INFORME FINAL INTERNACIONAL PROGRESISTA /
Un detallado reporte sobre las graves inconsistencias y una serie de irregularidades en el proceso electoral ecuatoriano que dio como ganador en la segunda vuelta realizada el 13 de abril de 2025 al presidente-candidato Daniel Noboa Azín, presentó la Misión de Observación de la Internacional Progresista.
El documento divulgado esta martes 13 de mayo detalla la participación de la Misión de Observación Electoral de la Internacional Progresista en la jornada comicial en este país suramericano. La misión estuvo compuesta por la senadora colombiana Clara López Obregón y la diputada francesa Alma Dufour, quienes realizaron actividades de supervisión en la ciudad de Quito. Durante su labor, se reunieron con diversos actores institucionales y políticos, así como visitaron varios recintos electorales.
El informe destaca varias preocupaciones, entre ellas, la declaración de estado de excepción por parte del presidente-candidato Noboa Azín en varias provincias justo antes de las elecciones; la fuerte presencia militar en los recintos electorales, y la falta de transparencia en el proceso de escrutinio.
También se mencionan denuncias de presunto fraude electoral, incluyendo el uso de papeletas falsas y esferográficos de tinta acuosa. Además, expresa su preocupación por la intimidación a dirigentes de la oposición y la inhabilitación de la vicepresidenta constitucional, Verónica Abad, sin un debido proceso.
El documento concluye que ninguna de las impugnaciones presentadas por la oposición fue considerada por la autoridad electoral, y se sugiere la necesidad de un validador internacional imparcial transparentar el resultado del proceso electoral.
Observaciones relevantes
La Misión de Observación Electoral de la Internacional Progresista registra en su informe varios eventos y situaciones que enturbiaron el proceso comicial como la declaratoria del estado de excepción a escasas horas de abrirse las urnas; la intimidación oficial a dirigentes y colaboradores de la campaña de la oposición; y posibles violaciones de la Constitución y la ley por parte de las autoridades ecuatorianas que afectaron la transparencia y el equilibrio debido del proceso electoral.
Una primera inconsistencia en cuanto a la falta de respeto a las normas de imparcialidad fue que el Presidente-candidato no solicitó la debida licencia a la Asamblea Nacional para retirarse del cargo con el fin de realizar su actividad proselitista, sino que siguió en uso de sus funciones utilizando recursos públicos.
De esta manera, Noboa Azín, saltándose la normativa constitucional y legal impidió la asunción de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien, a su discreción y en un acto claramente violatorio, destituyó e inhabilitó sin que mediara proceso judicial alguno.
También usó recursos públicos con fines electorales. Desde enero de 2025, Noboa anunció catorce nuevos beneficios, entre becas, bonos, pagos e incentivos para varios sectores de la población, que costarán al Estado más de USD 560 millones, según titular de primera página del principal diario ecuatoriano, El Universo, del 26 de marzo de 2025, dos semanas antes de la elección. El titular reza: “Noboa ofrece desembolsar $560 millones en bonos en los próximos diez días”.
Adicionalmente, el mandatario cooptó a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), otorgándoles a familiares y allegados suyos nombramientos, contratos y prebendas, afectando seriamente de esta manera su independencia y consecuentemente la neutralidad del organismo.
Hubo también irregularidades en el proceso de la transferencia del voto. En su informe preliminar, en la página 34, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que, en algunos casos, la tinta se transfirió entre casilleros por el diseño simétrico de las papeletas cuando las mismas eran dobladas antes del depósito del voto en las urnas.
Si bien en comunicados posteriores han minimizado este hecho, dicha misión no ha tomado en cuenta la información relevante de los esferográficos y las papeletas con el químico que se supone a ellas incorporado, el metabisulfito sódico.
Otro fenómeno que registra el informe de la Internacional Progresista es “la matemática de las juntas con reducción de votación”. Es decir, en cada recinto electoral de manera sistemática se presentó reducción de la votación. Si el comportamiento electoral hubiera sido auténtico, no podía ser sistemático: habría recintos electorales con juntas sin reducción y otras juntas con reducción. “Esto es indicación de que la logística y distribución de papeletas y esferográficos denunciadas como presuntamente fraudulentos fueron realizadas por recinto”.
Conclusiones
La Misión de Observación Electoral de la Internacional Progresista colige que la fuerte polarización que se respira en la etapa poselectoral no debe conducir a una persecución política de la oposición, la cual ya se percibe por el incidente sufrido por el excandidato a la Vicepresidencia, Diego Borja y su señora esposa por parte de las autoridades migratorias. En especial, la lista de alerta migratoria contra personas vinculadas a la Revolución Ciudadana que se publicitó por las redes sociales debe ser retirada, pues no es compatible con las libertades democráticas.
En su informe preliminar la Misión Electoral planteó que: “Las impugnaciones que presente la oposición sobre irregularidades detectadas en las votaciones deben ser analizadas desapasionadamente por el Tribunal Contencioso Electoral, el cual debe dictaminar sobre su procedencia o no procedencia, con base en el material probatorio correspondiente como ordena la ley. No es conveniente para la democracia que la candidata de la oposición y demás personas o entidades que tengan cuestionamientos sobre la pureza del sufragio sean censuradas por exigir total claridad sobre los resultados electorales”.
Como conclusión principal el informe suscrito por la senadora colombiana Clara López Obregón y la diputada francesa Alma Dufour señala que ninguna de las objeciones, quejas o impugnaciones solicitadas por la oposición ha sido considerada por la autoridad electoral. No se aceptó abrir una sola urna para verificar o descartar las irregularidades e impugnaciones de la oposición.
El CNE todavía puede entregar, para su análisis forense, el material electoral cuestionado, manteniendo trazabilidad de la custodia.
“De accederse a un proceso de verificación sería prudente contar con un validador internacional imparcial del mismo”, concluye el reporte de la Internacional Progresista.
Descarga del Informe
Para acceder al Informe en archivo PDF, ingresar al siguiente enlace:
