha buscado saldar con los trabajadores colombianos.

Recordó que en Colombia se dio el caso en que el Gobierno de Iván Duque decretó un incremento salarial por debajo de la inflación con lo que el trabajador perdió poder adquisitivo y tras la demanda que interpusieron las centrales obreras el Consejo de Estado falló después de 14 meses, cuando ya tal decisión no tenía ninguna consecuencia jurídica.

Finalmente, la jurista señaló que el salario tiene que ser vital en el sentido de que cubra los gastos prioritarios de un trabajador para que tenga una vida digna, y móvil porque debe cambiar según las circunstancias socioeconómicas del país.

En esta jornada de “Diálogos programáticos” los panelistas coincidieron en señalar que el salario vital no es una medida aislada, sino un pilar de un renovado contrato social. Representa la transición hacia un Estado que cuida, que pone la vida y la dignidad humana en el centro de la política económica.

En definitiva, defender el salario mínimo vital es, en esencia, defender la democracia y el modelo de bienestar social consagrado en la Constitución de 1991.

No se trata solo de cuánto gana un trabajador, sino de qué modelo de sociedad se construye: uno donde el mercado gobierna a las personas, o uno donde la economía está al servicio de la vida.